¿Camina España hacia otra crisis de deuda pública?
Ni Gobiernos de derecha ni ahora de izquierda parecen capaces de solventar el problema
En 2007 España tenía un superávit fiscal del 2% del PIB y había bajado la deuda pública neta hasta el 22% del PIB. El problema era el endeudamiento privado de empresas y familias canalizado a través del sistema bancario y concentrado en créditos vinculados a la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria fue acompañada de un boom de construcción de viviendas y de crédito que generó un aumento de los ingresos públicos. Moncloa, ayuntamientos y comunidades autónomas asumieron los aumentos de ingresos como permanentes y aumentaron el gasto estructural. El gasto público, eliminando el efecto cíclico y el pago de intereses, pasó del 36% del PIB en 1998 hasta el 41% en 2009.
La burbuja inmobiliaria española pinchó en medio de la peor crisis financiera global en 80 años y tuvo efectos devastadores sobre el empleo y la actividad económica. Los ingresos públicos, eliminando el efecto cíclico, bajaron seis puntos de PIB. Un déficit público elevado junto a la intensidad y la duración de la crisis generó un fuerte aumento de la deuda pública. Solo el efecto de la caída de los ingresos fiscales derivados del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 10 años de crisis ha supuesto un aumento de 60 puntos de PIB en deuda pública.
En 2009, el FMI, en su informe de perspectivas de otoño, recomendó a los países iniciar una estrategia de salida para la política fiscal anticíclica aplicada durante la gran recesión. Recomendaba no aplicar ajustes fiscales estructurales superiores a un punto de PIB y acompañarlos con políticas monetarias expansivas y compras de deuda de los bancos centrales para evitar episodios de inestabilidad financiera que forzaran a los países a hacer ajustes fiscales más intensos.
Obama, en EE UU, siguió la recomendación y aplicó un ajuste fiscal gradual. Merkel y la Comisión Europea tomaron el camino equivocado con ajustes fiscales bruscos que intensificaron las fugas de capitales y volvieron a meter a la economía europea en recesión en 2012. La llegada de Rajoy y su torpeza en la gestión de la crisis bancaria provocaron una brutal fuga de capitales del 25% del PIB en el primer semestre de 2012. Tuvo que pedir el rescate financiero y la troika forzó a España a hacer un ajuste fiscal de seis puntos de PIB en 2012 y 2013, el triple de intenso de lo que recomendaba el FMI.
En 2013 la troika reconoció sus errores y permitió un ajuste fiscal gradual a los países. Y en 2015 el BCE inició un programa de compras de deuda pública que la Reserva Federal de EE UU había ejecutado cinco años antes. En abril de 2015, el Gobierno de Rajoy envió a Bruselas su Programa de Estabilidad donde esperaba que la economía creciera al 3% hasta 2018 y se comprometía a reducir el déficit al 0% y la deuda pública al 93% del PIB. La realidad es que con crecimiento del 3% desde 2015 y sin que el Gobierno de Sánchez haya tomado aún ninguna medida fiscal, el déficit público de España cerrará este año próximo al 3% y la deuda pública en el 98% del PIB. España ha desaprovechado las compras de deuda del BCE para reducir el déficit y deja una desviación de 55.000 millones de euros de deuda pública que pagaremos los españoles con impuestos en el futuro.
Desde 2015 España tiene fragmentación en el Parlamento, lo cual ha dificultado el ajuste fiscal y la reducción de la deuda pública. En la campaña de 2015 Rajoy ejecutó una reducción de impuestos que aumentó el déficit estructural y en los Presupuestos de 2017 y 2018 tanto el PP como Ciudadanos, PNV y los partidos canarios exigieron bajadas de impuestos o aumentos de gasto que han aumentado el déficit estructural. Y el PSOE y Podemos criticaban que eran escasas y pedían un aumento del déficit estructural mayor.
Este año España cumplirá el Pacto de Estabilidad al cerrar con un déficit inferior al 3% del PIB y estrena el mecanismo preventivo que se basa en el presupuesto equilibrado en el ciclo que proponían los keynesianos. La Comisión exige un ajuste del 0,6% del PIB y el Gobierno ha comprometido en Bruselas un ajuste del 0,45%. La senda nominal que se negocia en el Congreso deja de ser relevante y el examen será sobre las medidas concretas del ajuste. El Gobierno únicamente ha reconocido la desviación del déficit de 2018 y ha mantenido la senda anterior intacta.
Por lo tanto, aún no ha presentado el ajuste estructural que ya ha comprometido. Pero ha iniciado la negociación del Presupuesto con Podemos que le exige incumplir con Bruselas y aumentar el déficit estructural. Solo volver a vincular las pensiones al IPC supone un aumento del déficit estructural del 0,2% del PIB. En los últimos tres siglos el principal problema de la economía española ha sido la elevada deuda pública que generaban inestabilidad financiera y profundas crisis económicas. En 2019 España tiene que emitir 20% del PIB en deuda pública y no contará con las compras del BCE que ha disfrutado desde 2015. Corregir el déficit estructural es condición necesaria para reducir las emisiones de deuda y enviaría una señal a los inversores de que asumes que tienes un problema y que tienes una política económica diseñada para solucionarlo.
Gobiernos de derechas desde 2015 y ahora Gobiernos de izquierdas no están siendo capaces de reducir la deuda pública. ¿Volveremos a tener que reducirla forzados por una fuga de capitales y con otra crisis económica como sucedió en 2012 y en los últimos 300 años? Veremos.
José Carlos Díez es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá.
