La financiación climática, insuficiente y a paso de tortuga

Los países ricos incumplen la promesa de transferir 100.000 millones a los Estados pobres para combatir el calentamiento

El PNUMA calcula que se necesitan 340.000 millones a 2030 y 565.000 millones a 2050 para la adaptación al cambio climático

Financiación climática pulsa en la foto

El dinero que destinan los países ricos a las naciones pobres para la mitigación y la adaptación al cambio climático es insuficiente y, lo poco que se desembolsa, se hace con cuentagotas y en forma de préstamos en su mayoría. Es la conclusión del Informe sobre la brecha de adaptación 2022, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a principios de noviembre, en vísperas de la COP27, que se inició el pasado día 6 en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij y que concluye este viernes.

Si bien la financiación ha aumentado un 42,4% entre 2016 y 2020 –últimos datos disponibles–, hasta los 83.300 millones de dólares anuales, según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el monto está todavía por debajo del objetivo de los 100.000 millones al año prometido para 2020 y que, tras el incumplimiento, se prevé alcanzar en 2023.

La mayor parte de los recursos llega en forma de préstamos

El problema es que la temperatura media global del planeta sigue incrementándose, y esos 1,1 grados en los que se encuentra respecto a los niveles preindustriales están acelerando ya los fenómenos extremos. Es el caso de Pakistán. Las lluvias monzónicas dejaron en verano a un tercio del país inundado y una cifra de fallecidos superior a los 1.500. Las pérdidas por esta catástrofe se estiman en unos 30.000 millones de dólares.

Por eso el PNUMA señala que, si bien el 84% de de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (ratificado por 197 Estados) ha establecido planes, estrategias, leyes y políticas de adaptación, un 5% más que el año pasado, las transferencias a este capítulo están entre cinco y diez veces por debajo de las necesidades estimadas. Y la brecha no deja de ampliarse: este organismo calcula que los requerimientos de financiación oscilan entre los 160.000 y los 340.000 millones de dólares de aquí a 2030 y entre los 315.000 y los 565.000 millones a 2050.

Vista del distrito de Dadu, provincia de Sindh, inundado, una de las partes más afectadas de Pakistán, donde un tercio del país quedó bajo el agua y más de 33 millones de personas se han visto perjudicadas por las lluvias monzónicas.
Vista del distrito de Dadu, provincia de Sindh, inundado, una de las partes más afectadas de Pakistán, donde un tercio del país quedó bajo el agua y más de 33 millones de personas se han visto perjudicadas por las lluvias monzónicas.

“La gran mayoría de los recursos se ha destinado hasta ahora a la mitigación (reducción de emisiones). Y como el calentamiento podría acercarse a los tres grados a final de siglo, la COP27 ha puesto mucha más atención a la adaptación, ya que no se trata tan solo de transferencias económicas sino de conocimiento, tecnologías e innovación para adaptar y transformar infraestructuras, sistemas agroalimentarios, urbanismo… y aumentar la resiliencia a los efectos del clima”, reflexionaba casi al final de la cumbre Anna Maria González Montes, directora de proyectos de la Cátedra de LiderazgoS y Sostenibilidad de Esade.

Pese a la urgencia de avanzar en este punto y las esperanzas puestas en este tema al celebrarse en África, una de las regiones que más sufre el impacto del calentamiento mundial, la COP27 culmina este viernes con la sensación de haber postergado otra vez los deberes. “Las expectativas [para logar un pacto] son bajas por varias razones. Los países que prometieron la ayuda y que son los responsables históricos del cambio climático no han desembolsado la cantidad necesaria: EE UU y Canadá no han llegado ni al 20%-25% comprometido, solo Gran Bretaña ha alcanzado el 70%, y los que lo han hecho, Francia y Japón, ha sido a través de créditos, cuando lo ideal es a través de donaciones”, analizaba Carlos Sordo, experto en medio ambiente en la organización sin fines de lucro Ayuda en Acción, al término de la primera semana de la cita global.

