¿Repunte de precios y golpe al PIB o control del déficit? Pros y contras de retirar las ayudas anticrisis
Eliminar el escudo anticrisis aumentaría la inflación entre un punto y punto y medio en 2024. El Gobierno ingresaría más de 6.000 millones de euros, según el nuevo Plan Presupuestario
Todo apunta a que ha llegado la hora de eliminar las medidas anticrisis o al menos replantearlas por completo. El Gobierno en funciones sufre el dilema de qué hacer con un paquete de ayudas fiscales y directas cuyo coste conjunto supera los 6.000 millones de euros – una cantidad equivalente al 0,3% del PIB– y que tiene por fecha de caducidad el próximo 31 de diciembre. Por un lado, retirar el escudo anticrisis se alinearía con las exigencias del Banco Central Europeo (BCE), cuya mayor preocupación es evitar que un gasto público excesivo limite la eficacia de la subida de tipos. Sin embargo, el fin de los estímulos plantea dos retos en el corto plazo: un rebote del IPC y más dificultades para esas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes.
“Eliminar las ayudas llega en un mal momento psicológico porque el petróleo está repuntando, hay mucha incertidumbre con la guerra en Gaza y es posible que siga habiendo un efecto base. A este escenario habrá que sumar el repunte de la inflación de entre un punto y punto y medio que traerá consigo el fin de las medidas, lo que hará pensar que la inflación está subiendo otra vez de forma descontrolada”, explica Manuel Alejandro Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide.
En efecto, el conflicto de Oriente Medio ha disparado los precios del crudo y el gas natural. El temor de posibles problemas de suministro como los experimentados con la guerra en Ucrania ha llevado a diversos analistas a especular con la posibilidad de que el crudo superará otra vez los 100 dólares. En las últimas proyecciones, el BCE apuntaba que la inflación no alcanzaría el 2% hasta 2025 aun tomando como base un petróleo en los 82,7 dólares para este año y en los 77,9 dólares en 2025. Es decir, lejos de los 90 dólares que ha llegado a superar en las últimas jornadas. En paralelo, España ha encadenado tres repuntes consecutivos en el IPC que le empuja a cerrar cerca del 4% en lo que queda de año y buena parte de 2024.
A pesar de estas complicaciones, el Banco de España es partidario de no prorrogar más las ayudas a fin de destinar el dinero a reducir déficit, y “en caso de que fuera necesario implantarlas de nuevo, las medidas deben ser mucho más focalizadas de lo que han sido los últimos meses, apoyando a los hogares y empresas, pero generando efectos sobre el déficit público menores”, según ha dicho esta semana el gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos. Su preocupación casa con Bruselas, que lleva meses insistiendo en nuevas reglas fiscales, y con las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y Funcas, que ven imposible rebajar el déficit público a un máximo del 3% del PIB y conservar los estímulos.
Los datos recogidos en el Plan Presupuestario de 2024 –publicado el lunes– son claros. El fin de las rebajas fiscales a la energía y a los alimentos engordaría los ingresos tributarios en 4.895 millones de euros en el conjunto del próximo año. A ello habría que sumar el impacto presupuestario de las bonificaciones al transporte, que asciende a unos 1.400 millones de euros. Son cifras clave si España quiere cumplir con la prometida reducción del déficit, pero Hacienda no descarta que en el futuro se puedan adoptar o prorrogar las medidas a fin de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario.
Desde Funcas ven como un error que el Gobierno contemple la prórroga. “Lo correcto sería retirarlas; no hacerlo es engañarse a uno mismo porque la inflación igualmente subirá y lo que Hacienda pierda en recaudación deberá recuperarlo por otras vías”, detalla María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, añade que los precios ya han alcanzado un punto de control, por lo que también considera precipitado alargar las ayudas en 2024. “Solo si el IPC tuviera un gran repunte por problemas con los costes energéticos cabría la posibilidad de retomarlas”, asegura. Ambos analistas creen que en caso de mantener algún incentivo, el Gobierno debería discriminar por rentas a fin de acotar la dimensión y los beneficiarios.
Por contra, los principales sindicatos y algunos partidos políticos insisten en que se deben mantener las medidas anticrisis. “Yo creo que la situación de la recaudación en nuestro país, la reducción del déficit y de la ayuda pública permiten mantener el oxígeno financiero del Estado a las familias que peor lo están pasando con la inflación. Por tanto, emplazaríamos a no retirar precipitadamente esos estímulos”, manifestó esta semana el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, a raíz de la publicación del Plan Presupuestario. Por su parte, Yolanda Díaz, líder de Sumar, llegó a decir en septiembre que su partido no aceptará “recortes” que produzcan “dolor” a la ciudadanía y hagan “retroceder” al país. Un argumento que preocupa a las patronales y think tanks porque muestra una disfunción entre la recaudación a corto plazo y el incremento de gastos de naturaleza estructural –como las pensiones–, lo que añade presión al deterioro del déficit estructural español.
El coste de cada medida en 2023
IVA alimentación. La rebaja al 0% para los productos básicos y al 5% en aceites y pasta supuso un impacto presupuestario de 1,450 millones.
IVA gas. La rebaja del 5% representó una pérdida de 307 millones.
IVA electricidad. La rebaja al 5% tuvo un impacto en los presupuestos de 514 millones.
Impuesto especial a la electricidad. La rebaja tipo al 0,5% tuvo un valor diferencial de 1,705 millones de euros.
Impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica. La exoneración de pago de retribuciones por electricidad supuso una merma en de 3,399 millones.
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