El Gobierno pide anular los laudos de las renovables al amparo de un acuerdo de la UE

En julio, la CE declaró ilegales los arbitrajes de inversores de la UE y el mes pasado aprobó un mandato para renovar la Carta de la Energía

Planta fotovoltaica.

Hace apenas dos semanas, el Gobierno solicitó la anulación del sexto laudo condenatorio del Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) que imponía a España una indemnización de 112 millones de euros por el recorte de la retribución de las renovables en el marco de la reforma eléctrica de 2013. Se trataba del fallo del arbitraje instado por los fondos Antin Infraestructures y Antin Energía Termosolar.

Esta solicitud de anulación se sumaba a la registrada en este mismo sentido en abril por la Abogacía del Estado sobre el laudo de Masdar, empresa estatal de Abu Dabi, que condenaba a España a una indemnización de 64,5 millones. El Estado se enfrenta a 44 arbitrajes y a una compensación superior a los 4.000 millones.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que la Abogacía ha solicitado la nulidad de todos los fallos condenatorios publicados hasta ahora por el Ciadi, pero no ya por defecto de forma, como hasta ahora, sino al amparo de la directriz aprobada en julio del año pasado por la CE que declaraba ilegales los arbitrajes de las renovables instados por inversores europeos, tanto si esgrimen tratados bilaterales como el Tratado de la Carta de la Energía.

Bruselas considera que en ambos casos son normas incompatibles con el ordenamiento jurídico de la UE, que reserva para los tribunales nacionales y europeos la competencia exclusiva de interpretar la normativa comunitaria y garantizar la protección del inversor.

Según la citada directriz, “todas las cláusulas de arbitraje en los tratados bilaterales de inversión entre países de la UE son inaplicables y cualquier tribunal de arbitraje establecido sobre la base de esas cláusulas carece de jurisdicción”. En cuanto a la Carta de la Energía, “el hecho de que la UE sea parte de ese Tratado no afecta a esta conclusión”, aclaraba.

Para Bruselas los tribunales nacionales “tienen la obligación de anular cualquier compensación arbitral concedida” en base a cláusulas incompatibles con el Tratado de la Unión. Y pidió a los Estados “que extraigan las necesarias consecuencias”, lo que se interpretó como una invitación a no acatar laudos.

Para reforzar su decisión, a mediados de mayo, la Comisión aprobó un mandato por el que se comprometía a iniciar negociaciones para modernizar la Carta de la Energía. Un acuerdo plurilateral de comercio e inversión aplicable al sector energético. El objetivo “es revisar las disposiciones sobre en materia de protección de inversiones y lograr una mayor seguridad jurídica y claridad de las normas aplicables a la protección de las inversiones extranjeras”.

En este sentido, la Comisión recomienda a los Estados miembro la inclusión de una disposición explícita sobre el derecho de los Estados “a regular una lista cerrada de casos circunscritos que constituyan una violación al trato justo y equitativo, normas más claramente definidas sobre expropiación y disposiciones más estrictas sobre desarrollo sostenible y la transición hacia una energía limpia”.

El Gobierno gana tiempo

De los ocho laudos resuelto sobre los más de 40 arbitrajes contra España por el recorte de las renovables, seis han resultado condenatorios. Solo dos, los de Isolux y el fondo Charanne, han resultado favorables. este último en la Corte de Estocolmo y el de Isolux.

El acuerdo de julio de 2018 por el que la Comisión declaraba ilegales los arbitrajes de inversores europeos (solo serían legales los extracomunitarios) es un balón de oxígeno para el Gobierno. Este, además, se ha comprometido a mantener la retribución de las renovables a partir de 2020 como argumento ante los árbitros que esgrimen sistemáticamente la inseguridad jurídica del sector en España.