Los flujos a adaptación están entre cinco y diez veces por debajo de las necesidades estimadas, según el PNUMA

A otros grandes contaminantes, China, Rusia e India, tampoco se les esperaba. Incluso, la propuesta estadounidense de que los fondos se tramiten a través de las empresas mediante créditos de carbono para que estas alcancen así el cero neto no acaba de convencer a los ecologistas ni a los Estados vulnerables. Más aún cuando EE UU es el mayor moroso climático tras Reino Unido, Canadá y Australia, según un estudio reciente elaborado por un grupo de analistas británicos de Carbon Brief –solo aportó 7.600 millones de dólares en 2020 (últimos datos disponibles), cuando debió movilizar 39.900 millones al ser responsable del 52% de las emisiones históricas de CO2 vertidas a la atmósfera–.

“El sistema da pie a un acaparamiento intolerable de instrumentos de deuda, principalmente de préstamos, con los cuales se sobredimensiona la contribución global a los 100.000 millones. En lugar de fijar objetivos sobre la cantidad, hay que fijarse en la calidad. África y las regiones más impactadas por la pobreza, la deuda y la crisis climática necesitan mayoritariamente fondos para la adaptación en forma de subvenciones, gestionadas a nivel comunitario y que contribuyan a abordar las desigualdades de género”, apuntaba Norman Martín Casas, responsable de resiliencia climática de Oxfam Intermón. Lo más importante para Martín Casas es que en la COP27 se establecieran reglas claras sobre el tipo de financiación y los mecanismos a permitir, algo que tampoco se ha conseguido.

El jueves, sin embargo, se produjo un pequeño avance: las partes acordaron brindar asistencia técnica en materia de pérdidas y daños a dichos países, lo que se ha denominado la Red de Santiago. No así respecto al pago de esas pérdidas económicas y humanas a través de ayudas directas, como pedían 134 naciones en vías de desarrollo (el G77) y China. Es que, hasta ayer, las negociaciones seguían estancadas por el bloqueo de EE UU −principalmente−, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La UE cambió el jueves por la tarde su postura y se mostró a favor de su creación si Pekín contribuía también al fondo.

“Es un éxito diplomático que, por primera vez, la agenda oficial de la COP incluya un punto específico sobre daños y pérdidas para compensar financieramente a los Estados más vulnerables ante eventos climáticos adversos como consecuencia del calentamiento climático. En primer lugar, se reconoce la responsabilidad histórica de los países más contaminantes (UE, EE UU, China e India), y en segundo lugar, se muestra voluntad de negociación para atender la reclamación del G77 + China, pendiente desde hace décadas. Sin embargo, llegar a un acuerdo no será sencillo, ya que los países industrializados han mostrado su rechazo a constituir un nuevo fondo para este fin que acarree obligaciones jurídicas”, señalaba González Montes, de Esade.

¿Cómo pagar la deuda climática?

Una de las recomendaciones que se ha hecho en la COP27 es que los subsidios a los combustibles fósiles, unos 400.000 millones anuales, según datos de Greenpeace, se destinen para saldar la deuda climática.

O que se imponga gravámenes a los beneficios extraordinarios que las compañías petroleras y gasistas están obteniendo por el alza de los precios de la energía, como sugirió António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en el inicio de la cumbre.

"El agravamiento de la crisis económica hace que sea aún más urgente que los países vulnerables reciban apoyo para adaptarse y responder a los desastres climáticos que empeoran su mala situación financiera y de deuda", comenta Alex Scott, responsable del Programa de diplomacia climática y geopolítica del think tank E3G.

Y refiere que otra de las opciones propuestas ha sido que se incluyan cláusulas sobre desastres naturales y pandemias en los instrumentos de deuda soberana. Así, cuando un organismo independiente declara que se ha producido una catástrofe en un país determinado, la cláusula suspende el pago de la deuda durante un tiempo acordado y se prolonga su vencimiento, dando liquidez para afrontar la situación de emergencia. O aprovechar mejor el capital de los bancos multilaterales de desarrollo para invertir en este capítulo.

