BBVA frente al caso Villarejo: un ‘forensic’ con asterisco y golpe al buen gobierno
Con el final de la causa a la vista, el banco lidia con problemas reputacionales y de falta de transparencia
La fecha marcada en rojo en el calendario es finales de julio. Será entonces cuando el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tendrá que decidir si cierra la causa abierta por los espionajes para BBVA del comisario jubilado José Manuel Villarejo a través de su empresa Cenyt. Han pasado cinco años desde el inicio del proceso y el banco es la única gran entidad incapaz de superar el viacrucis judicial que ha afectado a parte del Ibex, después de que Repsol, Iberdrola o CaixaBank pasaran por el trance y hayan visto archivados sus expedientes. La otra alternativa es acordar una nueva prórroga y abrir la puerta a más diligencias. El final de la instrucción supondría un alivio para aquellos ejecutivos que orbitan en torno a las pesquisas, pero no han sido llamados a declarar. Una vez cerrada esta fase, esa posibilidad se esfuma.
Desde el punto de vista procesal, BBVA fue declarado investigado como persona jurídica en julio de 2019 “por supuestos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios”. En paralelo, una docena de directivos y exdirectivos de la casa han resultado también imputados a lo largo de este lustro. Más allá de las acusaciones definitivas que plantee la Fiscalía Anticorrupción, y de la dificultad de demostrar que la empresa y algunos de sus ejecutivos conocían la condición de funcionario de Villarejo para probar el cohecho, la entidad financiera tiene una reflexión pendiente en términos reputacionales, de gobierno corporativo y de transparencia.
Según documentación que obra en la causa, la directora jurídica del banco, María Jesús Arribas, constataba en una nota interna el 14 de enero de 2019, nada más sustituir a Eduardo Arbizu al frente del departamento, el nombre de los directivos que, a su entender, debían ser priorizados en las indagaciones llevadas a cabo por el banco para depurar responsabilidades por la contratación del policía. Se trata de un escrito relativo al Proyecto Teca/Deep Blue, como en la casa se denominó a la macroinvestigación relativa “a los procesos de facturación, contabilización y pago de los servicios prestados por Cenyt a BBVA”.
“Línea jerárquica completa de reporte”
El documento es trascendente, dado que revela los criterios para ser analizado en el forensic, monitorizado por Garrigues y encargado para su ejecución a PwC. Se trataba de un doble requisito. Por un lado, haber intervenido en la contratación de los servicios con Cenyt y en el pago de facturas a dicha sociedad; haber podido acceder a los informes, o trabajar en los asuntos afectados. En segundo término, ser parte de “la línea jerárquica completa de reporte (no solo reporte directo) de JC durante su época de empleado del banco”. Las siglas JC aluden al ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano, a priori primer responsable de la contratación de Villarejo. Entre los que cumplían esas condiciones, según puso negro sobre blanco el departamento legal, se encontraba el actual presidente de la entidad, Carlos Torres.
La petición de la directora jurídica no es de extrañar. Según el organigrama facilitado por el banco en abril de 2015, cuando se produjo el nombramiento de Torres como consejero delegado, de él dependía el área de talent & culture, una suerte de división de recursos humanos liderada en el año 2016 por Ricardo Forcano, estrecho colaborador de Torres desde su época en Endesa. Diversas fuentes internas de la entidad confirman que la tutela de la división de seguridad y de Corrochano recaía en esta área y ese directivo. Respetando la “línea jerárquica completa de reporte”, la petición parece lógica. También que se incluya en esa lista al propio Forcano. De acuerdo con el citado escrito, de esas personas debían investigarse los emails, los archivos de sus ordenadores de uso profesional y también la documentación física. No hay que olvidar que, aunque el principal trabajo del clan Villarejo para BBVA se remonta al año 2004 y al asalto del banco por Sacyr, la contratación de figuras próximas al policía continuó hasta el año 2018. El documento de Arribas habla explícitamente de contratos de 2016.
El texto demuestra que la hoja de ruta fundacional para el forensic –luego solo atendida a medias– procede de una alta directiva del banco. El propio Torres corroboró de forma indirecta las fechas en la junta de accionistas celebrada en mayo de ese año 2019. “Desde mediados de enero estamos llevando a cabo una investigación con una dimensión y con un enfoque que son totalmente distintos al análisis iniciado en junio de 2018. Los despachos Garrigues y Uría y la consultora PwC, a la que se ha encomendado la realización de un análisis forensic, lideran ahora la investigación, y todo ello con el impulso del consejo de administración”, dijo. Según el organigrama citado, el departamento de legal & compliance abanderado por Arribas reporta de manera directa al presidente ejecutivo y al consejero delegado.
BBVA ha lidiado precisamente en los últimos años con los reproches del BCE por la concentración de poder en la cúpula, con la designación de un presidente con atribuciones ejecutivas. El supervisor aboga, empero, por separar esos poderes, entre un CEO ejecutivo y un presidente institucional –el chairman anglosajón–. En términos de buen gobierno, lo óptimo hubiera sido que esta última figura hubiera liderado, junto al consejo, una investigación en la que parte del propio entorno ejecutivo y la línea de mando estaban bajo la lupa, como ha demostrado el rosario de imputaciones.
