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El Foco
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Hacia una fiscalidad global justa, ordenada y equitativa

La ONU y la OCDE deberán coordinarse en la aplicación de un régimen de Sociedades mundial

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres.CAITLIN OCHS (REUTERS)

El laborioso y trabajado acuerdo final de la COP 28 de Dubái ha logrado un histórico avance porque 200 países han reconocido que nuestro planeta debe “transitar (transitioning away)” para dejar atrás los combustibles fósiles “en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa”. Además de la lucha contra el cambio climático, otro de los problemas de mayor relevancia mundial es lograr que la cooperación internacional permita dotar a los países de un régimen fiscal equilibrado que propicie los recursos económicos necesarios para su desarrollo económico y fomente la competitividad. Y esas tres palabras del acuerdo de Dubái, “justo, ordenado y equitativo”, pueden ser una guía también para este cometido fiscal.

El problema de la gobernanza fiscal global ha tomado una nueva dimensión desde que, a finales de noviembre, la ONU lograra el aprobado mayoritario de su propuesta de establecer su propio marco fiscal. Pese a la oposición de países desarrollados, como Estados Unidos, la UE y otros, en una posición no exenta de polémica, la Asamblea General de la ONU abogó por “el establecimiento de reglas, teniendo plenamente en cuenta los acuerdos multilaterales e internacionales existentes, como el camino más viable para hacer que la cooperación fiscal internacional sea plenamente inclusiva y más eficaz”, comentó su secretario general, António Guterres.

Este paso llegó meses después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtiera de que la entrada en vigor de su nuevo marco fiscal internacional, incluyendo la aplicación de un impuesto de Sociedades mínimo del 15% para evitar la elusión fiscal de las multinacionales, presentaba “un ligero retraso”, y que todo apuntaba a que tendrá lugar en 2024, en vez de en 2023 como se había previsto, pese a que lleva una década de construcción.

La votación de la ONU puede acelerar el paso de una cuestión que camina lenta, entre otras razones, por la cantidad de dinero que está en juego. Según la propia OCDE, la recaudación obtenida si se aplicara el mínimo global del 15% en el impuesto de Sociedades a las grandes multinacionales podría ascender hasta los 202.000 millones de euros anuales en todo el mundo.

Un día antes de la votación en la ONU, la OCDE publicó un informe según el cual el 53,2% de los beneficios globales que no tienen un tipo medio nominal o efectivo menor al 15% se encuentran en países con tasas de imposición altas. Este mensaje ha sido el argumento clave de la OCDE para que se pueda interpretar como un incentivo para que la coordinación internacional se quede en el organismo con sede en París y no en Naciones Unidas.

La lentitud de la OCDE en su capacidad de implementar el acuerdo y de simplificar tantas de sus complejidades –poco habituales para este organismo–, y la escasa influencia de muchos países menos desarrollados en sus acuerdos, han impulsado este movimiento alrededor de la ONU (que recibió el apoyo de 125 síes, 9 abstenciones y 48 noes) para que tome la iniciativa de una relevancia inédita en un asunto como este. Nada de esto podría suceder si los equilibrios internacionales no estuvieran cambiando. Después de Indonesia en 2022, e India este año, en 2024 Brasil presidirá el G20 y el año próximo será Sudáfrica, cuatro de los países más relevantes entre los emergentes que han promovido la nueva posición de la ONU.

Pero, como decía Guterres, para que estas medidas lleguen a buen puerto, se debe buscar una justicia fiscal que suponga la atracción de las inversiones y la creación de empleo. No se debe ahuyentar a los empresarios, sino fomentar una regulación “eficaz”, como apuntaba el secretario general, que tiene como punto cardinal elevar la competitividad.

Interesan reglas claras y predecibles, porque si no, algunas multinacionales podrían dejar de invertir en determinados países, por lo que habría menos oferta de trabajo y más caída de la economía. Debe ser un acuerdo político que lleve no solo a una justicia fiscal, sino también a una certidumbre de regulación, con un equilibrio sustentado en unas reglas en igualdad de condiciones, que favorezcan el comercio y la inversión. Se debe evitar a toda costa que solo lo apliquen unos pocos países, porque las empresas pueden discriminarlos para invertir en otros. Lejos de las posiciones más extremistas, se debería abogar por un mecanismo inclusivo, que pueda salir adelante de forma realista.

El hecho de que los dos organismos, OCDE y ONU, coincidan en el mismo propósito obligará a que se coordinen, porque si emiten regulación dispar se entorpecerá el procedimiento. Pero no hay que olvidar la dirección de Brasil y Suráfrica sobre el G20 en los próximos dos años, algo que puede flexibilizar a la OCDE y ayudar a acercar posiciones. Ambas instituciones se juegan su credibilidad.

Parece claro que Naciones Unidas seguirá con su propio plan, a la espera de ver lo que ocurra con Estados Unidos, que no ha firmado ni ratificado el Instrumento Multilateral de la OCDE, lo que abre una gran incertidumbre dependiendo de quién esté en la Casa Blanca en 2025. La misma inquietud provocan las elecciones europeas de junio próximo, y las nueve convocatorias electorales en otros tantos países en los próximos trimestres.

A nadie se le oculta que este camino no será rápido, pero lo cierto es que la ONU ha situado la fiscalidad global con una narrativa equilibrada, más social y no solo política o económica, que está marcando la agenda internacional y que cambiará la visión empresarial, si no lo ha hecho ya. Los tiempos juegan a su favor; la tan aireada política ASG (la dirección de las empresas enfocada en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) ayuda a que se acelere la creación de un marco vinculante en el seno de la ONU sobre fiscalidad internacional en sentido amplio, no solo enfocado a la tributación de las multinacionales.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías

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