Los fondos presionan a España para hacer una regulación más atractiva para inversores en renovables

El Estado acumula 1.160 millones de euros impagados por los laudos sobre el recorte de las primas de las renovables

Fotografía de paneles solares y turbinas eólicas.

Los fondos de inversión que litigan contra el Estado por el recorte de las primas a las renovables afirman que España necesita un nuevo marco regulatorio para atraer a más y nuevos inversores extranjeros en este sector. El Estado español lleva más de una década inmerso en numerosos pleitos para evitar tener que indemnizar a fondos de inversión e inversores particulares afectados por la reforma eléctrica de 2013 que puso fin a las primas de las renovables. Una situación que, en opinión de varios expertos en arbitrajes internacionales sobre inversiones energéticas, debe ser solucionada lo antes posible para mejorar la “confianza” de los inversores, que ahora actúan con “cautela”.

Según el Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales, elaborado por la consultora holandesa NL Investment Consulting, España acumula más de 1.160 millones de euros impagados por los laudos que distintos tribunales de arbitraje internacionales han dictado en su contra. La factura aumenta si se suman 250 millones en intereses de demora, costas y gastos jurídicos, según el documento.

Estas cifras desaniman a los inversores a poner sus recursos en España, según señalan a CincoDías fuentes jurídicas cercanas a los procedimientos arbitrales. Y así se expuso también el pasado 20 de junio en la conferencia ‘Energía renovables, inversión y seguridad jurídica’, celebrada en Madrid, en la que participaron el doctor en Derecho y fundador de la consultora holandesa, Nikos Lavranos; el abogado Nick Cherryman, socio del bufete Kobre & Kim, que ha llevado el conocido como ‘laudo Antin’; y la abogada Lena Sandberg, socia del despacho Gibson, Dunn & Crutcher, también presente en varios arbitrajes sobre renovables. Todos ellos coincidieron en que España tiene que afrontar los pagos millonarios a los perjudicados por el recorte de las renovables “más tarde o más temprano” para mejorar el escenario de inversión.

Posibles embargos

“Es una realidad, España debe una importante cantidad de dinero y desde el punto de vista financiero es un error”, apuntó Cherryman, que defiende al fondo oportunista que compró la posición de Antin en un laudo en el que se ha reconocido su derecho a cobrar más de 120 millones de euros. Se trata de una compensación que España se niega a abonar bajo el argumento de que puede suponer una ayuda ilegal de Estado; si bien Cherryman ha puesto este asunto en manos de tribunales de Reino Unido y Australia, que han abierto la puerta a embargar bienes del Estado español. “Llegar hasta este punto podría plantear un escenario de default”, añadió.

Esta tesis fue compartida por Lavranos, que señaló que los impagos “va debilitando la confianza de inversores extranjeros”. “Es importante arreglar esta situación de cara a nuevos inversores e instituciones financieros. Las deudas no van a desaparecer”, subrayó.

Los expertos, que se vuelven a reunir hoy en Bruselas para mantener el mismo debate, creen que el gobierno que resulte de las elecciones del 23 de julio tiene una buena oportunidad para dar un giro de timón, apostar por la “agenda renovable” y “afrontar un nuevo marco regulatorio para atraer inversores”, tal y como indicó Lavranos.

Esta opinión es compartida por las fuentes consultadas, que aseguran que un cambio de legislación ayudaría a impulsar la financiación de la energía verde y a recuperar el “prestigio” perdido por la negativa de afrontar las compensaciones millonarias por el recorte de las primas de las renovables.

Discrepancias sobre las indemnizaciones

Lista de arbitrajes. El primer arbitraje por el recorte de las primas de las renovables se presentó en 2011. Desde entonces, se han acumulado un total de 51 arbitrajes, de los que aún quedan una veintena por resolver.

Ayudas de Estado. La investigación que la Comisión Europea tiene en marcha sobre el proceso de Antin, a instancia de España, para aclarar si el pago de este laudo puede constituir una ayuda ilegal de Estado. La Abogacía del Estado se apoya en el organismo comunitario para evitar tener que afrontar los laudos arbitrales, así como en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limitó la validez de los arbitrajes entre Estados e inversores de Estados miembros. Según la abogada Lena Sandberg “si consideráramos que todas las indemnizaciones abonadas por los Estados constituyen una ayuda ilegal, no habría manera de resolver este tipo de disputas”.

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