Intel en la cuerda floja: ¿peligran los programas de chips de EE UU y la UE?
Las olas de este tsunami llegarán también, si es que no lo han hecho ya, a las playas de la geopolítica
La jornada del 1 de agosto de 2024 pasará a la historia de Intel como su peor día en términos de rendimiento bursátil. El valor de las acciones de la compañía experimentó una disminución del 26%, la mayor desde que se comenzó a registrar su cotización diaria en 1982. Esta caída provocó una onda expansiva que afectó a todo el índice Philadelphia SOX, que reúne a las 30 principales empresas del sector de los semiconductores, que registró un descenso del 11%. Pero las olas de este tsunami llegarán también, si es que no lo han hecho ya, a las playas de la geopolítica.
Recapitulemos. En el escenario post pandémico, se produjo una quiebra de las cadenas de suministro de chips que puso en jaque a una parte relevante de la industria estadounidense y europea. La escasez provocó la detención temporal de muchas líneas de manufactura, especialmente en el sector del automóvil, el cual, solo en Europa, perdió 100.000 millones de euros entre 2021 y 2022. Estados Unidos y Europa llegaron a la conclusión de que, para evitar que futuras perturbaciones tuvieran un impacto de similar magnitud en su economía, era imprescindible reforzar la producción de chips dentro de sus respectivas fronteras. Como consecuencia, la Casa Blanca y las instituciones comunitarias aprobaron sendas Leyes de Chips, normativas destinadas a incentivar la inversión privada necesaria para alcanzar dicho objetivo.
Los proyectos de los estadounidenses y europeos se estaban ejecutando de manera satisfactoria. En junio, la Ley de Chips de EEUU había movilizado ya proyectos valorados en 300.000 millones de dólares hasta 2028, gracias a ayudas públicas valoradas en 53.000 millones de dólares. Por su parte, la Comisión Europea estimó el año pasado que la UE y sus Estados miembros, con ayudas de 43.000 millones de euros, habían incentivado iniciativas valoradas en más de 100.000 millones. Intel era uno de los pilares centrales de este esfuerzo, al ser el único socio industrial que podía garantizarles no solo la fabricación dentro de sus fronteras sino también un control tecnológico por parte de una empresa occidental.
Adicionalmente a los proyectos que la compañía californiana ha dado por concluidos recientemente, Intel se ha comprometido a crear o ampliar antes de 2028 cuatro centros de fabricación en EE UU con activos valorados en 100.000 millones de dólares, dos centros en Alemania con un coste total de 33.000 millones de euros y una línea de empaquetado en Polonia con una inversión prevista de 4.700 millones de euros. Las ayudas gubernamentales anunciadas para estos proyectos son de 8.500 millones de dólares en EE UU y 11.000 millones de euros en Alemania. La subvención de la Administración polaca se desconoce, pero de acuerdo con el mapa de ayudas estatales aprobadas para el país por la Comisión Europea, no será inferior al 25%, unos 1.150 millones de dólares.
En resumen, los proyectos de Intel que han de contribuir a reforzar la seguridad económica de EE UU y la UE están valorados en aproximadamente 137.600 millones de dólares. Esto representa aproximadamente un tercio de las líneas de producción comprometidas para satisfacer los objetivos de las Leyes de Chip. ¿Cuál es ahora el grado de seguridad actual de ejecución de estos proyectos?
Al final de la nota de prensa publicada por Intel tras su jornada informativa del 1 de agosto, la compañía presenta un cuadro inversor para los años 2024 y 2025. Se presume que el mismo se corresponde únicamente con los grandes proyectos en curso en EE UU y Europa, una vez finalizada las ampliaciones en Irlanda y Singapur y descartado el proyecto en Israel. Tomando los puntos medios del escenario presentado por la compañía, al final del bienio se habrían ejecutado 49.500 millones de dólares de la inversión prevista. Intel estima que en estos dos años aportará aproximadamente 25.000 millones de dólares de fondos propios, consumiendo 7.500 millones de las ayudas públicas recibidas. También prevé hacer uso de unos 17.000 millones de los 26.000 millones de fondos aportados por los participantes en su programa de coinversión en infraestructura de fabricación de semiconductores, hasta ahora Brookfield y Apollo.
La previsión de la empresa estadounidense para los años 2024 y 2025 implica la necesidad de contar con aproximadamente 88.100 millones de dólares entre 2026 y 2028 para completar los proyectos comprometidos en EEUU y la UE. De esta cantidad, aproximadamente 22.150 millones de dólares tienen una procedencia identificable, 13.150 millones de dólares provienen de las ayudas pendientes de ejecución y el resto del fondo restante del programa de coinversión. La cuestión es determinar de dónde provendrán los más de 65.000 millones restantes para llevar a buen término los compromisos de Intel.
Las tres fuentes alternativas posibles presentan dudas. Los recursos propios de Intel están exhaustos,a pesar de una recuperación de la liquidez disponible en el último año. Sin embargo, las pérdidas han aumentado y los ingresos han disminuido. El recorte de 10.000 millones de dólares previsto para 2025 aliviaría la situación, pero no la resolvería completamente. Con reticencias a una nueva ronda de deuda mutualizada y los Estados miembros sometidos al programa de estabilidad, la UE no parece que tenga margen para una nueva inyección de ayudas públicas. En EEUU, la ampliación de los fondos de la Ley de Chips no figura en el debate electoral, más allá de la posibilidad de 11.000 millones en préstamos ya comprometidos. La opción de la entrada de nuevos socios en el programa de coinversión parece lejana, con unos inversores cautelosos ante la creciente toxicidad de la marca Intel.
La revelación de la situación financiera de Intel genera inquietudes sobre la factibilidad de sus planes de inversión en nuevas líneas de producción. El fracaso no es una alternativa, ya que supondría un severo contratiempo para los programas de chips de EEUU y la UE. Sin embargo, la solución es intrincada y demandará una conjunción de reestructuraciones adicionales en la compañía y alguna forma de colaboración público-privada para ampliar la financiación externa. En 2025, podríamos presenciar el estreno de Rescate del soldado Intel en las pantallas del poder económico y político.
Emilio García García es exdirector de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y miembro de consejo asesor de Aesemi.
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