El Covid-19, ¿puede retrasar los objetivos medioambientales?

El avance o retroceso de la agenda climática dependerá de cómo se diseñen los paquetes de rescate y si están alineados al Acuerdo de París

Belén Trincado / Cinco Días

El coronavirus ha puesto en jaque las políticas climáticas. No solo la actividad legislativa se ha visto ralentizada entre enero y abril por el confinamiento, también se ha aplazado a noviembre de 2021 la cita mundial más importante y emblemática, la COP26 de Glasgow. Por eso, ante la ausencia de medidas en este periodo y el temor a un retroceso en plena emergencia climática –declarada por el Gobierno hace cuatro meses–, el debate ahora es cómo superar esta crisis y si los paquetes de reconstrucción estarán alineados con el Acuerdo de París. El reclamo global (de científicos, políticos, empresarios, organizaciones civiles...) es que la salida del túnel sea verde. Europa y España apuestan por esta vía.

“Hay una tensión evidente entre dos caminos opuestos: los que quieren utilizar esta crisis para desmantelar los avances medioambientales, como [el presidente de EE UU, Donald] Trump, [el presidente de Brasil, Jair] Bolsonaro y los Gobiernos de derechas en Andalucía o Madrid, negando las enseñanzas sobre nuestra interdependencia con el entorno y la biodiversidad, que actúan de escudo contra pandemias y a favor de nuestra salud, y los que la vemos como un punto de inflexión para aprender de los errores del pasado. Este es el gran debate de la reconstrucción: involución hacia un pasado insostenible e injusto o evolución hacia un futuro más sostenible y solidario”, señala Florent Marcellesi, coportavoz de Equo y exeurodiputado de los Verdes Europeos.

En Europa se debate que las ayudas a empresas incluyan a cambio metas ecológicas

Lara Lázaro, investigadora de cambio climático del Real Instituto Elcano, apunta que, precisamente, en Europa y España se discute cómo se van a poner en marcha los planes de rescates pos-Covid y qué condiciones van a tener si se quiere cumplir con las metas ambientales en un contexto muy complicado a nivel social, sanitario, económico, con mucha gente en paro y un shock externo de oferta y demanda.

“Esos paquetes de es­tímu­los sin precedentes, ¿podrían ayudarnos a hacer la transición a la que nos hemos comprometido?; ¿podrían apoyar a sectores y empresas que son grandes consumidores de energía o emisores de gases de efecto invernadero sin condicionalidad, agravando el cambio climático, o se les puede pedir a cambio planes de transformación hacia un modelo hipocarbónico? Y si no se cumplen, ¿cómo se puede recuperar el dinero otorgado?”. Son las cuestiones que están sobre la mesa, según Lázaro, también profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza Superior (CES) Cardenal Cisneros.

Air France-KLM reducirá un 50% el CO₂ en 2024 tras recibir recursos del Estado francés

Francia ha sido uno de los países que ha puesto “precio climático” al rescate de Air France-KML (la actividad aérea ha sido una de las más golpeadas por el virus y está entre las más contaminantes), cita Marcellesi. A cambio de la ayuda pública de 7.000 millones de euros, la aerolínea se ha comprometido a recortar un 50% las emisiones de CO2 de sus vuelos nacionales en 2024, a disminuir en ese mismo porcentaje los gases por pasajero y kilómetro en 2030 y a suprimir los vuelos domésticos donde haya una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media de trayecto. “No puede haber rescate sin condiciones ecológicas”, considera.

Acciones deseables

La Universidad de Oxford publicó a principios de mayo el informe ¿Los paquetes de recuperación fiscal del Covid-19 acelerarán o retrasarán el progreso sobre el cambio climático?, que recoge las perspectivas de 231 economistas, oficiales de bancos centrales, ministros de Finanzas y representantes de 53 países, incluidos todos los del G20, sobre las ayudas aprobadas para paliar el impacto de la epidemia (ver gráfico).

Los encuestados analizaron en total 700 políticas de estímulos adoptadas en la crisis de 2008 y en la actual, y seleccionaron 25 (6 de rescate y 19 de recuperación) tanto por su impacto positivo en el clima como en la economía a largo plazo. El consenso en esta ocasión, según las conclusiones del estudio, es que las inversiones renovables, de infraestructuras verdes, eficiencia energética, I+D, educación y sanidad son las que más favorecen a la economía y al planeta, y que deberían tomarse en cuenta en el diseño de estos paquetes.

Las políticas renovables, de eficiencia energética y de I+D favorecen al PIB y al planeta

“A un país como España, que espera una bajada del PIB de más del 9% este año, con una tasa de desempleo del 16%-20%, que son cifras muy malas, nos puede venir bien. En concreto, las renovables, la eficiencia energética y la electrificación del transporte. Si vamos a asignar el dinero, debemos tener estas variables en cuenta si queremos que nuestro modelo de desarrollo esté alineado con el que se está forjando en Europa: digitalización y neutralidad en carbono”, alega Lázaro.

En la senda verde

La Comisión Europea ha dado dos pasos relevantes en esta línea. El primero, el envío en marzo pasado de la Ley Europea del Clima al Parlamento y al Consejo, que emana del Pacto Verde impulsado por su presidenta, Ursula von der Leyen, y que busca lograr emisiones netas cero en 2050 y recortar los gases de CO2 el 50%-55% en 2030, frente al 40% actual.

