Los tres escenarios políticos para Cataluña

Todo pasa por unas elecciones. Pero no es igual que las convoque Puigdemont a que lo haga Rajoy desde Madrid

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Miembros de la Mesa de la Izquierda Independentista durante la presentación de la campaña 'República AHORA'.

La decisión que hoy tome el president rebelde de Cataluña condiciona el devenir de la política en Cataluña y en España para los próximos meses, años quizás, y por supuesto el de la actividad económica. No es lo mismo elegir caminos despejados de desconfianza que senderos minados de conflicto. No es lo mismo. No es lo mismo convocar elecciones autonómicas y quitarse de en medio que mantener la declaración difusa de independencia y activar elecciones constituyentes. No es lo mismo dejar la Generalitat en manos de un Gobierno delegado alumbrado por el 155 de la Constitución y convocar elecciones a la brava, que suspender una parte de las competencias y al president y abrir una negociación real que desemboque en elecciones autonómicas en el medio plazo. No es lo mismo. Las consecuencias serán graves en todo caso, porque la apuesta secesionista ha ido demasiado lejos y parece que cuanto más allá vaya, más cuesta parar. Se trata de usar la vía con la solución menos mala entre las malas.

Supongamos que Puigdemont convoca elecciones autonómicas. Es la fórmula más diáfana para volver a la legalidad sin pasar por el sonrojo de admitir ante unos que ha declarado la independencia, aunque sea por una veintena de segundos para después firmarla fuera del pleno del Parlament, y ante otros que no lo ha hecho y que no está en disposición de mantenerla. Es una opción que varios políticos catalanes han susurrado al oído del ex alcalde de Girona, muchos de ellos del PDCat, pese a que la expectativa electoral de la antigua Convergència es la peor de su historia, con riesgo real de pasar a la insignificancia parlamentaria. Es la vía para mantener una autonomía muy reconocida e histórica, renunciando al ilusorio Estado catalá.

Unas elecciones autonómicas regulares darían la voz a todos los catalanes, y proporcionaría la vía más admitida por todos ellos, sin injerencias adicionales del Estado. Generaría alivio en los colectivos unionistas y una mezcla de rechazo y melancolía en los indepes, seguramente porque consideran que la historia no da muchas ocasiones de disponer de un Parlamento con mayoría secesionista, aunque se haya construido con la alianza antinatura de la aristocracia nacionalista y los totalitarios antisistema.

Con los electores unionistas muy movilizados, las candidaturas independentistas tienen muy complicado reeditar su triunfo. En tal caso, y siempre que se produjese un ejercicio de unidad en los constitucionalistas, los nacionalistas serían desalojados de la administración, como lo fueron en el País Vasco tras el atrevimiento del lehendakari Juan José Ibarretxe con su Estado Libre Asociado, que al menos tuvo el detalle de pasar por el Congreso. Un sacrificio, salir del Gobierno, que bajará la temperatura al nacionalismo por mucho tiempo, como en el País Vasco, y que en este caso, como en el País Vasco, está en manos de los socialistas. Situado siempre en posiciones ambiguas, el PSC, con un descarado coqueteo con los soberanistas en el pasado tripartito que le ha costado decenas de miles de votos, su elección tras estas hipotéticas elecciones es clave.

Eso sí: las iniciativas que algunos poderes del Estado han tomado ya para sancionar los atropellos a la ley, y los que puedan tomar en adelante, no los parará nadie, y no pueden ser nunca moneda de cambio en un estado con separación de poderes.

Supongamos que Puigdemont mantiene la calculada ambigüedad sobre la DUI, y convoca elecciones constituyentes. En tal sentido van las peticiones públicas de Esquerra Republicana de Cataluña y de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), para lo que es preceptiva la declaración del Estado catalán en forma de República, que solo puede hacer el propio Parlament en plenario, según la ley de transitoriedad y de referéndum. Hay que recordar, no obstante, que el cumplimiento de las leyes, aunque se trate de normas creadas por un Parlament pisoteando a la democracia, es un detalle que no está entre los que respeta en estos tiempos una Generalitat montaraz.

En tal caso, el Estado activará el 155 de la Constitución (aprobación en Consejo de Ministros extraordinario y aval del Senado) con una profundidad desconocida, pero que debe suspender de competencias al president (que tendría que hacer frente a acusaciones de sedición explícita), y seguramente de todas y cada una de las consejerías, puesto que todas ellas cuelgan de un president que ha elegido a sus titulares.

Esta salida sería la más complicada de gobernar, puesto que excitaría en extremo a las fuerzas separatistas, que llevarían a la calle el conflicto, paralelo a una escalada de actuaciones judiciales que incrementarían la nómina de “políticos presos”, hasta ahora limitada a Sánchez y Cuixart. El conflicto político entraría en una fase de desorden público de incalculables consecuencias para el país, y con un deterioro externo irreparable, con efectos sobre la economía que dejarían los acontecidos hasta ahora en cosa de simples aficionados.

Parecer ser que Puigdemont maneja activar en tal caso la asamblea de alcaldes y diputados electos para intensificar el plan secesionista, y la calle estaría en manos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, y de los comités de defensa del referéndum, colectivos organizativamente transversales en los que los activistas de la CUP tendrían un protagonismo decisivo.

Supongamos que Puigdemont repite los juegos florales del lunes y resuelve el segundo requerimiento como el primero. El Gobierno tendría que echar mano del 155, aunque con un control menos vasto sobre las competencias autonómicas, limitadas a la presidencia, a los organismos encargados de la seguridad, y a las comunicaciones, además de las ya controladas de las finanzas, que están en manos de Hacienda hace semanas.

Este escenario proporciona un control administrativo, pero encubre un problema político de complicada resolución. La ulterior convocatoria de elecciones podría ser boicoteada por los nacionalistas, lo que le restaría legitimidad por muy abrigada que estuviese por las leyes. Pretender dar soluciones políticas a Cataluña con un nuevo Parlament en el que solo estuviesen Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido de los Socialistas de Cataluña, y en el mejor de los casos, los comunes, y en ausencia de los nacionalistas, es una quimera. Es una opción que generaría más problemas que soluciones, por muy quirúrgica que lo consideren tanto C’s como el PP, y con menos entusiasmo el PSC.

Para llegar a una consulta electoral integral y normalizada sería preciso recomponer el diálogo, seguramente con interlocutores alejados del radicalismo de Puigdemont, y devolver el protagonismo a los electores una vez recompuesta la silueta del partido que siempre engrasó el posibilismo con Madrid: el PDCat.

La negociación que plantea el actual president no tiene opción alguna. Amparado en un desenfrenado e impostado deseo de diálogo, el ex alcalde de Girona, para tratar de imponer los resultados de un referéndum ilegal o el trágala de la convocatoria de otro ulterior fundamentado en un derecho a decidir que no existe en ninguna Constitución del mundo, trata de ganar una batalla puramente propagandística a la que nadie desde Madrid accederá. La vía de la comisión parlamentaria no es lo mejor para quien quiere solo bilateralismo, pero es la que han dado por buena los constitucionalistas, y deberían agarrarse a ella.

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