El juez del caso Villarejo deja sin validez la declaración de Torres tras el ultimátum de la Audiencia Nacional
El instructor cita el viernes al representante legal de BBVA para que confirme su intención de colaborar con la investigación
Nuevo giro en el caso Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha dejado sin validez y ha excluido de la causa la declaración como testigo que, el pasado 16 de octubre, prestó el presidente de BBVA, Carlos Torres, para esclarecer cómo reaccionó la entidad tras la aparición de las primeras noticias sobre los contratos que el banco firmó con el expolicía entre 2004 y 2017. Esta decisión responde al ultimátum que dio la Sala de lo Penal para que la investigación quede ya finalizada, lo que justificó la nulidad de todas aquellas diligencias que fueron acordadas después de que el instructor prorrogara las pesquisas hasta enero de 2024.
La Sala de lo Penal estimó, el pasado 20 de octubre, parte del recurso que BBVA (investigada como persona jurídica en esta causa) presentó contra la última ampliación del tiempo de investigación de la causa, acordada el pasado 25 de julio. Los magistrados de la instancia superior avalaron todas las pruebas que, en dicha resolución, se acordaron, pero no dieron su respaldo a todas aquellas diligencias que se ordenaron después, como es el caso de la declaración del máximo responsable de la entidad bancaria. El motivo de ello fue, según explicó la Sala, que el pasado 18 de julio ya dio su visto bueno a la anterior prórroga de tres meses (desde el pasado mes de abril hasta julio), pero urgió al instructor para que acordara entonces el fin de la causa, lo cual no sucedió.
Ahora, en un auto dictado este martes, al que ha tenido acceso CincoDías, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón ha dejado “sin validez” y fuera de las actuaciones la declaración del presidente de BBVA. El magistrado sigue el mandato de la Sala de lo Penal, pero hace hincapié en que la Fiscalía Anticorrupción pidió la declaración de Torres en sustitución de la jefa de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas, que el pasado 21 de julio (antes de la cuestionada prórroga) se acogió a su derecho a no declarar, alegando su obligación de guardar secreto profesional como abogada del banco.
Carlos Torres acudió a la sede judicial hace una semana para aclarar su conocimiento sobre los trabajos de espionaje que realizó el comisario Villarejo y cómo el comité global de corporate assurance, el órgano de prevención de delito del banco que presidió en su función de consejero delegado, analizó las consecuencias de estos contratos por los que se abonaron 10,3 millones de euros.
Según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración, Torres aseguró ante el juez que no fue hasta mediados de 2018 cuando tuvo conocimiento de dichos encargos a Cenyt, la empresa liderada por el agente encubierto, al tiempo que desligó a la entidad de cualquier tipo de instrucción sobre cómo realizar el forensic (investigación interna para depurar responsabilidades), que fue iniciada por decisión del citado comité, pero que en 2019 se externalizó a los despachos de abogados Garrigues, Uría y a la consultora PwC.
“Evidente contradicción”
Todo ello queda en saco roto, pero antes de concluir la investigación, que va camino de cumplir su quinto aniversario, el juez instructor ha citado el próximo viernes, 27 de octubre, al representante de BBVA para ver si la entidad está dispuesta a colaborar con la justicia, tal y como defiende, o es todo una apariencia, como asegura Anticorrupción. En este sentido, el magistrado subraya que de las dos veces que el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, ha sido llamado a declarar, en una decidió guardar silencio. En la última comparecencia, en octubre de 2022, el representante comunicó que no hablaría de “nuevos hechos”, como fue la aparición de contratos en 2018, una vez que Villarejo ya estaba en prisión provisional; ni tampoco ampliaría testimonios anteriores. A ello se sumó la postura mantenida por la directora del área legal del banco.
“Nada hay menos colaborativo que negarse a declarar, por más que esta negativa se encuentre indiscutiblemente amparada por el derecho de defensa. Lo expuesto no fundamenta una obligación de declarar, pero deja al descubierto una evidente contradicción entre lo que se alega y lo que se hace”, reprocha el juez García Castellón.
En este contexto, el juez recuerda en el auto que los interrogatorios como testigos de varios empleados del banco, que estaban citados el pasado mes de julio (por lo tanto sí que son válidos), entre ellos María Jesús Arribas, no se pudieron llevar a cabo porque todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Así, pide a BBVA que aclare si concede permiso expreso a todos sus trabajadores para que declaren, “en coherencia” con su intención manifestada de colaborar con la investigación, y ver si puede retomar esta diligencia.
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