El juicio por el 'caso Intelhorce' concluye tras dos años de sesiones
Después de más de dos años de sesiones, el juicio por el caso Intelhorce quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Málaga. El tribunal deberá ahora establecer en su resolución responsabilidades penales, si las hubiera, por supuestas irregularidades en la privatización de la textil malagueña.
El juicio, donde se investigan las presuntas irregularidades en la privatización y gestión de la textil malagueña Intelhorce, quedó ayer visto para sentencia después de que su primera sesión se celebrara el 28 de octubre de 1998 en la Audiencia Provincial de Málaga.
Recusaciones de los miembros de la sala, jubilación del presidente del tribunal, embarazos de una abogada y la fiscal, así como los fallecimientos del secretario y de un imputado son algunas de las incidencias ocurridas en esta vista oral, que pasará a la historia judicial como uno de los juicios más largos.
La jubilación del presidente del tribunal, Miguel García López, obligó a su repetición. Para entonces se habían presentado todas las cuestiones previas. Algunas acusaciones se retiraron y se declararon prescritos parte de los delitos.
El juicio, en el que ya habían prestado declaración varios imputados, quedó anulado después de que el Consejo General del Poder Judicial no concediera la prórroga laboral a Miguel García López. Varias partes, entre ellas el propio magistrado, recurrieron a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la decisión del consejo, aunque todavía no se ha resuelto, según informa Efe.
El nuevo tribunal, compuesto por Federico Morales, presidente de la sala y ponente, Andrés Rodero y Joaquín Delgado Baena, repitieron el juicio a partir del 10 de enero de 2000, y los procesados que ya habían declarado tuvieron que hacerlo de nuevo.
200 declaraciones
La instrucción de este procedimiento, con más de 200.000 folios, también fue bastante inusual ya que se prolongó durante dos años y medio, y declararon ante el juez más de 200 personas, entre ellas dos ex ministros socialistas, Pedro Solbes y Carlos Solchaga, dos ex consejeros de la Junta de Andalucía y dirigentes sindicales.
Por todo ello, casi todos los que están personados en el caso reconocen que "todavía no hemos acabado, se han producido muchos problemas procesales y podría acabar en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que podría decretar dentro de unos años la nulidad de la vista oral, por lo que tendría que repetirse de nuevo".
La vista oral se ha celebrado en 10 bloques de hechos, que describió la fiscalía malagueña en su escrito de calificación provisional, y en cada uno de ellos han declarado indistintamente los 18 acusados e innumerables testigos. Los principales acusados son Giovanni Orefici, empresario italiano que compró la textil en 1989, su hijo Paolo Orefici y el ex presidente de la empresa estatal Improasa José Miguel Moreno García.
El pasado 18 de diciembre la fiscalía de Málaga elevó a definitivas sus conclusiones y acusó a 16 implicados. El fiscal pide 33 años de cárcel para Giovanni Orefici. Y para José Miguel Moreno, 14 años de prisión y 18 de inhabilitación.
También solicita para el ex director de Patrimonio del Estado, Luis Alcalce, ocho años de inhabilitación, la misma pena que pide para el ex subdirector general de Empresas y Participación del Estado, Miguel Ángel Herrera. En sus conclusiones provisionales la fiscalía de Málaga solicitaba 243 años de cárcel para un total de 31 implicados.
Las diligencias de este caso comenzaron en noviembre de 1994 tras una querella de UGT contra Giovanni Orefici, su hijo Paolo, el ex administrador único de la empresa José Manuel Muñiz, y el ex subdirector general de Patrimonio del Estado, Miguel Ángel Herrera Chamorro. Los delitos que se han investigado en esta causa son los de prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, estafa y quiebra fraudulenta.
El 3 de marzo de 1997 comenzó a funcionar la empresa mixta Hilados y Tejidos Malagueños, SA (Hitemasa), que adquirió los activos de la antigua Intelhorce y está participada en un 51% por antiguos trabajadores, en un 47% por la Junta de Andalucía y en un 2% por el Ayuntamiento de Málaga.