La política ambiental en las empresas avanza más por cumplir la norma que por conciencia
El apoyo del sector privado no lleva el ritmo que exige la emergencia climática y de biodiversidad. La pandemia y la guerra frenan la ambición
Las políticas medioambientales calan cada vez más en las empresas, bien para cumplir con la normativa –el informe de sostenibilidad es obligatorio desde 2019 para las grandes sociedades cotizadas–, bien por una mayor concienciación. De hecho, el 87% de las compañías cotizadas en Bolsas y Mercados Españoles (BME) reporta información no financiera, 37 puntos más que hace cinco años, recoge un informe publicado la semana pasada por Esade y la Fundación La Caixa. Sin embargo, pese al avance, el estudio, que analiza por sexto año consecutivo la contribución de 101 compañías españolas a los ODS, alerta del riesgo de incumplimiento de la Agenda 2030.
“La contribución del sector privado a los ODS ha aumentado considerablemente en los últimos años; hay muchas iniciativas”, observa Ferran Curtó, director asociado de la Cátedra de LiderazgoS y Sostenibilidad de Esade. Pero advierte de un cambio de tendencia: “El entorno de policrisis actual dificulta su implementación y ha causado un retroceso en la mayoría de los ODS fijados y acordados”. Tampoco, apunta, se actúa a la velocidad necesaria para evitar la crisis climática y de pérdida de biodiversidad. “Disminuye el porcentaje de compañías que incluye criterios sociales (32%) o ambientales (18%) en su misión empresarial”, resalta el documento.
Para Isabela del Alcázar Benjumea, directora global de sostenibilidad de IE University, “la normativa manda por ahora, y es la gran dinamizadora del cambio. Pero el aluvión regulatorio tiene a las empresas despistadas en lo importante: hacer de la sostenibilidad una estrategia de mejora competitiva”.
Pese a ello, Raquel Canales, mánager del Clúster de Cambio Climático de Forética, y Clara Jiménez-Becerril, responsable del mismo, afirman que “hace tiempo que quedó atrás la idea de que el medio ambiente era algo gestionado por un departamento estanco, vinculado exclusivamente a la operativa y gestión. Hoy ha escalado de manera clara y firme en el organigrama; es un eje transversal”. En sectores como energía, construcción, transporte e industria estos asuntos marcan la estrategia a corto, medio y largo plazo, añaden.
¿Quién manda?
El modelo de gobernanza depende de la estructura organizativa, la evolución histórica de la asignación de estas responsabilidades en las distintas unidades o el tamaño e impactos de cada actividad, explica Curtó. “Hay compañías donde recae en el área de desarrollo de negocio. En sectores de alto impacto tiene rango de dirección general. En banca, los equipos de dirección ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) dependen de la presidencia o directamente del CEO. Y en compañías industriales, el departamento de operaciones asume con frecuencia este rol”, indican Canales y Jiménez-Becerril.
“La política ambiental es, a menudo, liderada por el CEO o la alta dirección”, percibe Curtó a través del Observatorio de los ODS. E incide en que “este compromiso es clave para el establecimiento de la estrategia y el plan de sostenibilidad, la redefinición de la misión, el propósito empresarial y su incorporación en la cultura corporativa”. Algunas refuerzan esta gobernanza con la creación de comisiones dependientes del consejo de administración.
Además, prosigue, se integra en la estructura organizativa a través de un comité o departamento con facultades operativas que interactúan con las diversas áreas funcionales de la empresa para garantizar su implementación transversal, y reportan, por lo general, a la alta dirección.
La medición y rendición de cuentas es otro mecanismo relevante que instauran las compañías para evaluar dicho desempeño y avanzar en la transparencia, así como el impulso de alianzas entre múltiples grupos de interés, subraya, tras poner a la francesa Danone y a la estadounidense Patagonia como ejemplos de buenas prácticas.
Para Víctor Viñuales, director de Ecodes, “no basta con cumplir con la legalidad para no dañar, sino que se trata de regenerar, reparar y sanar el planeta. Esto exige un enfoque proactivo, holístico, de qué puede hacer mi empresa para resolver los problemas comunes de la humanidad. Va de repensar el modelo de negocio para lograr un impacto global positivo, no neutro, desde el punto de vista ambiental, social y de género”. Y cita a DKV como modelo.
Del Alcázar Benjumea cree que solo funcionarán las estructuras que cuenten con el pleno apoyo del consejo y del comité ejecutivo.
Desafíos por delante
Nueva normativa. En 2022 se aprobó la nueva directiva sobre divulgación corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) para avanzar hacia la equiparación del reporte de la información financiera y no financiera. Esta modifica la de 2014 y los Estados miembros tienen hasta junio de 2024 para trasponerla. “Aumenta el alcance de empresas que deberán reportar [a las de más de 250 empleados y pymes cotizadas], amplía la información demandada, ofrece estándares para su reporte desde la perspectiva de la doble materialidad [cómo el entorno impacta en la empresa y el daño social y ambiental que causa su actividad] y exige la verificación parcial de su contenido”, destaca Àngel Castiñeira, director de la Cátedra de LiderazgoS y Sostenibilidad de Esade.
Pymes. Pese a que van con retraso en materia de sostenibilidad, “porque la norma no se adapta a su realidad”, los expertos creen que será clave para su competitividad, para reducir costes y subsistir en el mercado.
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