La sostenibilidad llega al depósito de cuentas
La obligación de reportar el impacto social se amplía a las empresas medianas. El 45% desconoce esta exigencia, según Grant Thornton
Las pymes afectadas por la crisis del Covid tienen seis meses decisivos por delante. Es un período de transición en el que deberán aprovechar la prórroga de los ERTE, los aplazamientos tributarios y el sexto tramo de avales públicos para sortear el que, gracias al avance de la vacunación, podría ser el último bache hacia la recuperación económica.
En este tour de force muchas de ellas se encontrarán con la sorpresa de que deberán dedicar parte de su tiempo y destrezas al cumplimiento de una nueva normativa contable.
Al cierre de este ejercicio, las empresas de mediano tamaño están obligadas a presentar junto con sus resultados anuales un estado de información no financiera (EINF) en el que reporten sobre sus políticas medioambientales, sociales y laborales, y sobre los controles que han implementado para asegurarse de que la organización respeta los derechos humanos y previene o combate la corrupción y el soborno.
Desde que España traspuso en diciembre de 2018 un conjunto de directivas europeas de transparencia, la norma solo era aplicable para las compañías de más de 500 empleados y cierto volumen de ventas o activos, y para bancos, aseguradoras y gestoras de fondos.
Sin embargo, en su momento esta ya contemplaba que a partir de 2021 se haría extensible a las de más de 250 trabajadores siempre que en los dos últimos años consecutivos el valor de sus bienes haya superado los 20 millones de euros o que su facturación haya excedido de los 40 millones.
Pese a los tres años transcurridos desde entonces, el 45% de los directivos del segundo grupo desconoce que la elaboración del EINF y su validación por parte de un auditor externo es obligatoria, según una encuesta realizada por Grant Thornton a una muestra de 400 sociedades de entre 50 y 500 empleados.
El incumplimiento puede acarrear multas de entre 1.200 y 60.000 euros dependiendo del tamaño de la compañía infractora, de acuerdo con la firma de servicios profesionales.
Las compañías tienen hasta finales de julio de 2022 para entregar el primer informe
Jaime Romano, socio de procesos, eficiencia y riesgos de Grant Thornton, explica que el decreto de 2018 pone la información ambiental y social de las empresas al mismo nivel que la estrictamente financiera, al reconocerles la misma importancia y establecer para ambas las mismas formalidades. Es decir, el ENIF debe seguir el mismo circuito de elaboración fijado para los resultados anuales: cerrado el ejercicio, los administradores tienen tres meses para formular las cuentas; después, la junta general de accionistas tiene tres meses más para aprobarlas y, alcanzado este hito, un mes adicional para depositarlas en el registro mercantil.
Si la mayoría de las sociedades en España completa su ejercicio fiscal el 31 de diciembre, significa que las empresas medianas a las que aplique esta regulación tendrán como mucho hasta finales de julio de 2022 para entregar el reporte por primera vez. Pero si realmente quieren que el plazo les alcance porque nunca han recabado datos sobre emisiones o diversidad, tendrán que ponerse manos a la obra este mismo verano.
“Muchos empresarios se están dando cuenta ahora, en el ecuador del ejercicio, de que tienen que preparar esta información, con unos medios y recursos que no son los mismos que los de las grandes compañías. Tienen que ponerse las pilas porque el EINF no es un documento de dos páginas, sino un estado que consta de cinco capítulos muy bien definidos, en cada uno de los cuales deben desarrollarse una serie de contenidos acompañados por una batería de indicadores. Si esperas al 2 de enero para empezar, no vas a poder cumplir”, advierte Romano.
Los cinco bloques en los que debe organizarse el EINF son medio ambiente, responsabilidad social (que incluye políticas de igualdad de género y de formación laboral), derechos humanos, sistemas para detectar fraudes o blanqueo de capitales, y relaciones con clientes, consumidores, proveedores y el fisco de los diferentes países donde opera la empresa (aquí tienen cabida temas como el pago de impuestos).
