La Fiscalía pide casi 30 años de prisión al líder de Arbistar por estafar 92 millones con el gancho de las criptomonedas
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
Santiago Fuentes, el líder de Arbistar, está en prisión provisional desde junio de 2023 a la espera de que se celebre el juicio por presuntamente estafar a miles de personas con un sistema piramidal de inversiones en criptomonedas, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020. La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el empresario es el responsable de una macroestafa de 92 millones de euros, según calculó el juez instructor, y por ello pide una condena de 29 años y nueve meses de cárcel, así como una multa de 540.000 euros y la indemnización a las víctimas, de acuerdo al escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso CincoDías.
La petición de pena es una de las más elevadas que hasta el momento se han formulado por una estafa financiera de tipo Ponzi (fraude piramidal). En el caso de Gescartera, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó los 11 años de prisión a los que fue condenado Antonio Camacho, dueño de la sociedad de valores. En Afinsa, otro sonado escándalo financiero, la Fiscalía Anticorrupción interesó una condena de 19 años de cárcel para el expresidente de la compañía Juan Antonio Cano, si bien la Audiencia Nacional le condenó a 12 años y 10 meses de prisión que, finalmente, quedaron en 8 años y siete meses establecidos por el Tribunal Supremo. En Fórum Filatélico, el ministerio público comenzó el juicio solicitando 27 años de cárcel para el expresidente de la sociedad filatélica Francisco Briones, pero finalmente rebajó la petición a 19 años. La Audiencia Nacional le condenó a 12 años y cuatro meses de prisión, pero también fue corregida por el alto tribunal, que dejó la pena en 11 años y 10 meses.
En el caso de Arbistar, la posibilidad de pedir altas condenas se debe a que el juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama accedió, en junio del año pasado —dos años después de asumir la investigación—, a modificar el tipo de proceso penal, tal y como solicitaron algunas acusaciones y apoyó la Fiscalía. Pasó de ser un procedimiento abreviado a un sumario, un cambio que abrió la puerta a que los perjudicados puedan interesar penas superiores a nueve años de cárcel por un solo delito. Así, para la estafa agravada, uno de los principales delitos que se atribuyen a los miembros de Arbistar, la pena contemplada puede alcanzar hasta los 18 años de prisión.
Bajo esta premisa, el fiscal de la Audiencia Nacional Joaquín González-Herrero González pide para Santiago Fuentes 18 años de cárcel por estafa agravada; ocho años por organización y dirección de organización criminal; y tres años y nueve meses de prisión por el delito continuado de falsificación de documentos mercantiles, de acuerdo a su calificación provisional. Asimismo, el escrito firmado el pasado 16 de abril solicita la indemnización, conjunta y solidaria con el resto de acusados, a las víctimas en la cantidad que se determine en sentencia, como consecuencia del perjuicio económico derivado del fraude. Por otro lado, el representante del ministerio público pide la devolución de las transferencias realizadas a Arbistar por cada uno de los perjudicados, más los intereses legales y un porcentaje correspondiente al valor medio de una inversión en una sociedad autorizada en España desde el momento que los inversores perdieron el control de sus fondos.
“Engaño masivo e internacional”
Por otro lado, el fiscal apunta que las víctimas a indemnizar en este caso son las más de 6.800 personas que se encuentran personadas en la Audiencia Nacional —de las cuales la mayor parte están representados por Aránguez Abogados—, pero recuerda que el resto de perjudicados, que puede ascender hasta los 32.000, puede ejercer sus derechos ante la jurisdicción civil.
El escrito de acusación narra el “engaño masivo e internacional” que perpetró Santiago Fuentes y sus colaboradores a través de una “carcasa jurídica” llamada Arbistar 2.0, para ofrecer a particulares la inversión en mercados específicos de divisas virtuales, como Kraken o Binance, a cambio de “imposibles” rentabilidades “muy altas” de entre el 8 y 15% mensual. Para ello, prosigue el fiscal, Fuentes se puso en contacto con otros acusados. El primer vínculo lo estableció, en noviembre de 2018, con Iván Grima y Álex Castro, para utilizar su sociedad Venus Capital, de la que se sospecha que era el aparato financiero de la red al funcionar como casa de cambio. En 2019, las relaciones se cerraron con Diego Felipe Fernández Nojarona y Víctor Alexander Walter Frantz (en rebeldía), quienes se convertirían en socios del negocio fraudulento. Al plan se unieron después Léster Zarabozo González y Laura Concetta Barone, que asumieron funciones de gestión.
“Nace así Arbistar”, dice el fiscal, un servicio financiero con “impostada apariencia de realidad, profesionalidad y solvencia”. Según el escrito de acusación, el CEO de Arbistar y sus socios —para quienes se piden entre 15 años y nueve meses y 23 años y medio de cárcel— “urdieron un plan mediante el cual, aparentando la existencia de un denominado arbitraje de criptomonedas, vinieron a crear un esquema piramidal, en el que el capital obtenido por los nuevos inversores sostenía la estructura financiera, pero sin efectuar actividad alguna de compra y venta de criptomonedas”.
‘Plan amigo’, propaganda en Youtube y actos en hoteles
La Fiscalía describe las técnicas que llevó a cabo Arbistar para la atracción de clientes, muy típicas en las estafas piramidales, que venden supuestas fórmulas para ganar dinero fácil. Así, la plataforma liderada por Fuentes creó el denominado “plan amigo”, que consistía en compensar a clientes que conseguían nuevos inversores. La trama también creó el “club Arbistar”, que prometía obtener rentabilidades más altas a cambio de una permanencia por un periodo de tres años. A todo ello se sumaron publicaciones a través de internet, como el programa semanal que Fuentes difundía en su canal de Youtube, bautizado como “La llamada de éxito” y que se popularizó entre los clientes de la plataforma de inversión en criptomonedas; o los actos públicos de promoción en hoteles y salas de congresos por todo el territorio nacional.
La realidad era muy distinta. Los acusados, lejos de invertir en criptomonedas, utilizaron parte del dinero obtenido de inversores a pagar los intereses prometidos a otros clientes para generar confianza entre ellos, al tiempo que “distraía las criptomonedas así recibidas en beneficio propio”. Pero el negocio no duró mucho. En agosto de 2020, la pirámide empezó a derrumbarse cuando Arbistar dejó de abonar las ganancias supuestamente conseguidas a los inversores, bajo un pretexto de problema de liquidez y achacando el problema a un error del sistema de arbitraje. Conscientes de que el sistema defraudatorio había alcanzado su cenit, la trama liderada por Santiago Fuentes vaciaron las cuentas de la entidad, “mediante el desvío masivo de los fondos existentes hacia sus propias cuentas personales y las de su entorno personal”, concluye el escrito de la Fiscalía.
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