La jubilación del juez del caso Villarejo marca la recta final de la investigación a BBVA
El magistrado Manuel García Castellón espera las periciales de varias acusaciones particulares antes de decidir si propone juzgar al banco y exdirectivos
Los últimos compases de la investigación al BBVA por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo se están escribiendo. El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios privados del expolicía, Manuel García Castellón, concluyó la instrucción que se centró en el banco a finales de enero, si bien todavía no ha dado a conocer si ve indicios de delitos suficientes para acercar al juicio oral a la entidad que preside Carlos Torres y a la decena de altos cargos y exdirectivos de la misma, a la espera de que algunas acusaciones terminen de revisar el forensic (investigación interna) que la firma PwC realizó para depurar responsabilidades por los encargos realizados a Villarejo. Mientras tanto, la fecha de jubilación del magistrado instructor se acerca y marca el ritmo de la recta final de las pesquisas.
La fecha prevista para que García Castellón deje el Juzgado Central de Instrucción número 6 es octubre de este año, momento en el que cumplirá 72 años. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la jubilación forzosa de los jueces y magistrados a los 70 años, si bien la retirada se puede prorrogar otros dos años. Y eso fue lo que ha hecho el magistrado de la Audiencia Nacional, con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no vio ningún defecto de forma en su solicitud. Ante la cercanía de esta fecha, fuentes jurídicas conocedoras de este procedimiento señalan a CincoDías que el instructor tiene la intención de cerrar todos los flecos de la investigación y dejar zanjado el asunto.
Su marcha de la Audiencia Nacional abre la puerta a la llegada de otro nuevo magistrado, pues su plaza saldrá a concurso y accederá el aspirante con mayor antigüedad y mejor posicionado en el escalafón de la carrera judicial que se presente. Este hecho puede conllevar la salida también de Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, y que ha sido un fuerte apoyo para García Castellón en el avance de la macrocausa sobre los espionajes de Villarejo y otros procedimientos complejos y mediáticos, apuntan las fuentes consultadas.
Entre las diligencias que quedan pendientes de culminar se encuentran los exámenes periciales sobre el forensic que el juez García Castellón permitió hacer a las acusaciones particulares representadas, por un lado, por el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, el exvicepresidente de BBVA José Domingo de Ampuero y el exdirector general adjunto del banco Vicente Benedito Francés (bautizados por Villarejo como grupo hostil); y, por otro lado, por el presidente de la asociación de usuarios bancarios Ausbanc, Luis Pineda; y el abogado Ángel María Garay. Fuentes de las acusaciones informan a este diario que algunas de ellas han solicitado al magistrado un plazo de cinco meses para entregar sus conclusiones. De dar el visto bueno a esta solicitud, el esperado auto de transformación a procedimiento abreviado —como se denomina a la resolución que propone juzgar a los investigados e inicia la fase intermedia del procedimiento penal— puede retrasarse hasta después del verano.
‘Forénsic’ polémico
El citado forensic de PwC ha sido una de las aristas más polémicas de la investigación que se ha enmarcado en la novena pieza separada del caso Villarejo. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares han cuestionado el contenido de dicho análisis por la documentación que BBVA entregó a la auditora, así como las personas (custodios) cuyos archivos fueron examinados y los criterios de búsqueda aplicados. De hecho, el último año de investigación se ha centrado en gran parte en dicho informe.
El juez instructor siguió el criterio de la Fiscalía y, tras no conseguir interrogar a la jefa de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas, llamó a declarar al presidente, Carlos Torres, para intentar esclarecer cómo reaccionó el banco tras salir a la luz su relación con el comisario jubilado. El máximo responsable de la entidad acudió a la sede judicial como testigo el pasado mes de octubre, si bien su testimonio ha quedado sin validez, ya que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló la citación. El tribunal aceptó que la causa siguiera abierta hasta inicios de 2024 para terminar diligencias pendientes, como es el caso de la revisión del forensic, pero no para ordenar nuevas, como fue la declaración de Torres. De este modo, BBVA ganaba una de todas las batallas que ha liderado contra la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a la entidad de mantener una falsa colaboración con la justicia.
No obstante, el rifirrafe ha continuado hasta el último momento, pues los abogados del banco recurrieron la providencia que dictó el juez instructor en el pasado diciembre para fijar el sistema que permitiera a los peritos de las acusaciones obtener una copia de los 2,3 millones de archivos (hits) que fundamentan el informe de PwC, a instancias de los abogados de BBVA. Anticorrupción, que en varias ocasiones ha afirmado que la información aportada por BBVA a los auditores está “sesgada”, presentó un escrito para oponerse al recurso del banco. En dicho documento, consultado por este periódico, el fiscal Alejandro Cabaleiro recuerda que dicha prueba lleva aprobada desde diciembre de 2022 y que todavía no se ha podido ejecutar por los intentos de BBVA de “obstruir” su práctica.
En esta ocasión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó los argumentos del banco y desestimó su recurso, en un auto con fecha del pasado 29 de febrero, al que tuvo acceso este diario. Los magistrados entienden que la última decisión del juez instructor no ordena el desarrollo de una nueva prueba, sino que busca “culminar” la que lleva pendiente más de un año, “aplicando consejos de los peritos expertos informáticos”, que opinaron sobre cómo realizar la extracción de los hits. “Ello no entraña equivocación alguna, (...) sino prudencia y respeto al conocimiento de las personas expertas en la materia”, concluye el tribunal.
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