Qué será de los Presupuestos de 2024 si no hay Gobierno
Vienen tiempos duros para Hacienda y sus administrados. Hay que llevar el déficit al 3% por imperativo europeo con menos crecimiento y la carga de la prueba se traslada a los gastos
Desde el primero de octubre debería estar el proyecto de Presupuestos del Estado en las Cortes, tal como manda la ley. Pero la excepcional situación política traída por los resultados electorales de julio tiene al país con un Gobierno en funciones, que podría prolongarse hasta bien entrado 2024 si hubiese una repetición electoral. Con este hipotético escenario, las cuentas se prorrogan automáticamente el primero de enero en sus mismos términos (sería la quinta vez que eso ocurre desde 2015), con la salvedad de la revisión de las cuantías de las pensiones fijadas por ley. Las finanzas públicas del país arrancarían en tal caso un complicado ejercicio que debe ser restrictivo en los gastos y exigente en los ingresos para acoplarse a las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
Unas reglas fiscales de las que se conoce poco más que la propuesta de la Comisión: volver a un déficit fiscal del 3% del PIB o inferior tras cuatro años de vacaciones fiscales, hacer a cada país un traje a medida con costuras holgadas, y unas sanciones por romperlas más bien formales, pese a que desequilibrios como la deuda hayan dado un salto muy serio en todos los países.
Antes del 15 de octubre, el Gobierno en funciones debe enviar a Bruselas el Plan Presupuestario para 2024, en el que debe aportar detalles de sus intenciones, aunque el proyecto definitivo de presupuesto se cierre en 2024. Tal plan debe ajustarse a los criterios que ya se adelantaron en el Programa de Estabilidad, y que recoge un déficit fiscal del 3%, con unas cuentas en equilibrio para regiones y ayuntamientos, que tendrán que presupuestar a ciegas porque ni los pagos a cuenta de su financiación conocen aún.
Háganse cuando se hagan, las cuentas de 2024 deben ser muy exigentes. España cerrará este año con un déficit nada por debajo del 4%, con un componente estructural aún superior, y entrarán en una fase contractiva en los ingresos y expansiva en los gastos de cumplirse las estimaciones sobre el crecimiento que manejan los analistas. Únicamente la inflación volverá a ser un buen aliado de Hacienda y la Seguridad Social por la inflamación natural de las bases imponibles. Devolver el déficit al 3% puede ser fácil con la simple cancelación de la miríada de ayudas fiscales esparcidas por el Gobierno en los dos últimos años para aliviar los efectos de la inflación (por la Guerra de Ucrania), que puede suponer más de un punto de PIB.
La recomendación europea es que tales estímulos se cancelen como paso previo a la nueva disciplina presupuestaria. Pero en el caso de España es un imperativo porque el Gobierno en funciones no podría prorrogarlas, aunque tuviese tal gusto para utilizarlas electoralmente en caso de repetición de los comicios en enero, algo que todavía ahora no puede descartarse por la dificultad para encajar la dolorosa factura política y económica que los nacionalistas catalanes y vascos pasarán al cobro, ya sea como pago a cuenta o a fin de obra.
La cuantificación de las medidas de ayuda es elevada. Las destinadas a aliviar las rentas cercenadas por la inflación rondan los 18.000 millones al año, a los que habría que sumar otros 5.000 millones de ayudas para aliviar la crisis del Covid, y que también decaen. Ambas partidas llevarían el ahorro a 1,8 puntos de PIB, aunque generarían un repunte inflacionista nada desdeñable, que podría suponer 1,5 puntos, según el Banco de España.
Este sencillo ejercicio de retirada de ayudas es el primer ejercicio de restricción presupuestaria de los nuevos tiempos, de las nuevas reglas fiscales, si hacemos abstracción de las subidas de impuestos selectivas que el Gobierno ha aplicado en los últimos años. En todo caso, no parece ejercicio suficiente para meter en la nueva cintura fiscal las cuentas de un país con tan elevado desajuste estructural, que en los últimos cinco años no ha practicado ni un solo ensayo de recorte de los gastos y ha atendido todo crecimiento de los mismos con alzas impositivas, muchas veces con figuras de nueva planta.
Vienen tiempos duros para la Hacienda y sus administrados. La propia Comisión Europea empieza a reclamar rigor fiscal para ayudar al BCE en su lucha contra la inflación, asustado por la larguísima temporada que los tipos de interés elevados van a campar en Europa. Pero los gastos son complicados de domar una vez puestos en marcha si la inflación se alía con ellos, y los ingresos no pueden ser el recurso fácil sin afectar restrictivamente al crecimiento.
La partida principal de gasto público, la de pensiones, haya presupuesto nuevo o prorrogado, subirá el primero de enero con fuerza. Solo la revalorización que compromete la ley supondrá un incremento del crédito en pensiones del 4%, pues la inflación media en los ocho primeros meses del año es del 3,7% y tiene toda la pinta de que se incrementará hasta fin de año. Habrá un incremento adicional del gasto por el crecimiento de nuevos pensionistas que trae el baby boom natalista de los sesenta del siglo pasado, incrementado por el sobrecoste del efecto sustitución (las nuevas pensiones son mucho más altas que las que decaen).
Este avance de las pensiones exige una réplica similar en las cotizaciones, que impuestos son, sin perjuicio de sobreelevar por partida doble las bases máximas de cotización un año más, según el parcheado que Escrivá ha diseñado para la Seguridad Social. El futuro de los impuestos generales sigue en un cajón desde mediada la legislatura que concluye a la espera de ver la luz en la que empieza, y dependerá de qué Gobierno los diseñe, aunque parece un antojo de complicada satisfacción que puedan bajar la presión sobre los contribuyentes si no hay un recorte severo sobre el gasto.
Las regiones, pendientes de la reforma del sudoku de su financiación, aplican entretanto aumentos de gasto y recortes de ingresos, sobre todo aquellas que están desde la primavera en manos de la derecha. Aventuras muchas veces contra natura fiscal si este año cierran con un déficit de cerca del 0,5% del PIB (así lo ve AIReF) y están obligadas a llegar al equilibrio en 2024. De momento, solo Madrid, Galicia y Andalucía se comprometen a equilibrar sus cuentas, mientras Cataluña, que meterá el asunto en el pulso de la investidura, cerrará ya este año con déficit del 0,4%.
Vienen tiempos duros para la Hacienda y sus administrados.
José Antonio Vega es periodista
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