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El sector de la defensa brilla en la guerra con sueldos un 85% superiores a la media española

La industria se caracteriza por los contratos indefinidos y la escasa rotación de personal, según los sindicatos

Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera, en Valencia.
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera, en Valencia.Biel Aliño (EFE)

La guerra de Ucrania ha reavivado la industria de defensa española. Hace solo dos meses, el país selló una nueva alianza con Francia y Alemania para la construcción del futuro avión de combate europeo (FCAS/NGWS), el cual previsiblemente estará listo para 2040. Este y otros proyectos ahora en marcha son el último empujón que necesitaba el sector, que hasta la crisis del Covid-19 registraba un crecimiento porcentual de la facturación anual superior al del Producto Interior Bruto, según el último informe de KPMG sobre el impacto económico y social de la industria.

La importancia del sector en el panorama nacional explica en buena parte el reciente enfado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que la Alianza Atlántica excluyera de su última reunión con representantes de la industria militar a las empresas españolas. El Gobierno estima que las inversiones de este año crearán 22.667 empleos de forma directa o indirecta, que se suman a los más de 202.000 puestos de trabajo que ya existían, según los últimos datos actualizados. Estos contemplan tanto a las empresas pertenecientes a TEDAE, la mayor patronal de la Industrial, como a las que están fuera de este registro.

Más allá del impulso al empleo que supone, el sector defensa es uno de los que mejor paga. Tanto TEDAE como KPMG aseguran que en 2021, el salario promedio fue un 85% superior al de la media española, que se situó en los 25.896 euros anuales, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que en promedio ganan 47.907 euros al año. La diferencia se debe, según los analistas, a la alta cualificación que tienen los perfiles contratados. En concreto, la mayor proporción de personal con título superior se encuentra en el subsector aeronáutico, seguido por el naval. Estas áreas también son las que registran la mayor productividad y lideran ampliamente las cifras de ventas, al acumular en conjunto el 74,5% de la facturación.

El salario no es el único factor diferencial. De acuerdo con Juan Antonio Vázquez, secretario de política industrial de UGT FICA (Federación de industria, construcción y Agro), es una industria que se caracteriza por los contratos indefinidos (incluso antes de la reforma laboral) y la prácticamente nula rotación de personal. Según el sindicato, los empleados tienen una media de antigüedad de entre 25 y 30 años. La permanencia en los puestos de trabajo está muy ligada a la producción que, por lo general, son sistemas desarrollados en largos periodos de tiempo y con fabricaciones de series cortas.

En 2021, que es el último dato actualizado con el que cuenta el Ministerio de Defensa, la productividad media del sector fue de 105.738 euros por empleado, que resulta de la división del balance entre ventas y compras con la plantilla. No obstante, la cifra varía entre los 164.083 euros por empleado del subsector naval y los -56.493 euros por entre quienes trabajan en materias primas.

Retos de producción en armamento

Como consecuencia de la guerra en Ucrania, el Ministerio de Defensa espera que la industria española crezca en los próximos años y recupere la tendencia creciente que perdió en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria. Las previsiones de los analistas apuntan a que se supere la facturación prepandemia, que fue de más de 14.000 millones de euros, máximo histórico.

En cualquier caso, para que esto ocurra es necesario que el país aumente su capacidad productiva de armamento. El propio ministerio reconoce que el país cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales, pero carece de productos propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o satélites. Desde UGT precisan que esto se debe a que el Gobierno teme enfrentarse a la crítica social. No obstante, pese a que el país no fabrica productos armamentísticos, sí los posee, por lo que, según Vázquez, lo deseable sería que se fabricaran aquí.

Tanto el Ministerio como UGT coinciden en que más allá de la producción local, la industria debe aprovechar el aumento en el presupuesto de defensa y el escenario internacional para posicionarse en Europa y fortalecer sus capacidades industriales y tecnológicas. Este apartado es especialmente importante, pues hasta ahora España sigue siendo dependiente de los grandes programas de armamento, del que se benefician casi en su totalidad los gigantes empresariales y algunos subcontratistas. De hecho, el 1,5% de las empresas aglutinan el 75% de todo el mercado. A día de hoy hay en el país más de 500 compañías inscritas.

Las elecciones dejan en el aire varios proyectos

Los nuevos proyectos de Defensa todavía no son aprobados por el Consejo de Ministros, lo que deja en el aire la ejecución de 18.600 millones de euros. En concreto, se trata de 13 nuevos programas de armamento que se incluyeron en el presupuesto de este año. Entre los más atrasados está la modernización de los misiles Patriot, que implica la renovación del sistema de defensa contra los misiles balísticos por un coste de más de 1.400 millones. También queda pendiente la sustitución de los cazas F-18, que tienen que retirarse del mercado antes de 2040. Su renovación implica un gasto de unos 11.000 millones de euros. En cualquier caso, el Gobierno ha apurado el gasto en Defensa en el último mes, tras haber aprobado la ampliación del límite de gasto para destinar 1.730 millones entre dos programas, denominados MPA y Vigma.

Por otra parte, en mayo de este año la Audiencia Nacional le dio la razón al Ministerio de Defensa respecto a una pugna que mantenía con Indra, Santa Bárbara y Sapa por los incumplimientos de contrato. La multa asciende a casi 12 millones de euros y se debe al retraso en la entrega de vehículos de combate, en concreto, al blindado 8x8 Dragón. Las empresas han recurrido al Tribunal Supremo alegando que no eran responsables de los retrasos. El caso se remonta a 2018, cuando se autorizó un gasto de 2.100 millones de euros entre 2020 y 2025 para la entrega de una primera fase de casi 350 vehículos. El contrato se firmó en 2020 tras una serie de retrasos.

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Sobre la firma

Denisse López
Es redactora de la sección de Economía de EL PAÍS y CINCO DÍAS. Escribe habitualmente de macroeconomía y coyuntura. Se incorporó a esta casa en 2022, después de haber trabajado en distintos medios digitales en México. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Máster de Periodismo UAM-El País.

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