La semana laboral de cuatro días o de cuatro minutos

Promover ese modelo de jornada conlleva elevar un 20% la productividad de las empresas para compensar la medida, algo que ahora mismo es inviable

En la última semana se ha vuelto a reabrir el viejo debate de la semana laboral de cuatro días como una iniciativa brillante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. De hecho, el Gobierno ha asignado un presupuesto de 50 millones de euros para hacer una prueba piloto en varias empresas que aún tienen actividad. En el mundo hay casos contados donde se ha hecho este experimento y, como se dice en estadística, los datos pueden servir para iluminarnos o para apoyarnos, todo depende de la orientación que quiera dar el investigador a los resultados, ya no digo si quien investiga tiene fuertes condicionantes ideológicos.

Nuestro país y nuestro tejido productivo no está ahora para experimentos que además habría que hacerlos con gaseosa. Con cifras de paro del 16,2% y estimadas para este año en el 17%, junto con 740.000 empleados en ERTE, empresas al borde del concurso de acreedores y unos fondos de recuperación que nadie sabe cuándo ni como llegarán y a quienes beneficiarán, no parece el momento más oportuno para debatir este tema.

El primer aspecto que se pone sobre la mesa es el de la productividad, que en el caso de España es muy baja en comparación con las economías de nuestro entorno, de hecho, ha disminuido durante 2020, lo que significa que producimos menos en el mismo periodo de tiempo. Pero promover una jornada laboral de cuatro días conlleva aumentar un 20% la productividad de las empresas para compensar la medida, algo que ahora mismo parece inviable. De igual forma, debemos ser conscientes de que no todos los modelos de negocio pueden mejorar la productividad o simplemente funcionar solo durante cuatro días, al menos sin mermar sus ingresos, sea el caso de un bar, una farmacia, un hospital, y así una larga lista.

Si la medida no lleva aparejado un aumento de la productividad, necesariamente tendrían que bajar un 20% los salarios para mantener el statu quo, lo que conllevaría un menor crecimiento económico, menores rentas para las familias y desincentivos para los inversores, además de menores ingresos para las arcas públicas. Bien es cierto que la penetración de las nuevas tecnologías puede permitir no solo mejoras en la productividad, sino mayor eficiencia a la hora de producir, reduciendo costes.

Ahora bien, si lo que se pretende es que esta propuesta la paguen los empresarios, es decir, mantener el salario trabajando menos días y, además, aumentar la contratación para suplir la falta de personal el resto de la semana, sería una jugada maestra para el Gobierno, tendría más votos, más ingresos fiscales y contribuciones y mejoraría significativamente la cifra del paro. El pequeño inconveniente que tiene esta medida es que sería letal para muchas empresas, sobre todo las pequeñas.

Por otro lado, se combina la reducción de las jornadas mientras que se obliga por ley a fichar en las empresas, algo inaudito en el siglo XXI, pues se sigue promoviendo la cultura del presencialismo, una práctica muy arraigada en nuestro país (igual que ir a desayunar a media mañana) perpetuando una cultura empresarial donde muchos empleados se van a casa cuando lo hace el jefe, mientras están navegando por internet.

Mientras que en las empresas no haya un cambio cultural radical donde se extermine el criterio de presencialidad y se sustituya por una cultura orientada a los resultados, será difícil perseguir jornadas laborales más cortas. A fin de cuentas, el empresario que busca mejorar sus ingresos debería ser indiferente si se consigue con mayor o menor presencia del empleado en el puesto de trabajo, pues hoy con las nuevas tecnologías ya podemos hacer reuniones virtuales sin necesidad de ir a la oficina e incluso mejorar la conciliación laboral y familiar. De esta manera, si una persona es capaz de hacer su trabajo en cuatro minutos y cumplir sus objetivos, podría dedicar el resto del tiempo a lo que considere oportuno cobrando el mismo salario, pero lo que no podemos pretender es implantar el menos por más en un país donde el paro es estructural y el mercado laboral muy rígido. Algunas ocurrencias pueden salir muy caras si no se analizan adecuadamente, sobre todo si el sobrecoste sale del bolsillo de los ciudadanos y no de quien promueve la iniciativa, alguien que en muchos casos no ha gestionado una empresa o bien no ha trabajado en el sector privado nunca. Peor aún si es el precio de un peaje político.

Algunos estudios afirman que una semana laboral más corta mejora la eficiencia del trabajador, multiplica su rendimiento y emocionalmente se siente mejor, pero si es así, entonces podríamos llegar al absurdo de promover la semana laboral de cuatro minutos, todo felicidad y armonía. Seamos cautos, no empecemos la casa por el tejado y busquemos primero inocular la orientación a resultados en nuestra cultura.

Juan Carlos Higueras es Analista económico y profesor de EAE Business School