Ryanair avisa a Consumo de que subirá los billetes si no se retira la multa de 179 millones por las maletas en cabina
La Comisión Europea inicia un procedimiento frente a España para dirimir si se ha aplicado correctamente el Derecho comunitario
El hecho de tener encendido a medio Gobierno español no ha hecho que Ryanair se retire de la agria discusión, primero con Aena por las tarifas aeroportuarias, y ahora con el Ministerio de Consumo que lidera Pablo Bustinduy debido a la histórica sanción que viene del pasado mes de noviembre. Eso sí, el consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, ha pasado del “loco comunista”, con el que calificó ayer al ministro español en una rueda de prensa celebrada en Bruselas, a la fórmula algo más suave de “populista” o “ministro ridículo”, al referirse en una nota de prensa al miembro de Sumar.
La aerolínea líder por tráfico de viajeros en los aeropuertos españoles dice responder a las afirmaciones “falsas” de Pablo Bustinduy, quien se defendió ayer asegurando que vela por los derechos de los consumidores al aplicar una multa de 179 millones a cuatro compañías aéreas de bajo coste por sus prácticas comerciales. Entre otras, se penaliza la del cobro por subir el equipaje a la cabina de viajeros de los aviones.
Ryanair tilda de “ilegal” y “absurda” la sanción, tras ser la mayor damnificada con 107,8 millones de euros. Y advierte que, de no revocarse, motivarán una subida en el precio de los vuelos para millones de consumidores. O’Leary ha recordado que “el primer deber de este ministro es respetar la legislación de la UE. La normativa europea garantiza a todas las aerolíneas de la UE la libertad de establecer precios y políticas sin interferencias de ministros populistas como Bustinduy”.
La reacción del ministro no se ha hecho esperar. “Por mucho que insulten, este ministro ridículo no va a dejar de defender a los consumidores españoles ante quien haga falta”, ha escrito en su perfil de la red social Bsky. Desde su departamento se subraya que “los billetes se han encarecido en los últimos años, cuando las aerolíneas ya cobraban suplementos por las prácticas que han sido sancionadas. El precio medio mensual de los billetes de avión en España era de 122 euros el 1 de julio de 2021, siendo de 200 euros en 2023. Es decir, en solo dos años el precio se incrementó un 64%”. En este sentido, Consumo cree que la resolución de noviembre “supone un beneficio para los consumidores porque sanciona una tarificación abusiva. Los datos demuestran, además, que esta práctica no ha servido para abaratar los precios”.
Tercia en esta polémica la Unión Europea, que ha iniciado un procedimiento EU Pilot frente a España por las citadas multas. Se trata de un mecanismo de diálogo entre la Comisión y los Estados miembros, al que se recurre de forma preventiva para la aclaración de situaciones de hecho y de derecho, o para la solución de problemas en la aplicación administrativa del Derecho de la UE. Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se aplaude la decisión de la CE y se recalca que el expediente del Ministerio de Consumo contra algunas aerolíneas infringe la legislación de la UE al conculcar la libertad de mercado y de las aerolíneas para fijar sus tarifas como reconoce el Reglamento 1008/2008. La versión de ALA es que se limita la capacidad de elección de los consumidores y se genera un agravio comparativo respecto al resto de la UE donde no se ha vetado la citada práctica de cobro de equipaje en cabina.
En Consumo dicen estar encantados de poder explicar “con todo tipo de detalle” ante la Comisión Europea las sanciones impuestas.
El fenómeno ‘low cost’
Michael O’Leary ha añadido esta tarde entre sus argumentos que las compañías de bajo coste “han transformado los viajes aéreos y el turismo en España al reducir drásticamente las tarifas para los consumidores y sus familias”. Una revolución que, a su juicio, solo es posible “implementando políticas que cambien el comportamiento de los pasajeros, fomentando que viajen con menos equipaje facturado, menos equipaje de mano y permitiendo que aquellos pasajeros que deseen pagar por su asiento preferido lo hagan, mientras seguimos permitiendo que quienes no tengan preferencia de asiento eviten cualquier tarifa adicional”.
Pero el ministerio de Consumo sostiene que hasta noviembre de 2018 “todas las aerolíneas asumían que el equipaje de mano debía ser gratuito y ninguna cobraba por este concepto. Ryanair fue la primera en hacerlo para incrementar sus beneficios. Revertir esta práctica no ataca un modelo de negocio que ya ofrecía beneficios antes de que se adoptara”.
El mensaje directo de O’Leary a Bustinduy finaliza con la seguridad de que “la legislación de la Unión Europea prevalece sobre las sanciones ilegales impuestas por este ministro equivocado y los consumidores españoles podrán seguir disfrutando de las tarifas más bajas de Europa, gracias a Ryanair y otras aerolíneas, sin verse afectados por los juegos políticos de Pablo Bustinduy”. El resto de aerolíneas sancionadas son Vueling, Volotea y Easyjet.
Michael O’Leary dice que es práctica habitual entre los “ministros minoritarios de izquierda” pensar que “pueden multar a empresas sin darse cuenta de que estos costes terminan recayendo en los consumidores”. A renglón seguido, el ejecutivo insta al ministerio de Consumo a tomar medidas contra las agencias de viaje online (OTAs), “que están cobrando de más a consumidores desprevenidos, o contra los proveedores de control de tráfico aéreo (ATC) que provocan numerosos retrasos evitables en los vuelos por toda Europa cada verano”.
Desde Ryanair se habla en nombre de los viajeros y se asegura que los 60 millones que toman vuelos hacia y desde España “aceptan gustosamente nuestras políticas de equipaje y asignación de asientos, que son muy claras, a cambio de nuestras tarifas ultrabajas”. Y remata el argumento afirmando que “lo último que quieren los pasajeros de Ryanair es que el señor Bustinduy interfiera o aumente nuestras tarifas bajas para hacer populismo con multas ilegales por equipaje que claramente infringen las leyes de la UE”.
Esta nueva ofensiva desde la cúpula de la mayor aerolínea europea, que tiene en España su segundo mercado tras el italiano, se produce después de que esta mañana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamara a la empresa que cumpla la legalidad vigente. Díaz observa que su estrategia comercial incurre en “abusos manifiestos, precios baratos de vuelos y luego pagar más por la maleta que por el viaje”, ha dicho en una entrevista concedida a Antena 3.
Otro miembro del Gobierno, como es el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha pedido este jueves a Ryanair, durante un desayuno informativo de Europa Press, que “no se equivoque con quien tiene delante” y que apueste por diversificar conexiones en toda la red “amplia y de calidad” de Aena. La irlandesa tiene anunciado un recorte de 800.000 plazas este verano en siete aeropuertos regionales, incluida la marcha de Jerez y Valladolid. Este recorte y las críticas a la política de incentivos de Aena, para animar el tráfico en aeropuertos de menos de tres millones de viajeros al año, han hecho que el ministro de Transportes, Óscar Puente, recuerde a Ryanair que “la política de transportes y de infraestructuras de nuestro país la define exclusivamente el Gobierno de España y está al servicio del interés general y no del interés particular de empresas concretas; y esta no puede estar sometida a presiones ni imposiciones de ninguna línea aérea”.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy destaca esta tarde que “entre 2019 y 2023, Ryanair ha aumentado sus beneficios netos en 429 millones de euros, hasta los 1.314 millones de euros. De esta forma, han aumentado su margen de beneficio sobre ventas en un 6% durante estos años”. También trata de desmontar el argumento de que la sanción de 179 millones vulnera la legislación europea: “Está basada en la sentencia del TJUE”, recuerda un portavoz del ministerio.
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