Elecciones del 28M: un termómetro político y económico de cara a los comicios de invierno
Los pactos de gobernabilidad de las regiones encierran una lucha entre dos modelos económicos
Cuando Alberto Núñez Feijóo se sentó en la séptima planta de Génova en el mismo sillón que ocupase Pablo Casado hasta muy poco antes, la estrategia política del principal partido de la oposición cambió radicalmente. Excepto en una cosa: la economía. Curiosamente, en el argumentario del nuevo PP se aprovechó punto por punto la hoja de ruta planteada por el anterior equipo y que condenaba a España a una nueva crisis a partir de otoño. Y, desde luego, para cuando se celebrasen estas elecciones no había duda ninguna de que esa crisis sería absoluta.
Hoy, sin embargo, España no solo ha sorteado la recesión técnica, sino que sigue creciendo a niveles relativamente elevados. La tasa de paro no se ha disparado, la inflación va cediendo poco a poco y las cuentas públicas se reequilibran al calor de la paulatina reducción de déficit. En el lado negativo se encuentran los problemas de acceso a la vivienda y un poder adquisitivo de los hogares que se ha visto mermado por el fin del ahorro y por el aumento del coste de la vida. Son estos puntos, con el permiso de las recientes polémicas en torno a las listas de Bildu y la compra de votos, los que han marcado buena parte del debate electoral con vistas a este 28 de mayo.
Más de 35,5 millones de españoles están llamados este domingo a las urnas en una jornada clave para elegir la formación de sus gobiernos locales y, en el caso de 12 comunidades autónomas, también el de sus ejecutivos regionales. La relevancia añadida de estos comicios se explica por una serie de factores extra: es la primera gran prueba electoral a nivel nacional del líder popular; la primera cita a la que Unidas Podemos llega en crisis interna tras la formación de Sumar; un termómetro evidente a la gestión de Pedro Sánchez en Moncloa y la última gran convocatoria antes de las elecciones generales, que se celebrarán previsiblemente en unos seis meses. Las cartas están sobre la mesa y de los resultados que salgan este domingo dependerán las estrategias y propuestas para la recta final del año, así como la gobernabilidad económica y política del país hasta entonces.
A todos estos factores se les añade la expectación por ver cómo se desenvuelven los partidos vascos y catalanes en las elecciones municipales, un buen termómetro de cara a fin de año; qué sucede con Ciudadanos, en caída libre desde hace meses; qué fuerza consigue capitalizar Vox; y qué tirón siguen teniendo algunos de los partidos de la conocida como España vaciada.
Son 12 las comunidades autónomas que eligen Ejecutivo: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y La Rioja, además de las dos ciudades autónomas. De todas ellas, el PSOE controla por ahora nueve y apoya al PRC en Cantabria. El PP, por su parte, gobierna en Madrid y Murcia. Más allá del preámbulo de las elecciones generales, la tónica general que dibuja la jornada es que la próxima legislatura necesitará del pacto entre diferentes partidos en prácticamente todas las regiones. Las únicas excepciones serían Castilla-La Mancha, donde el PSOE podría volver a gobernar en solitario, y Madrid, a la espera de si se consolida la previsible mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso.
A partir de aquí, los ojos están puestos principalmente en la Comunidad Valenciana, en la que la llave de la gobernabilidad la decidirá un puñado de votos y la aritmética poselectoral, y en Aragón y Baleares, donde los posibles pactos parten también de posiciones muy ajustadas. En el plano municipal todos miran a los respectivos sudokus de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, las cuatro localidades más codiciadas.
Los resultados municipales y sobre todo autonómicos marcarán el rumbo de la política económica de los próximos meses y servirán para tomar el pulso a las últimas novedades y cambios sobre esta materia. Si el PP se hace con plazas como la Comunidad Valenciana –la cuarta economía de España–, Baleares o Aragón complicará seriamente la puesta en marcha de la recién aprobada ley de vivienda, uno de los activos electorales del Gobierno de coalición que se ha hecho esperar varios años. La norma, de indudable trasfondo político y una de las bazas del eje izquierda, permite a los gobiernos regionales activar los mecanismos para limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. Si las regiones con los arrendamientos más caros se visten de color azul –exceptuando Cataluña– la ley y su medida estrella caerían prácticamente en saco roto, suponiendo un duro revés en clave nacional para los socialistas, Unidas Podemos y Sumar.
En el relato electoral y económico también ha tenido gran protagonismo la política fiscal, en primera línea del frente a raíz de la escalada de la inflación y de la crisis energética. Los resultados de este domingo también servirán para tomar la temperatura a una propuesta de bajada general de impuestos, encabezada por Núñez Feijóo, pero sobre todo por Díaz Ayuso, y a otra de fortalecimiento de los ingresos públicos, liderada por las formaciones del eje izquierda. En los últimos meses, las regiones gobernadas por el PP –especialmente Madrid– han sacado pecho de las deflactaciones autonómicas en el IRPF para aliviar a los ciudadanos ante la subida de los precios y de otras bajadas impositivas en figuras como Sucesiones y Donaciones. También han dado la batalla contra el impuesto temporal diseñado por Pedro Sánchez para gravar a las grandes fortunas del país y contrarrestar, precisamente, las bonificaciones autonómicas del PP.
Al otro lado, el Gobierno central, encabezado por el PSOE, ha insistido en la necesidad de blindar los ingresos públicos para poder desplegar con ellos políticas de gasto social encaminadas a proteger a las capas más vulnerables de ciudadanía y empresas, tales como las rebajas del IVA a los alimentos básicos y a la energía, los descuentos en el transporte público o los créditos ICO. Las izquierdas también insisten en que los ingresos tributarios sirven para financiar servicios como la educación, la sanidad o la dependencia, cuya gestión recae en las comunidades autónomas. Los resultados que salgan de esta jornada servirán también de enmienda o apoyo a todos estos planteamientos.
Los respectivos gobiernos que resulten de los comicios de este domingo también deberán dedicar horas de su agenda a la política fiscal y a los balances presupuestarios regionales. El año 2024, sobre todo tras los avisos que llegan recientemente desde Bruselas, está llamado a ser el ejercicio en el que tengan que reequilibrarse las finanzas públicas. Por ahora, según las últimas proyecciones de la Airef, cuatro comunidades (Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia) cerrarán 2023 con un déficit por encima del 0,3% de su PIB, superior a lo acordado con Hacienda para el conjunto de las regiones. Aragón, Extremadura, Cantabria, La Rioja y Madrid podrían alcanzar déficits por debajo o en torno a la referencia, mientras que el resto de regiones lograrían superávits. Cuestión distinta es la de los ayuntamientos, las administraciones más saneadas.
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