La concentración de poder en la cúpula ha evitado que la investigación pudiera conducirse al margen del poder ejecutivo de la entidad financiera
La cuestión no queda ahí. Según la documentación citada, en marzo de 2019, Helena Prieto, socia de Garrigues, remitió un correo electrónico a Javier López Adreo, responsable del servicio de forensics de PwC, en el que detallaba la lista corta de perfiles clave para la investigación, llamados técnicamente custodios. En esa relación no figuran ni Torres ni Forcano. Según se desprende de los correos que se intercambian ambos profesionales en los siguientes días, se debate sobre la posibilidad de incorporar nuevos nombres, incluido el de alguna secretaria –porque “siempre cabe la posibilidad de que se compartiera información con la misma”–, pero no hay mención alguna de ambos ejecutivos.
La decisión de dejar fuera a determinados directivos tuvo sus implicaciones. Según el detalle completo de las personas consideradas en el forensic, solo los dispositivos y comunicaciones de 18 de los 71 profesionales incluidos al mismo fueron copiados, procesados y analizados. Son los “súper priorizados”. La cuestión procede, ya que la copia de los dispositivos no implica su procesamiento (cruzar esa información con las palabras claves fijadas por Garrigues) o, todavía más importante, su análisis (cotejar esos datos procesados para extraer conclusiones y resultados). Como publicó CincoDías, Torres y Forcano solo fueron copiados, pero no fueron ni procesados ni analizados. Eso quiere decir que no han podido conocerse eventuales correos cruzados entre ellos ni de ellos con terceros ajenos al forensic. De hecho, tan solo han aflorado los que han compartido con otros investigados que sí han sido analizados. Se trata, pues, de una aproximación a su actividad solo parcial.
De hecho, BBVA remitía información a la justicia en la que constataba esas restricciones. Así lo reconoce la representación legal del banco en un escrito del 18 de abril de 2022, remitido en contestación a la demanda de Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés –todos ellos personados en la causa– para que Torres fuera llamado a declarar como testigo. “Pretende la representación de los señores Del Rivero, Ampuero y Benedito aliñar su petición con alegaciones que intentan confundir al instructor. Afirman que los correos del señor Torres no han sido objeto de revisión, lo cual es una afirmación que no se corresponde con la realidad. Lo que no se ha revisado –solo fue adquirido– fue su buzón de correo electrónico, dado que en la investigación no se han evidenciado motivos que justifiquen dicha revisión”, exponen las alegaciones, firmadas por la propia Helena Prieto. El banco se aferra a que “la correspondencia que el señor Torres mantuvo por correo electrónico con los investigados en este procedimiento y con el resto de custodios sí ha sido analizada”. Una aseveración tan cierta como que no lo han sido sus mensajes con quienes no figuran como investigados, procesados y analizados, según la terminología empleada por PwC. El presidente del banco nunca ha sido citado a declarar.
‘Fit and proper’
En las normas de gobernanza del BCE existe el fit and proper para evaluar la idoneidad de los directivos. El fit reclama aptitud; el proper, honorabilidad. El presidente del BBVA adquirió desde el principio del proceso judicial un compromiso con la transparencia. “Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”, aseguraba en las primeras estribaciones de la saga y ha repetido a la menor ocasión. Sin embargo, esa vocación de claridad ha chocado con las necesidades de la defensa del banco, al punto de que esta ha preferido a menudo no facilitar información reclamada por el juzgado, haciendo uso de su legítimo derecho a no declarar.
En ese apartado cobra especial relevancia el silencio de la firma como persona jurídica en el denominado caso Anbycol, que dirime si la entidad siguió trabajando con personas afines al comisario tras su detención en noviembre de 2017. En su comparecencia en octubre de 2022, el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, prefirió acogerse a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional. El episodio que se analiza es peliagudo, puesto que aborda la contratación por parte del banco de la sociedad de Antonio Bonilla, socio de Villarejo, cuando este último ya estaba en prisión. El supuesto objeto del encargo era investigar al exbanquero Javier Fernández Castrillón, con quien la entidad mantenía un millonario contencioso. Por la cuantía del mismo y siendo un pleito relacionado con la operativa de la banca de inversión, es difícil pensar que no llegara a oídos de la cúpula de la sociedad. A principios de 2018, esta se encontraba capitaneada por Francisco González –en proceso de salida– y el propio Carlos Torres como consejero delegado.
Carlos Torres ha evitado ser llamado a declarar, pero el banco se arriesga a sentarse en el banquillo como persona jurídica al final del proceso
Fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción aseveran que la intención del organismo es dar carpetazo a la instrucción cuanto antes, con un planteamiento de mínimos de cara a la solicitud de responsabilidades. No obstante, después de cinco años de trabajos, no parece previsible que el caso se zanje sin la petición de que al menos el banco se siente en el banquillo como persona jurídica. Un revés reputacional para la marca, sin más consecuencias para la gestión de la compañía.
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