La brecha social que rompe España
La nueva contención del gasto público que se anticipa en el Plan Presupuestario parece poco compatible con las necesidades de la mayoría de españoles
Cuando un 34% de las familias españolas no pueden ahorrar ni hacer frente a gastos imprevistos, reconforta saber que otras familias españolas son ya el segundo tenedor de deuda pública, habiéndose incrementado las compras un 30% en búsqueda de una retribución para sus ahorros que la banca todavía no atiende como debiera. Y sorprende conocer por un informe de la UE, que hay españoles que esconden en paraísos fiscales un récord de 140.000 millones de euros.
Salimos de esta policrisis a dos velocidades sociales: españoles con problemas para llegar a fin de mes (un 9% de las familias no pueden pagar gastos esenciales) y otros con holgura para invertir en letras e incluso, algunos, con capital suficiente para depositarlo fuera del alcance de esa Hacienda solidaria que era de todos, antes de que la rebelión de los ricos y el anarcoliberalismo legitimarán la idea de los impuestos como robo y no como precio de vivir en una sociedad civilizada. Y, además, con una brecha generacional que compromete nuestro futuro como país.
Brechas que, además, se incrementarán en 2024, cuando acaben las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de la subida de los costes de la energía. Al menos, esto es lo que se deduce del Plan Presupuestario para 2024 que se acaba de enviar a la Comisión Europea y que recoge el hecho de que un Gobierno en funciones no podría aprobar una prórroga de las mismas.
Ante este panorama y con un salario medio de 26.000 euros anuales, cuando la obligación de declarar IRPF se fija a partir de 22.000 euros de un único pagador, parece evidente que hay una España a la que las políticas de rebajas impositivas que algunos partidos priorizan les favorece, mientras que a otra España no le afectan y preferiría recibir más salario social en forma de mejor sanidad, educación y políticas sociales en general. Sobre todo, cuando la inflación va a seguir comiéndose parte de las mejoras salariales que se están consiguiendo.
Para quienes pensamos que es urgente atender a esa España que no llega a fin de mes con una fuerte inyección de recursos públicos y reformas consensuadas en nuestros sistemas sanitario, de dependencia y de lucha contra la pobreza, el mencionado Plan Presupuestario es un jarro de agua fría al anunciar la llegada de una nueva época de recortes del gasto público para alcanzar los objetivos de déficit exigidos y reducir la elevada deuda pública. Austeridad necesaria, en parte, porque retomamos un crecimiento económico lánguido que, para las economías avanzadas, el FMI sitúa por debajo del 2%, y con este bajo crecimiento y una inflación más moderada no veremos los incrementos de ingresos públicos que hemos visto este año. Y, en parte, porque con la subida de tipos de interés, el pago de intereses de la deuda volverá a crecer hasta superar los 40.000 millones de euros en 2024, muy por encima de lo pagado cuando los tipos eran negativos.
La nueva contención del gasto público que se anticipa (confirmada por el hecho de que las principales medidas sociales anunciadas en el pacto PSOE-Sumar, como la rebaja de la jornada laboral, no irán con cargo al Presupuesto) parece poco compatible con las necesidades actuales de la mayoría de españoles, incluyendo los que no llegan a fin de mes e, incluso, con algunas de las exigencias derivadas previsiblemente del eventual acuerdo de investidura del candidato Sánchez, como el nuevo modelo de financiación autonómica, tradicionalmente engrasado con más gasto.
Si el crecimiento del gasto tiene que ser inferior al de la economía para reducir el déficit y la deuda, y algunas partidas como pensiones o sueldos públicos subirán de acuerdo con el IPC, hay que pensar que otras partidas tendrán que recortarse. Por ejemplo, los 10.000 millones del paquete anticrisis. Y, en paralelo, será necesario actuar sobre ingresos, al menos, con el objetivo de que la capacidad recaudatoria de nuestro sistema tributario por unidad de PIB se aproxime a la de la media de la eurozona, hoy varios puntos por encima.
Dentro de una tendencia de desaceleración, España mantiene un crecimiento diferencial positivo respecto a la eurozona, basado en tres razones: la resistencia mostrada por el mercado laboral (incluso con este descenso del crecimiento, el paro disminuye, a diferencia de otros momentos recientes); el tirón que ha representado el sector exterior, en forma de exportaciones y, sobre todo, turismo; la aplicación de los fondos Next Generation de los que el Gobierno comunica que ya financian más de 500.000 proyectos en todo el territorio nacional y se han desembolsado pagos por 38.700 millones de euros.
En el escenario macro que acompaña al plan, el Gobierno prevé que el tirón exterior se aminore. De hecho, su aportación al crecimiento del PIB pasará de casi tres puntos en 2022 a ser negativo el próximo año. Y prevé un aumento en el consumo de las familias, excesivamente optimista y poco acorde con otros datos conocidos sobre la evolución del poder adquisitivo de los salarios.
El contexto económico mundial se ha vuelto a complicar con lo que está ocurriendo en Gaza, sin que sepamos el alcance que puede acabar teniendo. Pero es evidente que la repercusión en el precio del petróleo de esas tensiones geoestratégicas empieza a notarse ya, a la par que se evidencia el nuevo protagonismo de algunas potencias medias y el realineamiento de intereses que se está produciendo ante la creciente evidencia de la confrontación entre Occidente y China, que va a repercutir con mayores costes en algunos suministros estratégicos. Parece que la sucesión de crisis es ya la nueva normalidad, como ha señalado la directora del Banco Mundial, y ante el aumento de las incertidumbres necesitamos que el Estado vuelva a ser quien garantiza seguridad y protección a los ciudadanos. Sobre todo, a quienes más lo necesitan, que suelen ser los que no llegan a fin de mes. Aunque solo sea para evitar que España se siga rompiendo… socialmente.
Jordi Sevilla es economista
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