El pleito de 16.000 millones de los herederos del sultán de Joló contra España se pone en marcha
Las defensas de ambas partes del conflicto han designado ya a los tres árbitros del tribunal que analizarán la reclamación presentada en el Ciadi
La demanda de arbitraje por la que los herederos del sultán de Joló reclaman 18.000 millones de dólares (unos 16.630 euros, al cambio actual) a España da los primeros pasos. Los tres árbitros que analizarán si las instituciones españolas obstaculizaron el cobro de un laudo que condenó a Malasia a abonar a los descendientes del antiguo mandatario más de 13.000 millones de euros por incumplimiento de un contrato del siglo XIX han sido ya designados, lo que significa que el procedimiento se pone en marcha. Los ocho ciudadanos filipinos sucesores del exdirigente denunciaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) —institución dependiente del Banco Mundial— que el Gobierno habría ejercido algún tipo de presión en los tribunales para favorecer al país asiático, con el que supuestamente tenía entre manos un contrato de venta de aviones. Por ello, ahora exigen al Estado español que pague la indemnización reconocida, más intereses de demora.
El proceso de formación del tribunal se ha completado una vez que las defensas de ambas partes han acordado nombrar a la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler como presidenta de este órgano colegiado, según consta registrado en el Ciadi. Kaufmann-Kohler figura entre los árbitros más reconocidos a nivel internacional y es presidenta honoraria del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial. Previamente, demandantes y demandada eligieron, de forma individual, a los otros dos árbitros que debatirán si España tiene alguna responsabilidad en que la validez del laudo que se dictó en 2021 esté en cuestión. En concreto, los herederos de Mohammad Jamalul Kiram II designaron al alemán Stephan Schill; mientras que España confió en el francés Alexis Mourre.
A partir de ahora se pone en marcha el reloj para celebrar, en un plazo máximo de 60 días, la primera sesión del arbitraje en la que se fijarán las reglas del procedimiento, como es el idioma, lugar de discusión y calendario procesal, de acuerdo a las normas de la cámara de arbitraje con sede en Washington.
Los ocho ciudadanos filipinos —asesorados por el abogado británico Paul H. Cohen, director del despacho internacional Gray’s Inn Square,4-5—, registraron en octubre de 2024 una demanda en la que aseguran que el Estado español ha reducido su capacidad para ejecutar la resolución que dictó el árbitro Gonzalo Stampa y que consideró que Malasia debía restituir las cantidades que dejó de pagar por el arrendamiento de Joló, una isla al suroeste de Filipinas. Así, señalan que el Ministerio de Asuntos Exteriores utilizó un método erróneo para notificar la demanda inicial al país demandado, que alegó indefensión por no conocer los hechos que se les atribuía.
Asimismo, el escrito afeó la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por anular el nombramiento de Stampa como encargado de dirimir esta disputa, dos años después de que el procedimiento se iniciara, y la del letrado de administración de justicia por notificarle dicha decisión e instarle a que paralizara el proceso. Aun así, el árbitro continuó analizando la demanda y trasladó la sede del proceso a París, lo que acabó con una condena de seis meses de prisión por desobediencia. Esta sentencia aún no es firme, ya que se encuentra ante el Tribunal Supremo.
Los orígenes de este litigio, considerado uno de los más caros de la historia del arbitraje, se remontan a 1878, cuando el sultán de Joló firmó con dos comerciantes europeos un acuerdo para el arrendamiento de la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas al norte de la isla de Borneo e islas adyacentes por el precio de 5.000 pesos filipinos. Los arrendatarios pagaron el precio pactado hasta 1946, cuando la corona británica se hizo con los derechos del contrato. La situación cambió en 1963, ya que Malasia empezó a afrontar los pagos tras lograr su independencia.
El descubrimiento de nuevos recursos naturales, como el petróleo y el gas, en las décadas de los 80 y los 90, motivó a los herederos a intentar renegociar el contrato, pero Malasia lo rechazó. Las relaciones se rompieron finalmente en 2013, después de que Estado asiático alegara que el territorio de Joló le corresponde legítimamente desde 1957. Por este motivo, los herederos iniciaron un arbitraje en 2018, después de que el Foreign Office (oficina de asuntos exteriores británico) les emplazara a resolver el asunto directamente con Malasia. No obstante, el conflicto ha terminando por rebotar en España, ya que, aunque la demanda contra el país asiático se planteó en el Ciadi, eligieron la capital española como sede de discusión por el hecho de que Joló fue territorio español en el siglo XVIII.
Los demandantes todavía no han logrado que ningún tribunal reconozca el laudo que dictó Stampa. Ni la justicia francesa (a la espera de una sentencia de la Corte de Apelación de París sobre la validez de dicho fallo), ni la holandesa han dado por el momento luz verde a su ejecución. Según los descendientes del sultán, esta es la principal consecuencia de la condena a Stampa. Mientras tanto, han buscado el bloqueo de activos malasios para garantizar el pago de la deuda y han puesto el foco en la sede de dos filiales de Petronas en Luxemburgo.
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