“La neutralidad climática es esencial para la resiliencia, el crecimiento y la prosperidad a largo plazo de Europa. Los retos medioambientales no han desaparecido con el Covid-19. Implementar el Pacto Verde es más relevante que nunca”, comentan desde el servicio de portavoces de la Comisión.

Un activista contra el cambio climático, durante una protesta, el pasado 4 de mayo, en la isla de St. Ives (Cornualles, Reino Unido).Getty

Y el segundo, la presentación el miércoles de la semana pasada de un presupuesto de 1,85 billones para 2021-2027, que incluye un ambicioso plan de recuperación sin precedentes de 750.000 millones. “El 25 % del presupuesto a largo plazo de la UE está destinado a actividades para la digitalización y el Pacto Verde. Pero, para apoyar dicha transición, la Comisión ha propuesto reforzar el Fondo de Transición Justa hasta los 40.000 millones”, añaden.

“Las medidas para atender la crisis no son contradictorias ni ponen en juego las políticas climáticas. Muchas de las inversiones que contempla el PNIEC [el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español] o el Pacto Verde [europeo] vendrán del sector privado. Los recursos públicos destinados para mantener el empleo, luchar contra la desigualdad y la pobreza no compiten con los privados”, arguye Natalia Fabra, catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III.

Para esta economista, centrada en energía y medio ambiente, “de nada sirve quedarse en las actividades del pasado porque ya no van a tener demanda”, en referencia a los fabricantes de vehículos de combustión o a las empresas generadoras de energía con combustibles fósiles.

Avances nacionales

Mientras que España ha retomado el impulso, dando pasos importantes en esta dirección. El Ejecutivo remitió en mayo al Congreso el esperado anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que fija también la descarbonización en 2050, tras su visto bueno en el Consejo de Ministros. “Es el modelo de prosperidad, estabilidad y recuperación que queremos ver adelante”, defendió la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior.

El borrador ha suscitado, sin embargo, críticas de organizaciones civiles, ecologistas y partidos políticos, por su menor ambición no solo respecto a los objetivos del PNIEC, sino, sobre todo, porque se aleja de la ciencia –la ONU pide un recorte anual del 7,6%–.

Cifras

20% es el recorte de emisiones de carbono para 2030 fijado en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático enviado al Congreso. En el PNIEC es del 23%.

55% es la meta de reducción de CO2 que propone ahora la Comisión Europea en su borrador de Ley Europea del Clima, remitida al Parlamento y al Consejo, frente al 40% actual.

“Propone reducir un 20% las emisiones de CO2 en 2030 [en el PNIEC es del 23%], cuando necesitamos recortar, al menos, un 55% en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2040 si queremos afrontar esta emergencia”, lamenta Marcellesi. O que la generación de electricidad con renovable sea del 70%, cuando el PNIEC la fija en el 74%, entre otros. La esperanza es que la ambición crezca en la tramitación parlamentaria.

Y esta misma semana, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que contempla un impuesto de 0,45 euros por kilogramo de envase, con el que prevé recaudar 724 millones al año, y el veto a los plásticos de un solo uso; además de la Estrategia Española de Economía Circular a 2030. Se espera su entrada en vigor en 2021. Con estas iniciativas, España busca que la recuperación económica sea verde y no marrón.

Un niño pasea en bici por la senda verde del valle de Leizarán, entre Gipuzkoa y Navarra.Getty

En el foco

España. La investigadora del Real Instituto Elcano Lara Lázaro afirma que, salvo Vox, “hay un consenso político, empresarial y social fuerte para aprobar la Ley de Cambio Climático”, pese a las diferencias, “por poco”, en las metas de recorte de emisiones. De hecho, PSOE y Unidas Podemos pactaron en mayo elevar la ambición en la tramitación parlamentaria, en línea con el PNIEC. Ecologistas como Greenpeace lo ven aún insuficiente. La economista Natalia Fabra cree que hay que poner el énfasis en las medidas que se van a adoptar para alcanzar esos objetivos. El borrador incluye como novedad la creación de un comité de expertos, como en Reino Unido, que informará sobre los objetivos climáticos con criterio científico, destaca Lázaro. “Es una buena noticia, siempre que sea independiente y tenga financiación suficiente”, advierte.

 

Europa. Las discusiones sobre el anteproyecto de la Ley Europea del Clima siguen su curso en el Parlamento y el Consejo. Se espera una primera votación en julio en la Comisión de Medio Ambiente y otra en la sesión plenaria de septiembre, según fuentes comunitarias.

Cumbre del clima. Sobre el aplazamiento de la COP26, pautada ahora del 1 al 12 de noviembre de 2021, Lázaro opina que, en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica, no había capital político suficiente para sacar adelante las reglas de juego del artículo 6, del mercado de carbono, uno de los puntos pendientes de la COP25 de Madrid. Fabra es más pesimista al respecto. “Es muy difícil llegar a un acuerdo, lo hemos visto en las cumbres precedentes. El problema del cambio climático es lo que denominamos en economía el dilema del prisionero: todos queremos que se reduzcan las emisiones, pero preferimos que sea otro el que las recorte. El equilibrio del juego es que nadie lo hace”.