El pacto con Bildu enfrenta a los socios de Gobierno y amenaza su estabilidad

Calviño exigió dar un paso atrás que Iglesias no asume. El Ejecutivo debilita su posición para negociar la desescalada o los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) escucha al líder de la oposición, Pablo Casado (de espaldas) durante la sesión de control al ejecutivo en el Congreso en Madrid este miércoles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) escucha al líder de la oposición, Pablo Casado (de espaldas) durante la sesión de control al ejecutivo en el Congreso en Madrid este miércoles.

El pacto alcanzado este miércoles entre el PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar “íntegramente” la reforma laboral de 2012 irrumpió por sorpresa en un difícil y ya tenso escenario político. Lo inesperado del anuncio, seguido del paso atrás del PSOE a las pocas horas y de las contradictorias interpretaciones de los ministros, no solo cuestiona la credibilidad del Gobierno, dificultando su necesidad de buscar apoyos parlamentarios, sino que pone en cuestión la unidad de los socios de coalición y la estabilidad de esta.

A pesar de que la última petición de prórroga del estado de alarma tenía garantizada su éxito con los apoyos de PNV y Ciudadanos, el Ejecutivo quiso asegurarse la abstención de la formación abertzale, aunque no era fundamental, por si algo se torcía en el último momento. Este pacto se dio a conocer después de la votación del decreto y tardó apenas unas horas en tensionar la relación de los partidos que forman el primer Gobierno de coalición.

El documento que difundió Bildu, firmado por su portavoz y por los del PSOE y Unidas Podemos, recoge que ambas formaciones se comprometen a derogar la reforma laboral del PP de forma “íntegra” antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por la crisis del Covid-19 en materia económica y laboral. Ese matiz sobre el alcance de la derogación es lo que llevó al ala más ortodoxa del Gobierno, encabezada por Nadia Calviño, a forzar al PSOE a desdecirse a última hora del miércoles para no intranquilizar a mercados y patronales.

A través de un comunicado, la formación aclaró que el acuerdo solo se refiere a la derogación de los puntos “más lesivos” de la ley. Según fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, estaba al tanto del acuerdo pero desconocía que recogía esa acotación. Sin embargo, la rectificación solo provocó un aumento de la tensión interna entre los miembros del Ejecutivo, enfrentando a los ortodoxos con los más intervencionistas, como el vicepresidente Pablo Iglesias, que ayer aseguró que lo “acordado” y “firmado” con el PSOE implica la derogación íntegra, y no parcial, de la reforma laboral, insistiendo que en que lo pactado debe ser cumplido.

Por el otro lado, los socialistas defendieron que no es una corrección sino una aclaración de lo acordado. La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, apuntó que se trata de un entendimiento que “ratifica la agenda de investidura” y que se hará con el visto bueno de los agentes sociales. El ministro de Transportes, José Luís Ábalos, suscribió sus palabras y aseguró que la única diferencia con lo ya previsto es que el documento “insta a que esa reforma se lleve a cabo lo antes posible”. Calviño, en una dura intervención, aseveró que era “absurdo” plantear esta medida en la actual situación.

Estos argumentos no convencieron ni a los miembros de Unidas Podemos ni al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que aseguró que “lo que se pacta, se cumple” y que “las notas aclaratorias no alteran los acuerdos”. Por su parte, la portavoz de la formación independentista en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pareció quitarle importancia a la nota aclaratoria del Ejecutivo, defendiendo que solo se produjo una “matización terminológica”. Afirmó así que no le preocupa demasiado porque hay “un acuerdo sobre la mesa”, y reconoció que le “parece bien” que todo “se empiece a clarificar desde el minuto uno”.

En este contexto, el Ejecutivo se enfrenta a una coyuntura política complicada ante su intención de alargar el estado de alarma hasta el final de la desescalada o frente a la posibilidad de acordar unos Presupuestos. Por un lado, si rompe el pacto con Bildu se enfrentaría al “no” de sus cinco diputados en Cámara Baja, sumado a la ruptura con ERC al no haber llegado a ningún entendimiento en toda la crisis y al de los partidos de izquierda minoritarios que cada vez toman una oposición más dura frente la gestión de la pandemia. Por otro lado, el pacto no fue muy bien recibido entre Ciudadanos y el PNV, fundamentales en las últimas votaciones del decreto, tanto por el secretismo como por el contenido.

Distintos cargos de la formación naranja acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir por pactar con Bildu y de ocultarlo al grupo, según recogió Europa Press, en tanto que el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, se opuso a la derogación del sistema vigente para volver al anterior y apuntó que le parece “un disparate absoluto” plantear ese objetivo en esta situación. Sin embargo, Bal enmarcó el polémico acuerdo dentro del pacto de legislatura e insistió en que Cs no es “socio del Gobierno”, por lo que no se cierra a seguir dialogando con él para consensuar medidas. Junto a ello, en el pacto con Bildu el Ejecutivo central también se compromete a una serie de cuestiones que benefician a Euskadi, por lo que el PNV puede verse perjudicado en plena precampaña de las elecciones vascas del próximo mes de julio.

Así, la polémica suscitó críticas por todos los frentes. Desde el PP, aseguraron que la derogación de la reforma tendrá pésimas consecuencias tanto para los ERTE, acogidos a esa ley, como para las “colas de ayuda social”, poniendo en peligro “el empleo de millones de españoles”.

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