¿Más renovables e incentivos fiscales en la ley de cambio climático?

El objetivo de la nueva norma es la descarbonización de la economía española

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el debate de la normativa celebrado en mayo. EfeEFE

Si existiera, se llamaría ley de cambio climático y de transición energética. La denominación escogida por el Gobierno para esta normativa evidencia su ambición: reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de dos años y medio, incrementar hasta un 20% la proporción de energías renovables y otro 20% la eficiencia energética. Según lo acordado en París, además, España deberá en 2050 tener una economía totalmente libre de carbono. Sin embargo, se buscaría en vano el borrador de esta ley. Anunciada en la COP22 de Marrakech seis meses, la normativa se encuentra todavía en la fase incipiente de elaboración.

“España sabrá estar a la altura del reto”, prometió la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en las jornadas que el Ejecutivo organizó a finales de mayo, con el propósito de consultar a representantes de todos los sectores sociales al respecto. El debate está aún más en vigor tras la salida de Trump del acuerdo climático.

Si en 2015 tres cuartas partes de las emisiones globales en España procedieron del uso de la energía, es evidente que este desafío incumbe en gran medida a las renovables. Por ello, la promoción del autoconsumo de estas fuentes “sin barreras” es una de las medidas claves que la norma debería incluir, según la directora de la Fundación Renovables, Laura Martín. Un objetivo contenido también en el llamado paquete de invierno, unas medidas elaboradas por la Comisión Europea sobre la transición energética que el Ministerio de Energía, sin embargo, ha criticado recientemente.

Las renovables pecan todavía de “rigidez e intermitencia”, señaló en las jornadas el titular de Energía, Álvaro Nadal.

El Gobierno sigue promoviéndolas, “pero desde la racionalidad y la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico”, destacan fuentes de la Oficina Española de Cambio Climático, quienes recuerdan la subasta del 18 de mayo de 3.000 megavatios y el anuncio del Gobierno de realizar otra próximamente.

“España se encuentra por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 el 17,3%”, unos 3,5 puntos más de lo previsto para ese año, añaden.

Las ayudas deben destinarse a la adquisición de vehículos eléctricos, además de fomentar la infraestructura de recarga pública"

Alberto Amores, de Deloitte

La reducción de las emisiones de carbono pasa también por una fiscalidad que las desincentive, según todos los agentes sociales consultados. “Hay que incluir en la ley un precio mínimo al carbono”, reclama el director general de relaciones institucionales de Acciona, Joaquín Mollinedo.

Por el contrario, los incentivos fiscales deberían destinarse “a la adquisición de vehículos eléctricos, así como es preciso fomentar la infraestructura de recarga de acceso público”, sugiere Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte.

Otra palanca es la sustitución de tecnologías contaminantes por gas tanto en el transporte como en el sector residencial y de generación. “Es fácil a corto plazo y tiene un impacto inmediato”, argumenta la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit. “España ya ha acometido inversiones en infraestructuras gasistas que permiten a día de hoy la diversidad de suministros”, aduce.

“El 25 de julio se abrirá durante 15 días un nuevo proceso de consultas”, informa el portavoz de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, quien expresa también su insatisfacción por las dos jornadas anteriores. “El debate ha sido insuficiente”, insiste. Desde la Fundación Renovables creen que la presentación del borrador tardará todavía más de seis meses.

Reclamos de los sectores

ECOLOGÍA. Preparar un calendario de cierre de industrias fósiles y nucleares, fortalecer las redes comerciales locales y de proximidad, incorporar en las normativas su impacto en el cambio climático y favorecer el transporte colectivo, la bici y el desplazamiento a pie son algunas de las propuestas de Ecologistas en Acción que señala su portavoz, Javier Andaluz.

GAS. “Los ciclos combinados, como garantes de la estabilidad del sistema eléctrico, deben ponerse en valor”, pide la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit. “Se debe facilitar el desarrollo del gas como combustible alternativo para transporte marítimo y terrestre”, añade.

COMPETITIVIDAD. Es muy importante que no se produzca una deslocalización de nuestra industria por asumir unos mayores costes de la energía durante la transición”, advierte Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte. “No hay que adoptar tecnologías que estén aún inmaduras y no sean competitivas con respecto a la alternativa convencional”, recalca.

GOBERNANZA. El director general de relaciones institucionales de Acciona, Joaquín Mollinedo, pidió implementar renovables y eficiencia no solo en generación, sino también en transporte y en los usos térmicos y de refrigeración; crear un organismo de gestión, seguimiento y reporte que informe anualmente al Parlamento sobre el cumplimiento de la ley, y fijar una metodología común a toda la Administración como criterio objetivo a la hora de priorizar entre tecnologías y medidas.

 DIÁLOGO. “Energía no escucha al Parlamento, ni a la ciudadanía, ni a las asociaciones empresariales, ni a la Comisión Europea”, lamenta la directora de la Fundación Renovables, Laura Martín. “Veremos qué podrá hacer Medio Ambiente”.