Las autonomías recaudan 5.000 millones menos y afloran las fallas del sistema de financiación

Las comunidades aportan al fondo común en base a una recaudación normativa que no siempre se cumple

Belén Trincado Aznar

El sistema de financiación autonómico de España cumple en cierta manera con los principios del aforismo marxista de que de cada cual según sus capacidades y a cada cual según su necesidad. Esto sucede porque el modelo, en esencia, se basa en la asignación de recursos económicos a cada territorio en función de criterios de población, nivel de renta, inversión en servicios públicos o dispersión demográfica. Además del Estado, las propias regiones contribuyen nutriendo al fondo común que después reparte el dinero en función de las realidades de cada territorio. Y lo hacen con sus propios recursos, principalmente los obtenidos vía impuestos.

El problema, explica Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), es que muchas regiones no cumplen con la recaudación normativa que tienen asignada, es decir, los ingresos tributarios que deberían obtener según marca la teoría del sistema.

El agujero fiscal conjunto se eleva hasta los 5.000 millones de euros cada año, una falla que provoca graves distorsiones en las cuentas públicas regionales. Las grandes damnificadas son las autonomías que bajan impuestos, ya que el sistema no relaja las exigencias si los ingresos no llegan a lo estipulado.

Basándose en una serie de criterios técnicos, el modelo de financiación establece una recaudación normativa para cada comunidad autónoma. Es decir, la cantidad de dinero concreta que la región debe ingresar en sus arcas gracias a tributos cedidos y tasas propias como el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto de sucesiones y donaciones, los tributos sobre el juego o la parte autonómica del IRPF. “Es una cifra teórica construida en base a ciertos parámetros que se va actualizando cada año”, apunta el docente.

De esta cantidad, las regiones deben aportar al fondo común el 75% para que el sistema redistribuya posteriormente los recursos. ¿Qué sucede? Que si la recaudación real obtenida finalmente no se corresponde con la fijada por el modelo, las regiones se enfrentan a un esfuerzo fiscal adicional. Es decir, “el sistema no tiene en cuenta si una autonomía ha llegado o no a la cifra prevista. Siempre tendrá que aportar al fondo el 75% de la recaudación normativa”, prosigue Martínez López.

Los últimos datos de ejecución presupuestaria, relativos al año 2020, muestran los desajustes provocados por el modelo y por las bajadas de impuestos. Madrid, por ejemplo, ilustra la magnitud de los desvíos en tributos como el IRPF o el ITP y AJD.

Según marca la teoría, la comunidad central debería ingresar por el impuesto sobre la renta algo más de 12.000 millones de euros y nutrir al fondo común con el 75% de esa cantidad. Sin embargo, la recaudación real de esta figura se queda casi 640 millones de euros por debajo. La diferencia de ingresos en Madrid entre la recaudación teórica y práctica es casi idéntica (629 millones menos) en el caso del ITP y ADJ. Por su parte, en Sucesiones y Donaciones la que más distorsiones presenta es Andalucía, con una brecha de 112 millones de euros. “Por esa razón bajar impuestos tiene un doble coste. Por un lado, la región sufre una pérdida de recaudación obvia. Por el otro, tiene que aportar al fondo de garantía lo mismo que si no estuviese bajando impuestos”, añade el profesor.

Al lado contrario se encuentra Cataluña, que ingresa más de lo que la normativa le exige tanto en IRPF como en ITP y AJD y en Sucesiones y Donaciones.

Las recaudaciones normativas que fija el sistema de financiación autonómico, reconoce Martínez López, están totalmente desfasadas y precisan de una actualización urgente. Un caso llamativo, por ejemplo, es el relativo a los impuestos sobre el juego, cuyas cuantías normativas no tienen en cuenta la actividad online porque se fijaron cuando el sector estaba copado por los bingos, casinos y tómbolas. “Las bases teóricas sobre estos tributos se fijaron hace muchos años y el modelo [que data de 2009] no se ha adaptado a los cambios vividos durante todo este tiempo”. Dicho esto, añade el docente e investigador, el sistema “necesita que haya recaudaciones normativas”.

Estas fórmulas, prosigue, son imprescindibles para evitar la competencia fiscal, “ya que no sería justo que una comunidad que decidiese bajar impuestos tuviese que aportar menos al fondo de garantía”. El modelo, sintetiza Martínez López, fija unos límites mínimos y penaliza a las regiones que apuestan por reducir la fiscalidad.

Lo deseable, puntualiza, es que se rediseñen las cuantías teóricas y que se adapten a la realidad de cada región en base a datos actualizados como el número de compraventas de vivienda medio de cada autonomía al año, así como el porcentaje de personas que fallece cada ejercicio, dos fenómenos que influyen en la recaudación de varios de estos impuestos.

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