Qué va a preocupar a las pymes en 2024
La dificultad de acceder a créditos bancarios y los costes financieros seguirán siendo sus grandes problemas. La cuantía del salario mínimo y la morosidad son también motivo de inquietud
Las pequeñas y medianas empresas, prácticamente todo el tejido productivo español, encaran el año recién comenzado con esperanzas y también con preocupaciones. Entre las primeras se pueden anotar la previsible bajada paulatina, o cuando menos la moderación, de la inflación y de los tipos de interés y la formación de un nuevo Gobierno, la cual ha acabado con la incertidumbre política. Entre los temores, se encuentran problemas no resueltos en 2023 y otros nuevos.
La preocupación más acuciante para las pymes sigue siendo el acceso a la financiación y sus costes. “Los créditos bancarios continúan siendo caros y su concesión rigurosa porque las entidades muestran y seguirán mostrando cautela”, asegura Francisco Vidal, director de economía y políticas sociales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). “La subida de los costes financieros es la principal dificultad para las empresas y esto está produciendo un alto nivel de endeudamiento (elevado para un 24% de las empresas)”, sostiene el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo. “Las pymes necesitan más financiación bancaria que las grandes empresas. Ahí está, además, la posibilidad de que en 2024 el Banco Central Europeo actúe con cierto retraso a la hora de bajar los tipos de interés, con lo que la consecuencia es un encarecimiento en términos reales de la financiación que se necesita. Para las pequeñas y medianas empresas es muy problemático, porque sus precios de venta no van a crecer tanto”, precisa Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
El 24% de las compañías tiene un endeudamiento elevado, según datos del IEE
En definitiva, un quebradero de cabeza heredado del año anterior que lleva a una espiral, en algunos casos, de deuda. “Yo ahora mismo estoy pidiendo créditos para pagar los ya pedidos hace meses y así voy tirando no sé hasta cuándo”, declara José María Díaz Torrell, empresario que vende productos informáticos en Galicia, y que cuenta con un empleado.
Un aspecto que debe mejorar sin demora este año es el de la inversión. Según Izquierdo, esta se sitúa todavía “muy por debajo de los niveles previos a la pandemia”. Y otro nubarrón que debe superarse es el debilitamiento de las exportaciones, que han sido un motor económico muy valioso hasta mediados de 2023 y a las que se dedican casi 190.000 empresas, según datos de 2022 del Instituto de Comercio Exterior (Icex), en su mayor parte pymes. “Una expectativa en 2024 será si se van a recuperar los mercados europeos a los que exportamos, que desde mediados del año pasado se han debilitado”, subraya Torres. Este analista aclara que las pymes que venden al exterior han compensado la atonía exportadora con el aumento del consumo nacional, “pero en estos meses no creemos que la demanda interna vaya a tener el mismo dinamismo que hasta ahora”.
La inversión empresarial está todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia
Izquierdo apunta que “las empresas están percibiendo un descenso de su facturación y se ha observado una pausa en el proceso de desinflación, tanto en los costes de producción como en los precios de venta. La actividad se ha visto afectada por el repunte de los costes energéticos y por los problemas, cada vez mayores, de disponibilidad de mano de obra, cualificada o no”.
Para el director de coyuntura de Funcas y para el IEE, sobre el horizonte planea otra preocupación: que los conflictos en Oriente Medio y en el mar Rojo provoquen problemas en la cadena de suministros y de materias primas. Los retrasos en las llegadas afectan, sobre todo, a aquellas pymes que surten a empresas más grandes, pero también a negocios que importan artículos de Oriente donde los compran más baratos que en España. Así le ocurre a Victoria Granados, propietaria junto a su hermana de varias tiendas de ropa en Madrid, que se surten en parte de mercancía asiática. “De momento, no he tenido problemas de abastecimiento, pero mi hermana y yo nos pasamos el día pendientes de las noticias”, se lamenta.
Un asunto que también tiene en vilo a no pocas pymes con trabajadores a su cargo desde que empezó el año es saber cuánto va a subir el salario mínimo interprofesional (SMI), incremento actualmente en negociación. Desde hace cinco años, ha aumentado un 47% (un 30,7% ajustado a la inflación) y en estos momentos está sobre la mesa una subida del 4% sobre los 1.080 euros en vigor. Cepyme cuantifica en un 75% la elevación de media del coste salarial para las pequeñas y medianas sociedades.
Para Vidal, un problema típico de las pymes que continuará, y con intensidad, en 2024 es el de la morosidad. “El periodo medio de pago aumentó hasta los 82 días en el tercer trimestre de 2023 después de cuatro descensos consecutivos. Son 22 días más del límite legal, que es de 60 días”. Los impagos son una gran preocupación. Torres matiza que “lo que está pasando es que hay retrasos en los pagos, si bien la morosidad hacia los bancos no es tanta porque se ha reducido la demanda de crédito, al ser estos más caros y difíciles de conseguir”.
