España enfría el ‘paquete de invierno’ eléctrico europeo

El Gobierno no quiere ceder competencias en fijación de tarifas energéticas Red Eléctrica cree que el objetivo de interconexión no se podrá alcanzar

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Por un lado está la altura de miras. Tras el acuerdo contra el cambio climático alcanzado hace año y medio en París por 196 países, la Comisión Europea –convencida de que le incumbe al Viejo Continente el liderazgo de este esfuerzo global– presentó a finales de noviembre un conjunto de medidas.

“Con estas propuestas, la Comisión ha abierto el camino hacia un sistema energético más competitivo, moderno y limpio; ahora contamos con el Parlamento Europeo y nuestros Estados miembros para hacerlo realidad”, dijo en aquella ocasión el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Y es precisamente ahora cuando algo puede torcerse. Porque, por el otro lado, el proceso de validación del llamado paquete de invierno acaba de empezar y España ya ha manifestado sus críticas.

“El winter package es un plan muy ambicioso”, opina el director general de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), Joan Batalla. “Un paquete que afecta al mismo tiempo, entre otros, a la eficiencia energética, las renovables, el propio diseño de mercado de la energía o la gobernanza es una buena noticia”, enfatiza el también exmiembro del Consejo Nacional de Energía (CNE).

El fin último es elevar la eficiencia energética al 30% en 2030, reducir un 40% la emisión de gases de efecto invernadero (fundamentalmente CO2) y que el 27% del consumo de energía final proceda de fuentes limpias, hasta llegar a 2050 con una producción de electricidad totalmente libre de carbono. Cumplir con estos objetivos implica una mayor penetración de las energías renovables, lo que a su vez impone una remodelación del mercado eléctrico que tenga en cuenta sus características peculiares: “Son intermitentes, con una producción variable y no totalmente predecible”, explica Batalla.

En las observaciones al paquete de invierno, según reveló CincoDías a finales del mes pasado, el Gobierno de España expuso ante Bruselas su oposición a la transferencia de importantes competencias –sobre todo la fijación de tarifas– hacia “instituciones no democráticas, que no responden ante los ciudadanos”, en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De ahí que, por el contrario, lo que propone el Ministerio de Energía es un sistema de “doble llave”. Fuentes del departamento de Álvaro Nadal señalan que esta metodología, “donde el Ejecutivo establece las directrices energéticas y el regulador los peajes, ya se aplica en otros países como Francia”. Posteriormente, indican las mismas fuentes, “el Gobierno tendría potestad para validar esas decisiones del regulador”.

Unas normas que afectan a la eficiencia, las renovables, el diseño del mercado y la gobernanza son una buena noticia
Joan Batalla, director de FUNSEAM

España parece tener en la diana también a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER, por sus siglas en inglés) cuando critica el papel de las instancias europeas por apropiarse de competencias “más allá de lo que es aceptable”.

Un punto especialmente conflictivo, en este sentido, es la creación de un mercado eléctrico europeo a través de la armonización de las tarifas de acceso a las redes entre los socios. Fuentes de Red Eléctrica de España (REE) subrayan que “este objetivo es inalcanzable debido a nuestra débil capacidad de interconexión con Francia y, por tanto, con el mercado eléctrico centroeuropeo”.

En febrero, el propio presidente Mariano Rajoy se refirió a la posibilidad de pedir financiación europea para el proyecto de electricidad del golfo de Vizcaya, sobre el que ya existe un estudio de viabilidad. También hizo referencia a los proyectos de conexiones a través de los Pirineos. “Se trabaja para poderlos presentar en 2018”, aseguran en Energía.

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Otros puntos conflictivos

Interconexión. Fuentes de Red Eléctrica de España echan de menos, en el paquete de invierno, “unos objetivos de interconexión explícitos y medidas concretas para alcanzarlos”. En su opinión, su ausencia condena a España a seguir aislada en el mercado eléctrico europeo y a no cumplir con el objetivo del 10% de capacidad de conexión en 2020, fijado por el Consejo Europeo. En la necesidad de desarrollar la interconexión incidió también, a finales de febrero, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Autoconsumo. Si en sus observaciones al winter package España admite que el autoconsumo podrá desarrollarse, pero solo hasta que sea “eficiente para todo el sistema”, fuentes del Ministerio de Energía insisten en que “hay unos costes que deben pagar todos los consumidores”. Se evitará así el “subsidio cruzado” al autoconsumo, es decir, el hecho de excluirlo del pago de los gastos que supone mantener los mecanismos de respaldo. Estos se ponen en marcha cuando los sistemas de autoconsumo interrumpen su producción debido, por ejemplo, a una meteorología adversa (es el caso de las placas solares por la noche).

Agregadores. Los agregadores –consumidores que reciben una compensación por disminuir su demanda en los momentos de oferta escasa– son una de las novedades introducidas por el paquete de invierno, actores hasta ahora desconocidos en el sistema energético español. “Este Gobierno no los rechaza, pero es necesario clarificar sus implicaciones antes de tomar una decisión al respecto”, indican en Energía.