La batalla fiscal que dirime el 28-M: menos impuestos o más progresividad

La derecha propone reducir la carga en el IRPF, el ISD y patrimonio y la izquierda insiste en la necesidad de afianzar los ingresos públicos

Belén Trincado Aznar

El aumento generalizado de los precios y el consecuente encarecimiento del coste de la vida han situado a la fiscalidad en el epicentro de la campaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos que se celebran este domingo. Las formaciones que presentan su candidatura ofrecen un abanico diverso de medidas que sitúan las políticas que permiten nutrir los servicios públicos en dos esferas bien diferenciadas. A grandes rasgos, el eje de la derecha –encabezado por el PP– propone una rebaja generalizada en tributos como el IRPF, sucesiones y donaciones y patrimonio, mientras que el de la izquierda –que lidera el PSOE– apuesta por aumentar la progresividad del sistema y por afianzar los ingresos públicos para financiar medidas destinadas a la protección social.

El mismo esquema antagónico es el que replican formaciones como Vox, por un lado, y Unidas Podemos, Compromís o Más Madrid, por otro. El partido de extrema derecha se compromete a “rebajar drásticamente las tasas e impuestos, directos e indirectos”, así como a “suprimir” la fiscalidad verde y “acabar con todos los impuestos que atentan contra la solidaridad entre padres e hijos, como el impuesto de sucesiones y donaciones”.

Unidas Podemos, por su parte, sostiene que es necesario aumentar la progresividad, eliminar las deducciones y bonificaciones “para las rentas altas” en sucesiones y donaciones y acabar con cualquier tipo de descuento en patrimonio. También proponen gravar la especulación inmobiliaria, fomentar los impuestos sobre el juego y una tasa Amazon, entre otros. Otras formaciones, como Ciudadanos, dedican mucho menos espacio al tema. En su programa marco, la formación naranja tan solo sugiere reducir la carga tributaria, sin especificar cómo hacerlo.

El gran caballo de batalla en la campaña, utilizado también para sembrar el terreno de cara a las elecciones generales, es el impuesto sobre la renta, en el que las comunidades tienen margen de maniobra por contar con un tramo autonómico.

El PP, en su programa marco para el conjunto del país, saca pecho de que sus regiones “han sido las primeras en aplicar la deflactación del IRPF”, es decir, adecuarlo a la escalada de la inflación. “Y lo seguiremos haciendo tan pronto como exista la posibilidad legal, pensando sobre todo en las rentas medias y bajas”, añaden. En el documento, los populares critican que en 2022 los ingresos fiscales hayan aumentado hasta cifras insólitas, algo que comparte Vox: “Mientras los españoles baten récords en miseria, el Gobierno bate récords en recaudación”.

En su programa, el PSOE contraataca y carga contra unas “respuestas desacertadas y, lo que es peor aún, desaconsejadas por la teoría económica, según la cual las bajadas de impuestos no hacen sino agravar el problema que atravesamos, especialmente cuando se orientan a impuestos sobre la renta”. Los socialistas detallan en su programa, de hecho, varias de las medidas impulsadas por el Gobierno central gracias a estos ingresos extra, como la bajada del IVA de electricidad y gas, las ayudas al transporte, el bono social eléctrico, la bonificación de carburantes o ayudas a la vivienda y el alquiler, entre otras.

Los últimos datos del REAF del Consejo General de Economistas (ver gráfico) corroboran que las deflactaciones y rebajas de los tipos autonómicos han llevado a que, de forma general, el IRPF más bajo esté en las regiones que gobierna el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Ahora bien, las fórmulas utilizadas en autonomías como Madrid han permitido que todos los tramos de renta se beneficien por igual de las deflactaciones, haciendo de la región central un auténtico paraíso fiscal para los contribuyentes más ricos.

En el lado opuesto se encontraría la Generalitat Valenciana, del PSOE, en donde las rebajas en el impuesto han beneficiado únicamente a las rentas bajas y medias, penalizando en paralelo a las más acaudaladas.

La formación liderada por Pedro Sánchez, dentro de la bolsa de impuestos en los que las comunidades autónomas tienen competencias, aboga por promover una armonización con la idea de que “empresas y ciudadanía con unas mismas circunstancias y capacidad económica deben tener un trato fiscal similar, independientemente del lugar en el que vivan o actúen”. Por ello, añade, es necesario lograr un equilibrio óptimo para que la fiscalidad “no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas”.

En este debate, el PP vuelve a insistir en “reducir la carga tributaria, siempre dentro de un marco de estabilidad presupuestaria y de cuentas públicas sostenibles, con especial atención a los efectos que los incrementos de precios han producido en el poder adquisitivo de los más vulnerables y las clases medias, así como en la competitividad de nuestras empresas”.

En la fiscalidad sobre la riqueza, de nuevo, el bloque de la derecha aboga por la supresión del impuesto sobre el patrimonio, mientras que los partidos de izquierda prometen acabar con las bonificaciones impulsadas por el PP en varias autonomías. Estas decisiones llevaron al Gobierno central de Sánchez a poner en marcha el impuesto temporal sobre las grandes fortunas, una figura de la que el PSOE saca pecho en su programa.

Impuestos locales

La tónica es relativamente similar en el plano municipal. En el impuesto sobre bienes inmuebles, la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, el PP promete que “proseguiremos” con la reducción “de forma progresiva”, añadiéndole bonificaciones para viviendas con puntos de carga para coches eléctricos. En el impuesto de actividades económicas, la senda de la derecha también pasa por disminuir el coeficiente de situación y establecer bonificaciones para las empresas que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial. Algo similar ocurre con las propuestas en torno al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Al otro lado, Unidas Podemos sugiere rediseñar el IBI en función de la renta, estableciendo una escala creciente según el valor del inmueble y bonificaciones según circunstancias económicas. La formación morada también propone una tasa turística con recargo municipal. Más Madrid, por su parte, sugiere un impuesto a las grandes superficies comerciales y tributos finalistas medioambientales, algo que también proponen desde el PSOE.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días