No solo la resistencia de los países emisores a vincularse con un fondo a largo plazo para asistir a los países pobres ha sido uno de los puntos controvertidos, sino también la demanda de incorporar como contribuyentes a las compensaciones a las naciones en desarrollo, como China e India, al ser el segundo y cuarto mayor contaminante mundial, respectivamente, abundaba González Montes.

Según el informe Loss and damage from climate change, el coste por esos daños económicos y pérdidas humanas puede llegar a los 580.000 millones anuales para 2030. Parece que los Estados más vulnerables tendrán que esperar un año más, a la COP28 de Dubái, con las consecuencias que esto supone.

El Chad, el país más vulnerable y el que recibe menos dinero

Un grupo de activistas pide que se pague la deuda climática.
Un grupo de activistas pide que se pague la deuda climática.

África es, precisamente, uno de los continentes más afectados por los impactos (sequías e inundaciones) de un cambio climático que no ha provocado: emite menos del 4% de los gases de efecto invernadero. Y la crisis climática, al igual que en otras regiones de Asia y América Latina, coincide con otra, la de deuda –sin que aún se recuperen de la del Covid–, que deja poco margen presupuestario para abordar esta problemática.

“El país más vulnerable del mundo a la crisis climática, el Chad, recibe incluso menos financiación per cápita que la media de países de renta media-alta. Es un dato que se hace difícil de digerir desde una perspectiva de justicia”, resalta Norman Martín Casas, responsable de resiliencia climática de Oxfam Intermón. Y añade: “En África del Oeste estimamos que solo un 7% de las necesidades anuales de financiación climática están siendo actualmente cubiertas”.

En Asia, Afganistán, Myanmar, Bangladesh o Pakistán reciben muy poco dinero a pesar de ser altamente vulnerables, desvela otro informe de esta organización.

En Latinoamérica y el Caribe, los desastres naturales han ocasionado en los últimos años pérdidas que suponen hasta el 3% del PIB, según Alicia Montalvo, gerente de acción climática y biodiversidad positiva del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Es el caso de Marvin Cruz Ochoa, un caficultor de 39 años de Matagalpa (Nicaragua) que perdió 30 quintales de café en grano valorados en unos 2.800 dólares tras el paso del huracán Julia en octubre. “En dos horas destrozó 15 años de trabajo”, dice apenado. O Gina Saravia, de 48 años, que perdió a su hijo de 15 en 2017 tras los desprendimientos de tierras (huaicos) provocados por las lluvias torrenciales que causan el fenómeno del Niño en Perú, y que fue beneficiaria del trabajo de la organización sin fines de lucro Ayuda en Acción.

Como las catástrofes son cada vez más frecuentes e intensas, países como Colombia pidieron en la COP27 400 millones de dólares anuales para el Amazonas; Argentina, que se cumpla con la meta de los 100.000 millones para que nadie se quede atrás, y Chile, flujos financieros a largo plazo.

España, lejos aún del monto justo

España está aún lejos de aportar una contribución justa a la financiación climática, según un informe publicado en junio pasado por el Overseas Development Institute (ODI).

Así, pese a que el Gobierno anunció el año pasado que la aumentaría un 50% (1.398 millones de dólares anuales) a partir de 2025, este think tank londinense calcula que ese monto debería acercarse a 3.430 millones al año.

España destina un 20% de lo que le correspondería a justicia climática internacional, siendo el cuarto país con mayor responsabilidad del fracaso de la financiación climática a los países más vulnerables (tras EE UU, Canadá e Italia)”, comentan desde Greenpeace. Tampoco ha anunciado hasta la fecha ningún compromiso financiero con el mecanismo de pérdidas y daños, critican desde la organización ecologista.

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