Afectados por estafas de ‘criptos’ piden al fiscal general medidas para acelerar sus juicios

La Asociación de Usuarios de Criptomonedas solicitan una reunión urgente para exponer la necesidad de realizar reformas legislativas

Imagen de criptomonedas./ Unplash

Los tribunales españoles reciben cada vez más causas relacionadas con presuntas estafas piramidales en la inversión en criptomonedas. Arbistar, Nimbus, Algorithms Group, son algunas de las plataformas que están bajo sospecha en la Audiencia Nacional por defraudar a miles de personas en numerosos países del mundo. El fundador de la conocida Binance, Changpeng Zhao, está investigado en un juzgado de instrucción de Madrid por estafa una presunta apropiación indebida. Las investigaciones nacen a raíz de la denuncia de unos pocos perjudicados, si bien los procesos judiciales para recuperar las cuantías perdidas se alargan más de lo previsto. Es por ello que la Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha solicitado una reunión urgente al fiscal general del Estado, Álvaro García, para instarle a que promueva medidas que agilicen las causas y sus enjuiciamientos.

En una conversación con CincoDías, fuentes de la asociación, creada por el abogado Carlos Aránguez, y que representa a más de 12.000 asociados en distintos procedimientos judiciales, explican que la petición se realizó por escrito antes de Navidad con la idea de trasladar al máximo representante de la Fiscalía la necesidad de promover reformas legislativas que tengan en cuenta el perjuicio “masivo” que pueden ocasionar los ciberdelitos y las estafas informáticas.

El ministerio público es consciente de ello. El pasado 13 de noviembre, Álvaro García aprovechó su intervención en un encuentro organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) para reclamar herramientas que permitan a los fiscales especializarse en la delincuencia online y perseguirla con eficacia. “Es vital, ahora más que nunca porque el cibercrimen ha alcanzado niveles inéditos con más de 90 millones de ataques anuales que cuestan 10,5 billones de euros, una cifra muy superior a los 3.000 millones de dólares de hace una década o a los 6.000 millones de 2021″, destacó.

Nuevos protocolos

No obstante, las fuentes de la asociación de afectados consideran imprescindible la introducción de protocolos que agilicen la tramitación de las investigaciones judiciales, ya que “cada vez hay más estafas”. Así, apuestan por que se den más facilidades a los perjudicados para que puedan personarse en las causas bajo el amparo de una plataforma de afectados y evitar que los jueces no hagan una interpretación restrictiva del artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que reconoce la legitimación de la acción colectiva en los casos que exista un perjuicio potencial para un grupo amplio.

Al hilo, el colectivo de usuarios sugiere la modificación el Estatuto de la víctima del delito, aprobado en 2015, así como de la LECrim, cuya reforma lleva pendiente desde hace años –data de 1882–, para que se contemple la “singularidad” de la ciberdelincuencia y se determine la competencia de los tribunales españoles para conocer la incidencia que está teniendo las tecnologías disruptivas, como el blockchain, la inteligencia artificial o el metaverso, donde no existen barreras y su uso inadecuado puede dejar miles de damnificados, incluso a nivel global.

Así las cosas, para visibilizar este problema, la asociación ha puesto en marcha otra iniciativa de recogida de firmas con la intención de entregárselas al fiscal general para dar cuenta del amplio número de afectados. Desde el arranque, ya han dejado su rubrica cerca de 2.000 personas, según las fuentes consultadas.

Prisión provisional

Asociación de Usuarios de Criptomonedas expone la necesidad de que la justicia fomente la prisión preventiva para los responsables de macroestafas. En el caso de Arbistar, el fundador de esta plataforma, Santiago Fuentes, ha estado en libertad durante toda la investigación y entró en prisión sin fianza el pasado junio, una vez que el juez José Luis Calama le procesó como presunto líder de una de las mayores estafas piramidales en inversión de criptomonedas en España. 

No ha ocurrido lo mismo con el ex asesor del Banco Mundial Andrea Zanon, identificado como el cabecilla del fraude realizado a través de la plataforma Nimbus. El juez Joaquín Gadea envió a este investigado a la cárcel hace un mes, pero eludible bajo fianza de 60.000 euros.

En una situación parecida estuvo el fallecido Javier Biosca, líder de Algorthms Group, que pasó un año en un centro penitenciario hasta que depositó una fianza de un millón de euros.

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