Patronal y sindicatos refuerzan la mediación en los convenios conflictivos

Las empresas que no se sometan a este acuerdo podrán dejar decaer su convenio Piden a las partes que prolonguen las negociaciones

Un acuerdo marco”, un “pacto de buena voluntad”, una “recomendación vinculante para aquellos que voluntariamente se sometan a ella”, de estas distintas formas definían ayer varios expertos laboralistas el acuerdo firmado ayer por los máximos líderes patronales de CEOE-Cepyme y sindicales, de CC OO y UGT. El objetivo de este pacto es suavizar los posibles efectos negativos que tendría a partir del 8 de julio la aplicación de una de las medidas incluidas en la reforma laboral. En concreto, los efectos del nuevo límite a la prórroga automática e indefinida de los convenios colectivos, cuando no hay acuerdo entre las partes (conocida como ultraactividad).

La reforma laboral estableció en julio pasado que transcurrido un año después de la denuncia de un convenio, si las partes no habían llegado a un acuerdo, su contenido decae y los trabajadores afectados pasan a tener las condiciones laborales del convenio o norma de ámbito inmediatamente superior.

El próximo 8 de julio se cumplía por primera vez este plazo de un año. En esa fecha, miles de convenios cuya vigencia terminó antes del 7 de julio de 2012 y habían sido denunciados decaerían si las partes no habían logrado consensuar un nuevo convenio para entonces.

El número de afectados es indeterminado, pero según distintas fuentes podrían oscilar entre 1,5 y los 3,5 millones de trabajadores, que pasarían a ver reguladas sus condiciones laborales por los ámbitos superiores. Generalmente estas condiciones son menos concretas y peores para el trabajador. Es más, si el trabajador afectado por esta pérdida de vigencia del convenio no tiene un acuerdo de ámbito superior, se le aplicaría el Estatuto de los Trabajadores.

Esto podría generar una elevada conflictividad en el seno de las empresas y los sectores. De ahí que las cúpulas patronales y sindicales hayan llegado al acuerdo firmado ayer.

Dicho todo esto, ¿a quién y cómo afecta este pacto? Fuentes de uno de los principales despachos laboralistas que estudiaron ayer este punto, explicaron que su alcance depende de su naturaleza jurídica “y que no es de fácil resolución técnica”. De esta forma, lo pactado es un acuerdo de la comisión de seguimiento del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que se incorpora en forma de apéndice. Por tanto, según estas fuentes, lo pactado forma parte de un “acuerdo obligacional”, pero solo “para aquellos que voluntariamente lo incluyan en sus convenios”.

Así –y solo para quienes se sometan de forma voluntaria a este pacto– el texto firmado ayer establece que las partes, una vez que se ha cumplido el año de conversaciones para intentar renovar el convenio “deben” seguir negociando para llegar a un acuerdo. Y si se constata que este es imposible, “deben” someter el conflicto a un proceso de mediación. Si bien estas fuentes precisan que ante un proceso de conflictividad en un convenio todos los negociadores están obligados por el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) a someterse a esta mediación, por lo que lo firmado ayer sería un refuerzo de esta obligación. Pese a todo, incluso para aquellos que lleguen a un proceso de mediación, cualquiera de las partes puede no aceptar la resolución y dejar que el convenio decaiga.

Aunque por lo general, las organizaciones sectoriales ya sean patronales o sindicales de ámbitos superiores a la empresa (provinciales, autonómicos y estatales) –y que negocian las condiciones laborales de la inmensa mayoría de los trabajadores– están ya adscritas al II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y, por lo tanto, estarán sometidas a lo pactado ayer.

Otra cosa es lo que puede ocurrir con los convenios de empresa. En esos casos, el empresario podrá eludir perfectamente lo firmado ayer, asegura el laboralista, Daniel Cifuentes, de Olswang. “Con este acuerdo han intentado lograr un efecto placebo y que no parezca que desaparece todo tras el 8 de julio, pero nada más”, añade.

Los resultados son aún inciertos

En los últimos meses los responsables sindicales han acusado reiteradamente a los empresarios de bloquear intencionadamente la negociación colectiva intentando llegar a la fecha del 8 de julio para que decayera el contenido del acuerdo colectivo que tuvieran entre manos. Sin embargo, desde la patronal se ha negado en todo momento esta situación. Es más, algunos, dirigentes empresariales han reconocido que tampoco a ellos les interesaría llegar a una situación de pérdidas de vigencia de convenios de forma masiva. Primero porque esto llenaría de conflictividad las empresas y, segundo, porque los convenios sectoriales sirven a las empresas para ordenar la competencia entre ellas dentro de un sector o una zona geográfica.

Esto ha llevado al pacto firmado ayer para intentar suavizar los efectos negativos del fin de la ultraactividad. “No hay tantos convenios que estén en efervescencia y tengan problemas, pero haberlos, haylos (...) y vamos a poner agua para que estos incendios se apaguen”, decía el presidente de CEOE, Juan Rosell. Pero lo firmado ayer no deja de ser un conjunto de recomendaciones a los negociadores con mayor o menor vinculación en función de quienes se adhieran o no al acuerdo de negociación colectiva. De ahí que los expertos laboralistas consultados ayer coincidieran en asegurar que los resultados de este acuerdo son muy inciertos y no pueden predecirse.

Además, aseguraron que el pacto no evitará que muchos convenios, sobre todo de empresa, decaigan. A partir de ahí, se abre otra gran incógnita:cómo resolverán los tribunales esa nueva situación. Pero para eso aún faltan meses o incluso varios años.