El pacto para derogar la reforma laboral hace saltar por los aires el diálogo social
Los empresarios montan en cólera y suspenden todas sus reuniones con el Gobierno a la espera de recibir explicaciones por el pacto con EH Bildu
“Hemos suspendido, por ahora, todas las reuniones de diálogo social con el Gobierno hasta que nos den explicaciones sobre lo que han firmado con EH Bildu”, aseguraba ayer por la tarde el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en declaraciones a Cinco Días. Los empresarios montaron ayer en cólera tras saber que, el miércoles, el Gobierno había acordado con los independentistas vascos la derogación “integra” e inmediata de la reforma laboral.
Horas después de trascender el pacto, El PSOE “aclaró” que dicho acuerdo no recogía la derogación total de la reforma sino solo la eliminación de sus aspectos más lesivos, tal y como había pactado ya con Unidas Podemos en el acuerdo de formación de Gobierno.
Sin embargo, a primera hora de ayer el vicepresidente de Políticas Sociales y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ignoraba públicamente la rectificación enviada desde Ferraz y declaraba: “Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)”.
De esta forma, Iglesias se mostró muy duro en su posición en una entrevista en Catalunya Radio e insistió en que: “En el acuerdo que se firma ayer entre los máximos responsables, ese es el acuerdo. Después cada partido podrá decir lo que quiera. Pero los documentos firmados, el acuerdo entre tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado es eso”.
Para Garamendi “el Gobierno es uno” e Iglesias está en el Ejecutivo, por lo que los empresarios aseguraban ayer no saber a qué atenerse ante la falta de explicaciones sobre el asunto por parte del Ejecutivo.
Eso llevó a los empresarios de CEOE-Cepyme a anular unilateralmente la reunión que tenían en la tarde de ayer con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para conocer el diseño del Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno quiere aprobar en un Consejo de Ministros de mayo y hacia el que los patronos ya habían mostrado sus reticencias.
“No entendemos que, en el momento tan complicado que vivimos hayan hecho esto, cuando además acabamos de empezar a negociar la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio”, decía Garamendi en relación al primer encuentro de la comisión tripartita de seguimiento del acuerdo para renovar los ajustes temporales de empleo que firmaron los agentes sociales y el Gobierno en Moncloa hace solo diez días.
Además del propio contenido del acuerdo respecto a la derogación de la reforma laboral, el máximo líder empresarial arremetió ayer contra el punto de este pacto “que dice que sea EH Bildu el que fiscalice qué hace el Gobierno en materia laboral”, criticó Garamendi.
Todo esto llevó a los empresarios a emitir un comunicado en el que califican el acuerdo con EH Bildu como “un desprecio indignante al diálogo social, que dinamita; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales (...) en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario”.
Así, fuentes empresariales resumían ayer que “pocas veces se ha visto este nivel de indignación unánime en esta casa”.
Por su parte, los líderes de los sindicatos CC OO y UGT –que también desconocían el protagonismo que tenía la derogación de la reforma laboral en el pacto con Bildu– llamaron ayer a la calma para que no se rompiera el diálogo social. El primero en hacerlo fue el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien pidió a las patronales “mucha mesura”, “moderación y tranquilidad” y, sobre todo, no romper el diálogo social. Aunque horas después endurecía su posición y advirtió a CEOE de que “no va a sacar rédito” de su enfado por el acuerdo entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral porque “los sindicatos no irán a la mesa de negociación pensando que hay una deuda con la patronal”.
Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo fue desde el principio tajante y receloso ante el enfado empresarial y no dudo en pedir al Gobierno que “huya de voluntarismos y retome la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo”.
Aunque Sordo, también reclamó a CEOE-Cepyme que continuar con el diálogo social tripartito con el Gobierno y los empresarios sobre “la agenda de emergencia que tenemos”, en referencia a los ERTE y posibles nuevas medidas laborales.
Pero, sin duda, los empresarios tuvieron ayer en la ministra de Economía y vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, a su mejor aliada, ya que no vaciló en asegurar públicamente que “con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza [sobre la derogación de la reforma laboral] y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento”.
Es más, añadió contundente y crítica con la polémica que: “Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas y no para crearlos”.
Sánchez desconocía los detalles
Desconocimiento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de la negociación con EH Bildu para sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma, pero desconocía el detalle del acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos en el Congreso con la formación vasca, según fuentes gubernamentales citadas por Servimedia.
La voz de alerta. Tras la firma del acuerdo fue la ministra de Economía, Nadia Calviño la que alertó sobre el adjetivo de la discordia en el pacto entre el Gobierno y EH Bildu: la derogación de la reforma laboral que incluía era “integra”, algo que la propia vicepresidenta ya frenó en las negociaciones para el acuerdo de Gobierno ante las pretensiones de Unidas podemos. Después de esta advertencia de Calviño, los socialistas decidieron enviar la nota aclaratoria.
Quitar hierro. Ayer, varios dirigentes socialistas como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos o la propia portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que negoció el pacto, quisieron quitar hierro al asunto. El primero defendió la versión “matizada” y la segunda dijo que cualquier cambio se negociará en el diálogo social con patronal y sindicatos”.
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