Montero agita el debate sobre los nuevos impuestos tras los beneficios de banca y eléctricas

Considera que la curva de Laffer no funciona como defiende el Partido Popular, por lo que bajar impuestos no eleva la recaudación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno se ha servido de los abultados resultados de Iberdrola y Banco Santander para defender a ultranza el nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de banca y grandes energéticas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles, coincidiendo con la presentación de los resultados de las dos grandes empresas afectadas por el tributo, que los beneficios obtenidos por las grandes entidades financieras y energéticas “legitiman” la decisión del Ejecutivo de aprobar nuevos gravámenes con los que financiar las medidas para paliar las consecuencias de la crisis energética y de precios.

“En un momento de tanta dificultad para millones de ciudadanos, es necesario y bueno que aquellos que más se estén beneficiando de esta crisis puedan tener mayor aportación para el bien de todos y reforzar los servicios públicos o financiar las medidas como la bajada de la factura de la luz”, afirmó la titular de Hacienda en el Congreso.

Por su lado, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, recordó que la compañía recurrirá el nuevo impuesto si este grava los ingresos en lugar de únicamente los beneficios.

La ministra defendió con uñas y dientes las bondades de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el Debate de Totalidad del Congreso de los Diputados.

En su intervención, la ministra ha repasado las principales cifras del Presupuesto y aclarado que no incluye la extensión de las medidas extraordinarias para paliar la inflación -un objetivo al que ya se han destinado 35.000 millones-, algo que se concretará en noviembre y para lo que hay margen ante la “prudente” previsión de ingresos.

Pero donde la ministra se mostró especialmente combativa y bajó a la arena del debate, fue en materia de impuestos. Montero atacó el núcleo del modelo tributario de los populares que se basa en la premisa de que bajar impuestos eleva la recaudación. La ministra de Hacienda defendió que “este país merece un debate en profundidad sobre la fiscalidad”, evitando “posiciones demagógicas y cortoplacistas”.

La curva de Laffer “no funciona”, afirmó Montero en clara alusión a las bajadas de impuestos que defiende el PP “cuando está en la oposición, pero que sube cuando gobierna”. Desde su punto de vista el sistema fiscal debería ir por la vía de alcanzar un modelo justo y progresivo donde los que “más capacidad tienen, más aporten para que quienes más necesitan así lo reciban”.

Así aseguró que la rebaja fiscal para rentas bajas incluida en las cuentas permitirá ahorrar 746 euros anuales en IRPF a un trabajador con un salario de 18.500 euros, cuando la deflactación de la tarifa que esgrime el PP solo supondría “30 o 35 euros al año para cada contribuyente”.

También defendió las medidas de gasto porque apoyarán al tejido productivo y mejorarán los servicios públicos, lo que equivale a 11.000 euros adicionales de renta para un hogar con dos adultos y dos niños.

Grandes fortunas

El Ministerio de Hacienda tiene previsto aprobar antes del 31 de diciembre próximo, mediante una enmienda a la proposición de ley de Presupuestos, el nuevo impuesto de ‘solidaridad’ para las grandes fortunas. Con ello, se facilitará que los efectos recaudatorios tengan lugar en 2023 y 2024. Tras estos dos años, el Gobierno evaluará si lo mantiene o no. Las previsiones conocidas hasta ahora fijan en 3.000 millones de euros la recaudación prevista para el conjunto de los dos años.

El nuevo impuesto sobre grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los tres millones euros, con tres tramos: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones.

Con este nuevo impuesto, que permitirá deducir el 100% de lo pagado por el Impuesto de Patrimonio que gestionan las CC AA, el Gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros en 2023 y 2024.

En su defensa de las cuentas, Montero también rechazó las críticas al aumento del gasto en pensiones derivado de su actualización conforme a la inflación, diciendo que “no hay algo que atente más contra la equidad intergeneracional que empobrecer a quien no tiene margen contra la inflación”. “Empobrecer a los pensionistas no hace que los jóvenes cuenten con más posibilidades de futuro”, defendió Montero.

Hasta el momento, todo apunta que las cuentas de 2023 pasarán su primer trámite, tras el anuncio de Partido Nacionalista Vasco (PNV) Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu de no presentar una enmienda a la totalidad. No obstante la puerta queda abierta para la negociación política.

A modo de aviso a navegantes, el portavoz de PNV, Aitor Esteban advirtió que hasta el último momento puede variar el sentido de su voto podría votar en contra del presupuesto. De momento cuenta con el acuerdo para renovar la Ley del Cupo Vasco tal y como está actualmente con el indice de imputación del 6,24%.

Las otras enmiendas

La paradoja es que si las cuentas de 2023 pueden pasar sin problema este primer trámite parlamentario, recibieron verdaderas enmiendas a la totalidad por parte del Banco de España, Airef o instituciones como Funcas, o el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos pidió la desindexación de las pensiones a la inflación y que solo se incrementen las mínimas, al tiempo que se manifestó a favor de una revisión integral del gasto público y del sistema impositivo.

Para la Airef, pese a haber dado su aval, criticó sus carencias lo que limita su potencial y provoca que nazca “viciado”. Revisó su estimación de crecimiento real al 1,5%, mientras que el Gobierno la tiene en el 2,1%.

El IEE centró su rechazo se centró en los elevados niveles de la presión fiscal empresarial, al tiempo que los calificó de expansivos, inflacionistas y excesivamente optimistas.

Funcas considera que con el encarecimiento del coste de la deuda se requerirá un mayor equilibrio de las cuentas públicas, al tiempo que adelanta que la economía entrará en ‘recesión técnica’ en el último trimestre de este año y el primero de 2023, tras registrar una caída del PIB del 0,4%.

 

Desatascar las obras públicas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, también ha avanzado este miércoles que en breve el Gobierno aprobará una orden para ampliar la revisión de precios en la obra pública a más materiales, algo que va "mejorar" la ejecución presupuestaria porque algunas de las obras están paralizadas justamente por el incremento que ha sufrido el coste de materiales.

"Es algo que ya hicimos sobre algunos de materiales", ha recordado la ministra de Hacienda este miércoles en el debate a la totalidad en el Congreso de los Diputados de las cuentas públicas de 2023, después de que el diputado del PDeCAT, Ferrán Bel, le haya pedido "autocritica" por la "deficiente" ejecución presupuestaria.

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