El Gobierno ingresará 5.000 millones extra si retira las ayudas fiscales a energía y alimentos
El Plan Presupuestario remitido a Bruselas recoge el impacto en las cuentas del fin de las medidas anticrisis, aunque abre la puerta a prorrogar parte del escudo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España han venido avisando en los últimos meses sobre la necesidad de poner fin en 2024 al paquete de rebajas fiscales diseñado por el Gobierno para aliviar a empresas y hogares ante la crisis inflacionista. De lo contrario, advierten, será difícil cumplir con los objetivos fiscales que pretenden rebajar el déficit público a un máximo del 3% del PIB. El Gobierno, en el Plan Presupuestario remitido ayer a la Comisión Europea, parece coger el guante de estos organismos y presupuesta el impacto que tendría en las cuentas el fin de todas estas medidas. En concreto, según especifica, una retirada de las principales rebajas fiscales sobre la energía y los alimentos supondría una recaudación adicional de casi 5.000 millones de euros en 2024.
El Gobierno en funciones tenía el domingo como fecha tope para enviar el documento a Bruselas. Como de costumbre, tras apurar los plazos, lo publicó a primera hora de ayer. En el texto, los ministerios de Hacienda y Economía recuerdan que la situación de gobernar en funciones limita la capacidad normativa e impide diseñar unos Presupuestos, por lo que no se sabe todavía qué sucederá con las medidas anticrisis que caducan el 31 de diciembre. Por ello, ante esta situación, el Ejecutivo ha tenido que cuantificar el impacto que traería consigo el fin de este escudo.
Las cifras recogidas en el Plan Presupuestario son claras. El fin de las rebajas fiscales a la energía y a los alimentos engordaría los ingresos tributarios en 4.895 millones de euros en el conjunto del año, una cantidad equivalente al 0,3% del PIB y clave en la senda de reducción del déficit prometida.
El grueso de esta cifra se explicaría por un eventual fin de la rebaja del IVA al 0% para los alimentos básicos y al 5% para pastas y aceites, que sumaría 1.350 millones a la recaudación. A continuación estarían el final de las rebajas en el impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica (que aportaría 1.100 millones), el fin del impuesto especial a la electricidad (1.032 millones), el de la reducción del IVA a la electricidad (1.016 millones) y el del IVA a gas, madera y pallets (397 millones).
Este conglomerado de cifras aparece en el mismo documento en el que el Gobierno en funciones se compromete ante Bruselas a reducir el déficit público al 3% en 2024 para así cumplir con las reglas fiscales europeas que volverán a estar en vigor a partir de entonces. Es decir, cualquier posible prórroga de estas medidas –o de una parte de ellas– tendría que ser compensada con una subida equivalente de los ingresos o con una reducción en otras partidas de gasto.
Por el momento, desde Hacienda y Economía no aclaran qué harán en caso de revalidar Gobierno. El plan se ha realizado en base a un escenario fiscal inercial, es decir, en ausencia de cambios o nuevas medidas. Sin embargo, recalca Hacienda, “esto no presupone que en el futuro no puedan adoptar o prorrogar las medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año”. Es algo que también confirmó ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés: “No se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas que expiran a finales de este año. El Gobierno adoptará las medidas que corresponda, en línea con lo que se ha venido haciendo, analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía”. La puerta, por lo tanto, permanece abierta.
El plan, a su vez, mantiene por ahora la continuidad de otras medidas como las bonificaciones al transporte público, cuya aprobación vino de la mano de las cuentas públicas de 2023 y no de decretos leyes, como sí pasó con las rebajas fiscales. El Gobierno, de revalidarse, prevé que las cuentas de 2023 se prorroguen ante la imposibilidad de tener Presupuestos el 1 de enero, por lo que el documento enviado a Bruselas incluye el impacto presupuestario de estas bonificaciones al transporte, que asciende a unos 1.400 millones de euros.
El documento, a su vez, pone de relieve el peso que han tenido en los ingresos públicos una serie de medidas adoptadas en los últimos años y meses. En el IRPF, por ejemplo, destaca el aumento de la reducción por los rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros anuales, una rebaja por la que se dejaron de ingresar 1.565 millones en 2023 y cuyo impacto en 2024 será de 1.880 millones.
En Sociedades, por su parte, destaca la limitación a la compensación de pérdidas en los grandes grupos, que aumentarán los ingresos en 840 millones en 2023 y en 1.450 millones en 2024. Los plásticos de un solo uso, por ejemplo, sumarán 630 millones y 688 millones en estos dos años, respectivamente, con el nuevo impuesto. El gravamen a banca y energéticas, a su vez, suma 2.900 millones cada año, y el de las grandes fortunas, 619 y 640 millones.
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