El BCE alerta del impuesto a la banca: puede falsear la competencia y debería trasladarse al cliente
El supervisor bancario europeo emite su dictamen (no vinculante) sobre el gravamen a la banca diseñado por el Gobierno
El Banco Central Europeo (BCE) se opone al impuesto a la banca. El supervisor bancario ha emitido hoy su veredicto sobre el nuevo gravamen temporal que el Gobierno prevé aprobar a finales de año y con el que pretende recaudar 3.000 millones de euros entre los años 2022 y 2023. En ese sentido, el BCE, alerta de que el nuevo tributo pone en riesgo la concesión de crédito, podría distorsionar la competencia y además señala que los bancos deberían trasladarlo a los clientes.
En las últimas semanas, el supervisor ya había dejado caer que no es partidario de este tipo de gravámenes si de alguna forma contribuyen a restringir el crédito o perjudican a la solvencia del sector. Hoy, oficialmente, ha anunciado su postura y pone en duda varios puntos de la redacción de la Proposición de Ley que se está tramitando en el Congreso.
El Ejecutivo español decidió imponer este impuesto argumentando que los bancos obtendrán unos ingresos extraordinarios por las subidas de tipos de interés aplicadas por el BCE para tratar de contener la elevada inflación. Por un lado, el supervisor critica que el impuesto solo tiene en cuenta los ingresos y no los mayores costes que afrontan los bancos, ya que al aumentar el riesgo de impagos deberán elevar las provisiones.
"La base sobre la que se establecería el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito. Por consiguiente, como ya se ha señalado, el importe del gravamen temporal podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito", explica en su dictamen. "Debe tenerse en cuenta que las entidades ya han tenido que registrar provisiones más elevadas con respecto a su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético", puntaliza.
La propuesta del Gobierno se basa en aplicar una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Según los cálculos de este periódico, se verán afectados solo nueve bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar), algo que el supervisor considera que altera la competencia. "La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria", señala el BCE.
Hacienda se escuda en los beneficios
También muestra su reticencia a que un banco que presente pérdidas deba afrontar el pago de mayores impuestos. "La consideración de una entidad de crédito afectada como obligado al pago del gravamen temporal mientras registre pérdidas netas, distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario.
El dictamen del BCE no es vinculante, pero sí que añade presión sobre el Gobierno. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha quitado hierro al dictamen y ha señalado que el supervisor bancario europeo no emite una opinión en contra del gravamen, sino que hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar. "Se trata de consideraciones relevantes para cualquier impuesto de este tipo que se pueda desarrollar en otro país. Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el gobierno antes de hacer la propuesta", señala.
Igualmente, se escuda en los beneficios de las entidades. En ese sentido, apunta que los resultados que presentaron los bancos la semana pasada apuntan a un fuerte incremento de los beneficios en los nueve primeros meses del año como consecuencia de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida. "En relación con la competencia, entendemos que el horizonte temporal minimiza cualquier efecto distorsionador", concluye.
Trasladar el impuesto a los clientes
Por otro lado, el Gobierno se ha asegurado de que los bancos no repercutan el impuesto a los clientes. Para ello, ha incluido en el texto de su propuesta la prohibición de trasladarlo en forma de un encarecimiento del crédito, y cuyo incumplimiento constituirá una infracción grave. Sin embargo, el BCE señala que los bancos sí que deberían trasladar el impuesto a los clientes, ya que en la formación de precios deben tener en cuenta todos sus costes, incluidos los fiscales.
"Una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades", señala. "El BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda", añade.
Además, apunta que no está clara cuál será la función de colaboración del Banco de España para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades de crédito del requisito establecido en la proposición de ley de no trasladar el importe del gravamen temporal a sus clientes.
Por todo ello, el BCE pide que la propuesta "debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, al objeto de garantizar que dichos impuestos no planteen riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real".
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