A vueltas con la seguridad jurídica en España
El país no puede permitirse ocupar una mala posición en los rankings de competitividad por un entorno poco fiable para la inversión
La escuela de negocios IMD publica desde 1989 un informe denominado IMD World Competitiveness Yearbook donde básicamente se analiza la competitividad de los países del mundo más desarrollados. Estos rankings, al igual que los que realiza el organizador del Foro de Davos, World Economic Forum, son comentados en diversas ocasiones por los medios de comunicación algunas semanas antes de caer en el olvido hasta el año siguiente.
En el caso del ranking del IMD, según los criterios que ellos mismos definen, el objetivo es analizar y clasificar los países de acuerdo con una serie de competencias para lograr crear valor a largo plazo. La competitividad de un país no puede reducirse solamente al producto interior bruto y productividad, sino que tiene que proporcionar un entorno caracterizado por infraestructuras eficientes, instituciones fiables y políticas gubernamentales que faciliten la creación de valor para las empresas. El ranking enfatiza que los países que encabezan la lista tienen una estrategia y aproximación única para convertirse en competitivos.
El ranking de 2023 está encabezado por Dinamarca, Irlanda y Suiza. Les siguen hasta el décimo puesto Singapur, Holanda, Taiwán, Hong Kong, Suecia, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Para realizar estos rankings se usan encuestas con multitud de criterios, los cuales se pueden englobar en cuatro grandes bloques: desarrollo económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de los negocios e infraestructura. España ocupa en 2023 la posición 36, en la que ha estado desde 2019, y según cada uno de estos bloques, se sitúa en el puesto 32 en desarrollo económico, 51 en eficacia gubernamental, 37 en eficacia de los negocios y 27 en infraestructura.
No es el objetivo de este artículo que tengamos una discusión sobre la veracidad o no de estos informes, pues son uno más de los miles de datos que se publican anualmente. Sin embargo, siempre se pueden extraer conclusiones interesantes viéndolos con una cierta perspectiva. Hace aproximadamente un mes fueron las elecciones generales en España, y sin necesidad de posicionarse con una tendencia política u otra, todos podemos concluir que el resultado es un Parlamento tremendamente complejo de gestionar, puesto que los dos principales partidos políticos obtuvieron resultados para conformar mayorías parlamentarias y de gobierno estables y sólidos, pero cualquier opción se tendrá que determinar con acuerdos de muchos partidos políticos especialmente diferentes entre sí.
En España, cada cierto tiempo se habla de la seguridad jurídica. Son como dos palabras mágicas que, según se mencionen, pueden herir muchas sensibilidades… no obstante, no se terminan de comprender bien. Cuando hablamos de seguridad jurídica no nos referimos a que un día tengamos el riesgo de que nos expropien nuestra casa, o que un gobierno promulgue una ley u otra y ahora los beneficios estén prohibidos y que se nacionalicen los resultados positivos. La seguridad jurídica se construye con muchas y pequeñas acciones que se hacen a lo largo del tiempo de manera coordinada por todas las Administraciones de un país que hacen más predecible lo que pueda ocurrir. Como hemos visto recientemente, puede haber momentos extraordinarios en los que se tengan que cambiar cosas: una pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis financiera y otros muchos que vendrán y que provocarán cambios. Esto no daña la seguridad jurídica porque son eventos inesperados donde los cambios son esenciales. Lo que hace realmente daño a las economías es la incertidumbre, los cambios constantes y el asumir que es imposible tener una estimación aproximada de hacia dónde irá el futuro. Es aquí donde me gustaría terminar.
En economía, aunque no tengamos una bola de cristal, para tomar decisiones hoy es fundamental hacer una estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Cualquier decisión, como puede ser construir una fábrica, comprar una empresa, hacer una determinada inversión o aumentar el gasto en I+D requiere tener en cuenta los posibles resultados futuros. Ninguna realidad será completamente igual a lo que se predijo porque cambiará al alza o a la baja y es algo perfectamente asumible por el inversor, pero con una diferencia: si esos cambios son causados por el mercado de bienes y servicios se asumirá como riesgo, pero los problemas y dificultades vienen cuando los cambios son provocados porque cambian las condiciones legales del país donde se desarrolla la inversión. Es más, incluso aunque pensemos que una eventual bajada de impuestos a corto plazo o el establecimiento de unas condiciones tremendamente favorables podría ser también contraproducente porque el inversor asumirá que, igual que ahora cambió para bien, quizás cambie para mal en el futuro. Esta dificultad para predecir el futuro no evita la inversión en España, pero la dificulta, y en finanzas dificultad implica que se pida una rentabilidad mayor por el dinero invertido.
Estas reflexiones pueden parecer financieras y muy técnicas, para unos pocos que se dediquen a la materia, pero nos afectan a todos nosotros.
España no puede permitirse estar en la posición 36 de los rankings de competitividad y es tarea de quienes gobiernan que se organice una hoja de ruta para hacer mucho más atractivo nuestro país, tanto para los jugadores internacionales que quieran invertir en él como para que los nacionales no se vayan. Esta tarea se alargará por varios años, por lo que cuando antes empecemos, mucho mejor.
Jesús Reglero es Profesor de OBS Business School y socio de RS Corporate Finance
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