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Hasta 14 comunidades recaudan por Patrimonio mientras cobran 1.400 millones por una grieta legal

Madrid, que bonifica al 100% el gravamen, obtiene otros 600 millones al año

Patrimonio
Infografía: Belén Trincado

El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que afecta a las 15 comunidades de régimen común de España esconde en su diseño varias anomalías. Una de las más llamativas es la que provoca que todas las regiones (salvo País Vasco y Navarra) obtengan a día de hoy en sus arcas una antigua compensación económica anual, ideada para reparar sus cuentas públicas cuando el impuesto sobre el patrimonio fue eliminado, en el año 2008. La gran distorsión es que esta contraprestación, que en conjunto supera los 2.000 millones de euros cada ejercicio, sigue existiendo pese a que el gravamen sobre la riqueza se recuperó tres años después, ya en 2012. Es decir, desde hace 10 años las regiones obtienen ingresos por partida doble.

Tomando como referencia los datos de 2020 (último año liquidado), 14 comunidades autónomas recibieron esta compensación pese a seguir recaudando por el impuesto, algo que les permitió obtener casi el doble de ingresos. Por su parte, Madrid, la única que en ese ejercicio bonificaba al 100% el gravamen, cobró su parte correspondiente. “Es un gran desbarajuste dentro del sistema de financiación y de impuestos descentralizados”, explica Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El impuesto sobre el patrimonio es un gravamen de naturaleza estatal cuya gestión y recaudación están cedidas a las comunidades autónomas, que tienen margen total para poder bonificarlo. En 2008 fue suprimido por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y fue en ese momento cuando se ideó un sistema para compensar a las autonomías por ese agujero en los ingresos.

El problema, prosigue Martínez López, es que ese sistema de contraprestaciones siguió vigente cuando el impuesto fue recuperado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y todavía hoy perdura.

El año 2020, último ejercicio con los datos cerrados, deja una aproximación de los efectos de esta distorsión. La comunidad con más ingresos, sumando compensación y recaudación, fue Cataluña, que obtuvo unos 550 millones de euros en cada una de las dos partidas, hasta los 1.101 millones. A continuación se situó Madrid, que recibió 660 millones únicamente en concepto de contraprestación. “Es el caso de una región que puede permitirse el lujo de bonificar el impuesto porque por el otro lado tiene unos ingresos asegurados”. El resto de regiones ya se quedaron en cifras mucho menores, por debajo de los 400 millones de euros entre las dos fuentes de ingresos.

Este sistema de indemnizaciones, apunta Martínez López, se calcula mediante el indicador de ingresos tributarios del Estado (ITE), un índice complejo que evoluciona año tras año y que, en el caso de la compensación por Patrimonio, se aplica sobre la recaudación efectiva que obtuvieron las regiones en el ejercicio 2007, el anterior a la puesta en marcha de este método.

Es decir, el indicador toma como base una foto fija de la España de 2007, sin que se hayan actualizado las bases imponibles que había. Por eso Madrid, que ya entonces contaba con los mayores ingresos derivados de Patrimonio, tiene asegurada la compensación más cuantiosa del sistema. Teniendo en cuenta esta situación, añade Martínez López, que los gobiernos regionales tomen decisiones en impuestos como el de patrimonio es algo “distorsionado”.

Cabe recordar que en 2023 Andalucía se ha unido a Madrid en el grupo de regiones que bonifican al 100% el gravamen. Galicia, por su parte, lo hace al 50%. La decisión de la Junta andaluza, de hecho, es la que desató la guerra fiscal entre el Gobierno central y las autonomías del PP, una batalla que culminó con la puesta en marcha del nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, ideado por Hacienda para neutralizar los descuentos aplicados por el PP a los grandes patrimonios.

Cómo funciona el ITE

El ITE es un indicador que se utiliza en diferentes palancas dentro del SFA, por ejemplo, ilustra Martínez López, para regular la aportación del Estado al fondo de garantía de servicios fundamentales. Su cálculo es bastante complejo.

Según detalla Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica e investigador y director ejecutivo de Fedea, es un agregado que se define como la parte de los ingresos tributarios por IRPF, IVA e impuestos especiales que corresponde al Estado tras descontar la participación de las comunidades autónomas calculada con un criterio de caja. Es decir, se llega a él restando de los ingresos totales de estas figuras tributarias la parte correspondiente de las autonomías de régimen común. Para el año 2020, el indicador se sitúa en 1,04.

Es importante señalar que esta última cifra no se calcula utilizando los rendimientos definitivos de los tramos autonómicos de estos impuestos, sino con la suma de las entregas a cuenta del año en curso más las liquidaciones practicadas y pagadas en el mismo, que generalmente corresponden a los dos años previos. El ITE, por lo tanto, varía ejercicio tras ejercicio, por lo que la compensación que reciben las regiones por la antigua eliminación de Patrimonio cambia ligeramente año tras año.

Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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