La jefa jurídica de BBVA se niega a declarar en el caso Villarejo
La directora del área legal, María Jesús Arribas, insiste ante el juez que le ampara el secreto profesional como abogada del banco
La directora del área legal de BBVA, María Jesús Arribas, tenía hoy una cita importante en la Audiencia Nacional, donde estaba llamada a declarar como testigo por el el caso Villarejo. La comparecencia ha sido breve, ya que se ha negado a declarar, insistiendo en que su deber de secreto profesional como abogada del banco le ampara y le impide responder a las cuestiones que pudieran plantear la Fiscalía Anticorrupción, otras acusaciones y las defensas de los investigados en la causa abierta por los contratos al comisario jubilado José Manuel Villarejo, según han informado a CincoDías fuentes jurídicas conocedoras de la declaración.
Según marca la ley, los testigos tienen obligación de responder a todas las preguntas y a decir verdad, si bien este caso era algo especial, pues se trata de la jefa de los servicios jurídicos de una compañía que se encuentra investigada como persona jurídica. En esta línea, BBVA presentó un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar la comparecencia de Arribas. En dicho escrito alegó que, por su cargo de responsabilidad en el banco, forma parte del equipo de defensa de la entidad, y se podrían ver vulnerados una serie de derechos, como la obligación de secreto profesional y el derecho de defensa del banco.
Asimismo, el banco denunció en su recursos que la verdadera intención de Anticorrupción es investigar cómo se llevó a cabo el forensic, la investigación interna que se encargó a PwC para depurar responsabilidades internas por los encargos realizados a Villarejo entre 2004 y 2017, y que ha sido cuestionada por los fiscales y algunos investigados, que advierten de que la documentación entregada no está completa.
Consulta al colegio de abogados
En sede judicial, y ante el juez instructor Manuel García Castellón, Arribas ha mantenido esta postura. Al principio de la comparecencia, la directiva de BBVA, que ha ido acompañada por los abogados externos del banco, ha advertido de que no quería declarar y que su decisión estaba apoyada por una consulta al colegio de abogados, que confirmaba su derecho a acogerse a este derecho. La respuesta de la institución fue: “la consultante se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad”, han indicado fuentes de BBVA.
Asimismo, la directora jurídica del banco ha recordado, al igual que ya hizo BBVA en el recurso presentado contra la citación de su empleada a declarar, que ya se designó a un representante legal para atender a todos las preguntas que se considerasen oportunas.
Ante esta situación, el magistrado instructor ha dado a posibilidad a Arribas de contestar a las preguntas que considerara que no vulnera sus derechos, si bien la responsable jurídica de BBVA se ha mantenido firme en su criterio y ha declinado responder a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente ha decidido valorar si retoma el interrogatorio una vez la Sala de lo Penal resuelva el recurso pendiente sobre dicho interrogatorio.
Por su parte, la defensa del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, personado como víctima de los espionajes de Villarejo por encargo, presuntamente, del banco ha preguntado directamente a Arribas si, de acuerdo con el artículo 22.6 del Estatuto de la Abogacía, ha pedido a BBVA la dispensa para evitar declarar sobre cuestiones que pudieran afectar directamente al banco, al igual que se le dio al auditor de PwC que realizó un forensic. Sobre esto, la directiva ha dicho que no ha pedido ningún permiso expreso.
Cuestiones previas a 2018
Los representantes del ministerio público, que en un reciente escrito contra el recurso presentado por BBVA plantearon la posibilidad de llamar a declarar al presidente del banco, Carlos Torres, han intentado aclarar varias cuestiones relacionadas con el supuesto conocimiento de Arribas sobre la contratación de Villarejo antes de 2019, cuando asumió el cargo de responsable jurídica de BBVA, así como antes de 2018, cuando comenzaron a aparecer las primeras informaciones sobre los encargos al agente encubierto y se iniciaran los trabajos internos de recopilación de datos, que terminó con un encargo a PwC para realizar un forensic.
En concreto, según han señalado las fuentes consultadas, los fiscales han preguntado por tres correos electrónicos anteriores a 2018; por su relación con el exjefe jurídico del banco Eduardo Arbizu, que se encuentra investigado en esta causa, y a quien sustituyó en el cargo; así como por un correo de 2014 sobre un contrato con Cenyt, la empresa de Villarejo, en el que Arribas aparece en copia. Por último, Anticorrupción ha querido conocer el papel de la ejecutiva del banco sobre la investigación que en 2017 el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) llevó a cabo sobre las cuentas que la firma del expolicía tenía abiertas en BBVA.
El ‘forensic’ y el consejo de administración
Otro de los testigos citados este viernes ha sido Domingo Armengol, secretario general de BBVA y del consejo de administración. A este ejecutivo también se le ha preguntado sobre la investigación interna y sobre el conocimiento que tenía del mismo el órgano de gobierno del banco, han indicado las fuentes jurídicas conocedoras de esta declaración.
Al respecto, Armengol ha respondido que hubo dos investigaciones, una inicial en mayo de 2018, cuando se publicaron las primeras noticias sobre los trabajos de Villarejo, y otra en enero de 2019, que fue el desarrollo del mencionado forensic de PwC. Asimismo, ha afirmado que el departamento jurídicos y los abogados del banco sí que fueron reportando al consejo de administración, presidido por Carlos Torres, sobre el avance de la investigación.
No obstante, el secretario general ha precisado que la información que se elevó fue sobre procedimientos y nunca sobre el detalle de su contenido, por lo que el consejo no conoció a quien se incluyó o se excluyó en dicha revisión interna.
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