Normativa fiscal
La formación de un nuevo Gobierno ha aliviado en parte al tejido empresarial del país, ya que pone fin a un periodo de inactividad y de incertidumbres. El director de coyuntura de Funcas señala que “el alivio se está empañando” porque hay un elemento muy importante sin solucionar: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. “La existencia de cuentas públicas es vital porque en ellas se fijan directrices económicas, ayudas y subvenciones, plazos y, sobre todo, novedades fiscales. A cualquier empresario le interesa saber cuanto antes cuál va a ser la normativa tributaria”. O si se prorroga la del año anterior.
Se espera la aprobación de los Presupuestos del Estado para saber a qué atenerse
El director de economía de Cepyme es de la misma opinión. “Me preocupan mucho las sorpresas y, especialmente, en fiscalidad verde”, manifiesta. Y agrega que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar aparece la posibilidad de aprobar nuevas figuras que promuevan “la mejora de la salud” de los ciudadanos.
Vidal recuerda que, en materia medioambiental, las pymes “están viviendo un goteo continuo de regulaciones tanto de la Unión Europea como nacionales. En algunos casos son cambios pequeños, pero concurren con otros”.
Un ejemplo para este economista es el reglamento europeo sobre emisiones de vehículos de transporte de pasajeros y mercancías. Esta norma fija la responsabilidad del productor en el ámbito medioambiental. Vidal indica que ya se está hablando, a propósito de este asunto, de un tratamiento cuaternario de emisiones y contaminación, “cuando todavía no se ha acabado de implantar el tratamiento terciario. El cuaternario se refiere a la microcontaminación y los microplásticos, entre otros elementos. Se trata de hacer unas inversiones enormes en tratamiento de aguas residuales y, además, muchas empresas no tienen la tecnología adecuada para afrontarlo”. La afectación a la pyme de ejemplos como este se produce, sobre todo, en las que sirven a las grandes compañías y forman parte de la cadena de valor como suministradoras de bienes y servicios.
Hay temor a que el acuerdo con Sumar suponga más tributos de carácter medioambiental
Por el momento, ya se conocen algunas novedades fiscales, como la rebaja del 10% al 5% de la reducción del rendimiento neto de estimación objetiva del IRPF, popularmente conocida como régimen de módulos, por el que tributan unos 400.000 autónomos en España.
Cotizaciones
Igualmente, se sabe que desde el pasado 1 de enero se han incrementado las cotizaciones sociales. En virtud de la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al factor de sostenibilidad aprobado en 2013, y con el objetivo de sostener el sistema público de pensiones, las bases de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes han crecido del 0,5% al 0,58% en las cuotas del empresario y del 0,1% al 0,12% en las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena.
Y en Cepyme subrayan que el Consejo de Ministros del pasado 19 de diciembre aprobó un “impuesto complementario” para aquellas empresas o grupos de empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año con el fin de que las que no llegan a pagar el 15% del impuesto de sociedades lleguen a este tipo mínimo aplicado sobre su resultado contable.
La aplicación de este nuevo tributo “recae en las empresas tractoras de las pymes y restan competitividad e inversión a toda la cadena de valor”, recalca Francisco Vidal.
Las nuevas obligaciones
Denuncias. El pasado 1 de diciembre finalizó el plazo para que más de 25.000 pymes, todas las que cuentan con más de 50 empleados, pongan en marcha un buzón de denuncias interno a disposición de los trabajadores. Estos podrán utilizarlo para denunciar “cualquier materia que afecte al ámbito laboral”. La norma obliga a la instalación de un software para gestionar el canal de denuncias. Se trata del Sistema Interno de Información (SII) establecido en la Ley 2/2023. Las infracciones contempladas en dicha ley van desde los 1.000 euros hasta los 300.000 en el caso de personas físicas y hasta un millón de euros en el caso de personas jurídicas.
Software contra el fraude. El Gobierno aprobó el pasado 5 de diciembre el Reglamento de la Ley Antifraude, por el que se establecen los requisitos para adoptar los sistemas y programas informáticos para la facturación de profesionales y empresarios. En realidad, se trata de suprimir el llamado software de doble uso por el cual se podía utilizar una doble contabilidad y rebajar así la factura fiscal correspondiente. A partir de ahora, los programas de facturación deben cumplir con los requerimientos técnicos y las certificaciones de la Agencia Tributaria para lograr identificar bien los datos y la trazabilidad de los mismos. El periodo transitorio para adoptar estos sistemas informáticos se extiende hasta el 1 de julio de 2025.
Factura electrónica. La Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, estableció la obligatoriedad de expedir factura electrónica cuando el destinatario de la operación sea empresario o profesional. Según informa la Agencia Tributaria, los plazos son los siguientes: de un año desde la aprobación del reglamento que regula la factura electrónica para los empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a 8.000.000 de euros, y de dos años desde la aprobación del reglamento que regula la factura electrónica para los empresarios y profesionales con volumen de operaciones inferior a 8.000.000 de euros. El reglamento aún no está en vigor.
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