Las renovables aplauden la ley del clima pese a que aligera los objetivos del PNIEC

El consejo de ministros remite a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático que fija la descarbonización en 2050

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Chema Moya (EFE)

Como estaba previsto, el Consejo de Ministros remitió ayer a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica. El texto legal, cuyo primer borrador se remonta al otoño de 2018, durante la minilegislatura del primer Gobierno de Pedro Sánchez.

 Ya fuese para tantear a la opinión pública, lo cierto es que aquel primer texto resultó muy polémico para ciertos sectores, como el del automóvil, pues aspiraba a lograr emisiones cero en 2025, la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2040 y de circular a partir de 2050. Los problemas para formar Gobierno y la celebración de dos elecciones generales, con la consiguiente paralización de la vida parlamentaria, retrasó la tramitación de una ley que llega al Congreso en pleno estado de alarma por la pandemia de covid-19.

Los objetivos de la norma llegan muy aligerados, no solo respecto a los primeros borradores (hace tiempo que se cambió el objetivo de emisiones cero para 2050 por el de emisiones netas cero, que se balancea con los proyectos de captura de CO2), y respecto al automóvil, no se habla de motor de combustión, sino de emisiones directas de carbono.

El proyecto, con una extensa exposición de motivos de 25 páginas, también incluye objetivos de descarbonización menos ambiciosos que los del propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que es el que marca los compromisos ante la Unión Europea. Así, frente a un recorte de emisiones del 23% en 2030 que incluye este plan, la ley fija un 20%. Y mientras esta establece un incremento de la generación de electricidad con renovables del 70%, en aquel figura un 74%.

A pesar de este menor esfuerzo, las asociaciones de renovables, como UNEF o APPA, celebraron la tramitación de la primera ley del clima en España. APPA la calificó de “hito” y una oportunidad de empleo. Por su parte, UNEF valoró positivamente el texto, porque “define un marco institucional claro y estable”. Pese a que el ministerio ha eliminado un volumen fijo de subastas de megavatios de renovables al año (estaban previstos, al menos 3.000), estas asociaciones valoran sobre todo el cambio de mecanismo de subasta (por producción y no por inversión) que se harán por tecnología.

UNEF aplaude el impulso a la hibridación, que permitirá mantener el punto de conexión de instalaciones ya existentes que incorporen otra tecnología (por ejemplo, un parque eólico y una fotovoltaica). Más crítica ha sido la Fundación de Renovables, que pide más ambición en los objetivos.

Por su parte, la asociación de las grandes distribuidoras eléctricas (Aelec) ve la ley como una oportunidad para contribuir, con las inversiones verdes, a la recuperación económica y la electrificación de la economía. También el ministerio que dirige Teresa Ribera, considera que el proyecto permitirá a España aprovechar las oportunidades de la transición.

Por contra, las petrolera agrupadas en AOP (Repsol, Cepsa, BP, Galp, Eni y Saras) han criticado que la ley no incluya medidas para fomentar los ecocombustibles en todos los modos de transporte, a pesar de que la UE reconoce esa opción para reducir las emisiones de CO2 con carácter inmediato.

En declaraciones a Efe, el director general de AOP, Andreu Puñet, ha explicado que no comparte que en el ámbito de la movilidad la ley "apueste solo por la electrificación" y ha advertido de que, si no se tienen en cuenta las emisiones "del pozo a la rueda", es decir las que se producen en la fabricación, uso y gestión de los vehículos eléctricos, "nos estamos haciendo trampas al solitario".

 Aunque el objetivo de reducción de emisiones de la UE (40%) para 2030 podría parecer mayor que el que plantea España (un 20% en el proyecto de ley del clima que ha entrado en el Congreso), el de España es superior. ¿Por qué? Porque mientras la UE ha logrado recortar las emisiones en un 23% respecto a 1990 (año base) en España han subido un 18%, por lo que el recorrido hasta el objetivo final es mayor. La ley prohíbe la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional e impone las estaciones de servicio la instalación de puntos de recarga eléctrica en función de su tamaño. La nueva norma obliga al Estado a privatizar las acciones en empresas de energías fósiles y da potestad a la CNMC sobre operaciones de REE y Enagás.