La guerra de los laudos: España gana una batalla clave y podría ahorrarse 1.300 de los 1.500 millones en juego
Los fondos que tienen los derechos de cobro advierten de que los tribunales fuera de la Unión Europea no tienen obligación de acatar las directrices de Bruselas
Más de 1.300 millones de euros en disputa quedarían a salvo de salir de las arcas públicas si los tribunales aplican la decisión de Bruselas de que España no abone las indemnizaciones previstas en los numerosos laudos abiertos por el recorte de las renovables de hace más de diez años. El respaldo que la Comisión Europea dio el pasado 24 de marzo al calificar de “ayuda estatal ilegal” la compensación de más de 100 millones por el caso Antin —uno de los arbitrajes más representativos por el recorte de las primas de las renovables— supone una nueva arma legal para la Abogacía del Estado, que aportará este criterio en todos los litigios que están pendientes de ejecutar y que han provocado incluso el embargo de activos españoles en el extranjero. Las indemnizaciones reconocidas hasta el momento en una veintena larga de laudos ascienden a 1.514 millones de euros (más intereses), si bien fuentes gubernamentales calculan que de dicha factura se pueden ahorrar 1.347 millones, ya que esa cantidad es la que corresponde a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la Unión Europea.
El hecho de que los inversores sean comunitarios es un punto clave. La decisión del Ejecutivo europeo se ciñe al pleito iniciado por Antin —que en 2023 vendió los derechos de cobro del litigio al fondo estadounidense Centerbidge—, pero precisa que los arbitrajes intracomunitarios (que han sido planteados por un inversor de la Unión Europea contra un Estado miembro) son contrarios al Derecho de la Unión. La declaración apoya la tesis defendida por España acerca de que no puede afrontar las compensaciones reconocidas porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vetó este tipo de arbitrajes. Asimismo, los servicios jurídicos del Estado han apuntado, en cada uno de los procedimientos abiertos para ejecutar los laudos, que no podían pagar sin la autorización de Bruselas para evitar que dichos pagos sean tachados de ayuda ilegal de Estado, como finalmente ha concluido el análisis sobre el fondo.
El conflicto tiene su origen en la reforma eléctrica de 2013 para subsanar el déficit tarifario. En este marco legislativo, el Gobierno de Mariano Rajoy puso fin al sistema de ayudas a inversores en energía verde, lo que abrió la puerta a un aluvión de demandas de arbitraje, al entender que se había vulnerado el Tratado de la Carta de la Energía, del que la Unión Europea anunció su retirada en abril de 2024. En total, se han presentado 51 pleitos en tres cortes de arbitraje: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial; Uncitral, perteneciente a la ONU; y SCC, de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Hasta la fecha, 43 de estos casos han sido resueltos, de los cuales solo diez se han fallado a favor de España, tres han sido anulados y otros tres concluyeron por desistimiento de los demandantes. El importe total reclamado en estos litigios rondan los 10.635 millones de euros, si bien la factura a pagar es solo un 15% de lo exigido (1.514 millones de euros).
La batalla parece prácticamente ganada. De hecho, los órganos judiciales de Estados miembros parecen estar de lado de España. Un tribunal de Ámsterdam avisó a AES Solar Energy y Ampere Equity, dos sociedades holandesas que ganaron un arbitraje por el valor de 26,5 millones de euros —titularidad ahora del fondo estadounidense Blasket Renewable—, que serían ellos los que indemnizaran a España si la Comisión Europea declaraba dicho pago ayuda ilegal y ejecutaban el laudo en otro país —está pendiente de un tribunal de Estados Unidos— .
“No es una sentencia”
Sin embargo, los demandantes aseguran que el panorama es totalmente distinto y recuerdan que el grueso de su estrategia jurídica está en pedir el reconocimiento y la ejecución en tribunales de fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos —que ha rechazado que España tenga inmunidad—, Reino Unido y Australia, que ya se han declarado competentes para decidir si España debe pagar o no y no siguen las directrices de Bruselas. Fuentes cercanas a los fondos oportunistas que han adquirido los derechos de estos laudos —un 70% ya no se encuentra en manos de los inversores y demandantes iniciales— sostienen que el pronunciamiento del Ejecutivo europeo no cambia nada, ya que “no es una sentencia” y, por tanto, no es vinculante jurídicamente. En este sentido, subrayan que ya hay varios órganos judiciales extranjeros que se han pronunciado contra España y han bloqueado activos en distintos países con el fin de garantizar el eventual cobro de las compensaciones. “Ese barco ya pasó”, afirman.
Tras conocerse el informe de Bruselas, el Ministerio de Transición Ecológica difundió un comunicado para celebrar la decisión e instó a las distintas jurisdicciones donde se está debatiendo la posible ejecución de los laudos a respetar a la Comisión Europea, como “única institución competente para decidir sobre ayudas de Estado”. Para Bernardo Cremades Jr., socio del grupo de litigación y arbitraje de B. Cremades & Asociados, la decisión de Bruselas es trasladable al resto de casos en los que se ven afectados inversores intra-UE.
No obstante, advierte de que lo más previsible es que los tribunales resuelvan estos casos “conforme a sus leyes”, sobre todo los de extra-UE, donde se encuentra en curso la mayoría de las reclamaciones. “Los tribunales americanos van a fijarse en si el laudo es válido, si hay convenio arbitral y convención internacional para el reconocimiento y ejecución”, explica, al tiempo que indica que lo mismo puede ocurrir con los órganos judiciales británicos —donde la supremacía del Derecho comunitario no opera desde el Brexit— y Australia.
Munia El Harti Alonso, counsel en IUS+Aequitas, comparte esta opinión y añade que “es cierto que nunca se sabe lo que va a decidir un juez, pero, desde luego, la postura americana es de avanzar en estos casos, independientemente de lo que está pasando en Europa”. Además, la abogada hace hincapié en que los laudos dictados por el Ciadi no se pueden anular con tanta facilidad como los emitidos por otras cortes de arbitraje. “Estos laudos son diferentes porque se basan en un sistema autocontenido de anulaciones. No puedes anular un laudo Ciadi en un tribunal nacional como lo harías con un laudo SCC en Estocolmo u otro tipo de laudos arbitrales”. Esto es importante porque el 77% de las demandas presentadas por los inversores contra España se plantearon ante esta institución con sede en Washington. El último informe de la corte sobre la anulación de sus fallos señala que la tasa es muy baja: “Hasta el 31 de diciembre de 2023 es del 2,6% de todos los arbitrajes registrados bajo el Convenio del Ciadi y del 5% de todos los laudos del Convenio emitidos”.
Otra de las vías que tienen los demandantes es impugnar la decisión ante la justicia europea, algo que los abogados están valorando, según las fuentes cercanas a los fondos. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya se ha pronunciado sobre un caso similar al español que puede servir de base, el relativo a la reclamación de los hermanos Micula contra Rumanía. El tribunal confirmó el criterio de Bruselas en este asunto, en el que también dijo que el pago de más de 300 millones de euros de indemnización por derogar unos incentivos por la importación de maquinaria, materias primas e infraestructuras es una ayuda ilegal de Estado. Sin embargo, la Corte de Distrito de Columbia siguió su camino y, en mayo de 2024, avaló la ejecución del laudo dictado por el Ciadi, bajo el argumento de que la legislación estadounidense obliga a cumplir la Convención de Nueva York, que regula el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales.
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