La revalorización del modelo social europeo
La pertenencia europea dota de más consensos, dentro del paradigma socioliberal, de los que aparenta la política nacional
La construcción del modelo social europeo en los años ochenta y noventa del siglo XX, que dotó a la Unión Europea de competencias compartidas significativas en materia laboral y social (art.153 TUE), tuvo resultados relevantes en la regulación común europea de las relaciones de trabajo y de los mecanismos de coordinación de los sistemas de seguridad social. La garantía de la libre circulación de trabajadores en territorio europeo, la protección de determinados derechos de las personas trabajadoras, como la salud laboral, la jornada máxima, los descansos o a la conciliación familiar, la consolidación de la regla general del contrato de trabajo indefinido, la prohibición de cualquier discriminación laboral por razones personales, en especial por género o por tipo de contrato, la implementación de fórmulas de participación de los representantes de trabajadores en las empresas, a nivel nacional o supranacional, y la regulación común de los mecanismos de reestructuración empresarial, como las transmisiones de empresa y los despidos colectivos, determinó un auténtico derecho social europeo con un elenco amplio de directivas europeas desarrolladas en las legislaciones nacionales. La configuración, en paralelo, del modelo europeo de flexiseguridad laboral, que combina flexibilidad en el trabajo con seguridad de los trabajadores y supera la protección del puesto de trabajo en la empresa por la del empleo y la del propio trabajador, ha determinado, igualmente, todas las reformas laborales de los Estados europeos.
La crisis financiera de 2008 determinó, en esta evolución histórica, un período dubitativo del derecho social europeo. Las prioridades europeas se centraron en solucionar la crisis de deuda, con enormes exigencias de reducción del déficit público en los Estados miembros, abandonando en parte estas referencias sociales. Durante años se paralizaron las iniciativas políticas europeas en materia laboral o social, más allá de dar continuidad al modelo de flexiseguridad, con apenas propuestas de directivas en el amplio marco competencial del tratado europeo. Esta crisis no llegó a poner en cuestión la propia fundación de un consolidado derecho social europeo, pero sí tenía síntomas preocupantes de abandono de unas políticas hasta el momento esenciales en la acción europea. La posterior recuperación económica y de empleo, y el replanteamiento de determinadas políticas ante el crecimiento de los populismos de ambos extremos, resucitó este espíritu social, clave en la consensuada combinación socioliberal que define los modelos democráticos y económicos de la Unión Europea.
La revalorización de este modelo tiene el punto de inflexión del Pilar Social Europeo de 2017, aprobado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeo, que, en perspectiva histórica, conecta con la fundación y desarrollo de un ya consolidado derecho social europeo, en sus tres vectores: la igualdad de oportunidades, las condiciones de trabajo dignas y justas, y la protección social adecuada, que inspiran la vigente agenda social europea 2019-2024 y la planificación de la Comisión con vistas a 2030.
Esta revalorización del modelo social europeo tiene ya sus primeros frutos normativos en forma de iniciativas tan significativas como la directiva 2018/957 de desplazamientos de trabajadores en el marco de prestación de servicios, clave en la movilidad laboral europea, la directiva 2019/1152 de información transparente de condiciones esenciales de trabajo a los trabajadores, con garantías específicas frente a fórmulas de trabajo a llamada presentes en algunos países, la directiva 2019/1158 de permisos y trabajo flexible en conciliación familiar, con la mayor incorporación de los cuidados en esta acción clásica europea y la directiva 2022/2041 de salario mínimo que no sólo confirma esta política, generalizada en Europa, sino que promociona la negociación colectiva en los Estados miembros con recomendaciones hacia sistemas de alta cobertura convencional. Están en trámite, también, iniciativas sociales de enorme calado como el proyecto de directiva europea de plataformas digitales, que dotará de seguridad jurídica común a esta forma de prestación de servicios autónoma o laboral con un refuerzo de protección, o la reciente recomendación a los Estados de rentas mínimas en la cobertura de las personas más vulnerables.
La experiencia de extraordinaria reacción social europea ante la pandemia Covid-19, en 2020-2021, con un modelo común laboral de suspensiones contractuales o reducciones de jornada con protección social –los aquí denominados ERTES– que fundamentó su financiación a través del fondo europeo SURE, es otra muestra de este nuevo impulso social. Cabría incluso pensar que el fondo es un embrión de un futuro seguro europeo de protección social por desempleo, en la idea de proteger el empleo mediante estas fórmulas de reducción de tiempo de trabajo ante crisis futuras. Los planes nacionales de recuperación, presentados por los Estados Miembros a la Unión Europea, con dotación de grandes fondos económicos, han estado inspirados en estas estructuras, con objetivos de eficiencia, productividad, mantenimiento de empleo o aumento de competitividad, que conviven con finalidades claramente sociales y equitativas.
Buena parte de la política económica-social de estos últimos años en España ha estado determinada por todas estas nuevas acciones europeas como reflejan la normativa durante la pandemia, la equilibrada reforma laboral pactada, el ingreso mínimo vital o el reciente desarrollo de las medidas de conciliación familiar. Es previsible la continuidad de este camino, sea cual sea el devenir político nacional, marcado por las exigencias de la Unión Europea y la ejecución de sus fondos económicos. La pertenencia europea nos dota de más consensos, dentro del firme paradigma socio-liberal, que los que aparenta la política nacional.
Jesús Lahera Forteza es Catedrático Derecho del Trabajo Universidad Complutense, investigador de Fedea y consultor AbdónPedrajas Littler
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