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A fondo
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Financiación autonómica: riesgos y soluciones

Si se adjudica a Cataluña el equivalente del concierto y las otras comunidades lo rechazan, las más ricas deberán incrementar mucho su aportación

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras la solemne apertura de la XV Legislatura.Mariscal (EFE)

Con motivo de cuadragésimo quinto aniversario de la Constitución española, NC Report llevó a cabo una amplia encuesta. Un 82,6% considera que aún es vigente, un 83,4% que “blinda nuestros derechos y libertades” y un 84,3% que nos ha dado décadas de estabilidad y prosperidad. La Carta Magna fue respaldada en 1978 por un 87,9% de los votantes, con mayorías muy notables en Cataluña (90,5%), Galicia (87,9%) y el País Vasco (69%). Pero un 49,2% de los encuestados piensa que necesita una reforma.

La Constitución otorgó la titularidad de más competencias y una vía más rápida (artículo 151) para su transferencia a las comunidades históricas. Ese término se aplica al País Vasco, Cataluña y Galicia, porque se habían dotado de estatutos de autonomía durante la Segunda República. Las otras regiones podían acceder a la autonomía de manera más lenta por la vía ordinaria prevista en el artículo 143. Pero la Constitución prevé que las comunidades no históricas puedan alcanzar el mismo grado de autogobierno que las históricas. Andalucía optó por la vía rápida del 151 después de celebrar un referéndum en 1980. Esta circunstancia complica mucho la concesión de más tributos y competencias únicamente a las históricas.

El actual concierto económico del País Vasco tiene muchos antecedentes históricos. Reales decretos y leyes establecieron y prorrogaron el concierto económico en 1878, 1887, 1894, 1906 y 1925. El Estatuto de Guernica obtuvo un 90% de votos favorables en el referéndum de 1979. En 1981 se aprobó el concierto económico con el País Vasco para un periodo de veinte años. Establece que las autoridades vascas “podrán mantener, establecer y regular su propio sistema tributario”. En 2002, el concierto fue renovado de manera indefinida. Cada una de las tres provincias vascas tiene su propio sistema impositivo y su agencia tributaria, y entregan a la Hacienda española anualmente un 6,24% (el cupo) del gasto estatal en cuatro tipos de competencias.

La Constitución, el Estatuto de Guernica y el concierto han fomentado el desarrollo del País Vasco. Con una población de 2,2 millones, se sitúa entre las primeras comunidades autónomas en destacadas variables macroeconómicas: quinta en PIB (71.706 millones de euros), segunda en PIB per cápita (32.925 euros), segunda menor en deuda pública (10.821 millones) y menor en desempleo (7,5%). Desde el principio de este siglo, el PIB del País Vasco ha pasado de 40.711 a 71.706 millones de euros, un incremento del 71%, y el PIB per cápita ha aumentado un 68,4%.

Cataluña también ha prosperado con la Carta Magna y su Estatuto de Autonomía de 1979, que fue avalado por un 88,1% de su población. Es la segunda comunidad autónoma en PIB (detrás de Madrid), cuarta en PIB per cápita (29.942 euros) y la quinta con menor desempleo (8,5%). Desde el año 2000, el PIB de Cataluña se ha acrecentado de 122.057 hasta 229.418 millones, un alza del 87,9%. En el mismo periodo (2000-2022), el PIB de España creció un 53%. De los 73.912 millones en exportaciones de Cataluña en 2019, 44.407 millones fueron a otras regiones.

Las arcas estatales pueden permitirse la quita del 20% de la deuda catalana con el FLA (14.662 millones). Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han rechazado acogerse a la misma condonación. Si se extendiera la quita del 20% a las otras regiones, la cantidad adicional sería de 21.724 millones. Los que se oponen a los pactos del PSOE con ERC y Junts pueden esgrimir cifras contundentes. Según el Colegio de Registradores, desde 2017 han llegado a Cataluña 3.000 empresas, pero 8.753 se fueron a otras comunidades, de las cuales más de la mitad han elegido Madrid. Abertis, Adeslas, Allianz, Bimbo, Catalana Occidente, Colonial, La Caixa, Naturgy, Sabadell y Torraspapel son algunas de las que trasladaron su sede social fuera de Cataluña. En 2019, la Comunidad de Madrid atrajo el 61,2% de la inversión extranjera total, mientras que Cataluña solo recibió un 14,4%. Cataluña se sitúa a la cabeza de todas las regiones con 15 tributos propios, mientras que Madrid tiene tres. La CEOE, otras patronales y sus centros de estudios argumentan que se puede ampliar la base imponible, suprimir tributos e ingresar más. Su modelo es Madrid.

Cataluña critica que en 2021 fue la tercera comunidad autónoma con mayor aportación tributaria y la décima en recepción de recursos. Contribuyó con 3.153 euros por habitante (superada por Madrid con 3.769 y Baleares con 3.248), pero obtuvo solo 2.848 euros por persona.

PSOE y Junts pactaron facilitar la cesión del 100% de los tributos a Cataluña, que recaudó 51.131 millones en impuestos estatales en 2022. Se quedó con el 50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los tributos especiales ingresados, como las otras regiones de régimen común. Si al 100% de control para dichos tres impuestos se añadieran los 6.201 millones en Sociedades, la Generalitat obtendría 28.000 millones adicionales y gestionaría aproximadamente 55.000 millones. Otorgar a Cataluña 43.000 millones de euros en 2024 (20% de la quita del FLA y por cesión total de tributos) no es matemáticamente inasumible para España, cuyo PIB asciende a 1,34 billones. Pero las otras 14 comunidades de régimen común reclamarían gestionar los mayores porcentajes de tributos, lo cual dejaría al Estado prácticamente sin recursos. Además, la deuda de las comunidades autónomas asciende a 316.800 millones de euros, un 24% de nuestro PIB. Cataluña es la más endeudada (84.327 millones), seguida de Valencia (55.031 millones) y Andalucía (37.870 millones).

Si se adjudica a Cataluña el equivalente del concierto y las otras comunidades autónomas de régimen común lo rechazan, las comunidades más ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Baleares) deberían incrementar muy sustancialmente su aportación. Los principales partidos constitucionales deben aparcar su confrontación diaria y abordar el tema como un asunto de Estado. Así sucedió con los Pactos de la Moncloa o el de Toledo.

Alexandre Muns es profesor de EAE Business School

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