La similitud de parte de estos contenidos con los de las memorias de responsabilidad social corporativa que algunas pymes ya publican, puede llevarlas a incurrir en el error de creer que estas últimas pueden hacer las veces de EINF. “No les valdría porque, por lo general, los informes de RSC están muy centradas en las actividades solidarias de las empresas. El EINF incorpora la RSC pero trasciende su ámbito”, aclara.
¿Por dónde empezar?
Al igual que ocurre con las cuentas anuales, aquí también hay dos grandes pasos que dar: elaborar el EINF (puede hacerlo la misma firma o un tercero) y someterlo a la verificación de un auditor de cuentas independiente que puede ser el mismo que examine los resultados financieros.
Antes de redactar el reporte, Romano aconseja conocer bien la ley y analizar de qué información se dispone en las bases de datos de la organización. “Si no haces planes de igualdad, tienes que mencionarlo o dejar constancia de que estás en proceso de implementarlos”, apunta.
Recuerda que el EINF “no es solo literatura”: los aspectos cualitativos tienen que sustentarse en mediciones, para lo cual la legislación permite recurrir a los más de 450 indicadores de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).
Aenor recomienda empezar por hacer una revisión de la actividad y la cadena de valor
José Magro, mánager de sostenibilidad y RSC de Aenor, entidad que lleva cuatro años verificando EINF de grandes corporaciones, recomienda hacer una revisión de la actividad, cadena de valor y partes interesadas para, en base a eso, identificar cuáles son las materias de sostenibilidad más relevantes. “La norma ofrece una tabla de asuntos potenciales sobre los cuales la empresa puede reportar para que determine los que considere más pertinentes”, dice. En ese sentido, asegura que no hace falta reportar sobre los cinco bloques propuestos.
Juan Alfaro, secretario del Club de Excelencia en Sostenibilidad, descarta que la imposición del EINF en las pymes vaya a propiciar que estas se involucren en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. “Una cosa es una obligación legal y otra una herramienta de mercado voluntaria. El reporte puede contribuir a generar una conciencia ambiental y social, pero no puede contabilizarse como contribución a los ODS”, argumenta.
En juego, el acceso a licitaciones, ayudas europeas y préstamos
Efectos del incumplimiento. Aparte de las multas, el incumplimiento de la obligación de presentar el estado de información no financiera (EINF) puede tener consecuencias “cualitativas”, incluso más graves que las pecuniarias, avisa Jaime Romano, experto de Grant Thornton. Entre ellas, menciona la imposibilidad de participar en determinadas licitaciones públicas o de acceder a subvenciones como las del programa de recuperación europeo.
Acceso a financiación. Dado que a partir de este ejercicio el registro mercantil no aceptará balances de empresas medianas que no se acompañen del EINF, el incumplimiento de esta obligación puede conllevar también dificultades para obtener préstamos bancarios, ya que el depósito completo de las cuentas es uno de los criterios que las entidades suelen considerar para conceder la financiación.
Trasfondo. El espíritu que mueve a la UE a exigir a las empresas el EINF es su compromiso con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Al respecto, Juan Alfaro, secretario del Club de Excelencia en Sostenibilidad, mantiene que los ODS son actualmente “un tema exclusivo de gran empresa y, como pasa con otros movimientos, es probable que las pequeñas y medianas se incorporen posteriormente”.
Lluvia fina. Alfaro apoya su argumento en un estudio publicado a inicios de mes por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), en colaboración con el Club y EY (Ernst & Young), sobre el grado de implantación de los ODS en las empresas madrileñas. La investigación concluye que el 95% de las grandes compañías ya integra los ODS en su estrategia de negocio, mientras que en las pymes, este porcentaje se reduce al 50%, si bien el 83% de ellas los conocen. “Las pymes están lejos de los ODS, pero eso no significa que no los vayan a incorporar en un futuro, es un proceso de lluvia fina que empezará por las grandes”, matiza.
Avances. Entre las pymes que han asumido los ODS como propios, hay avances importantes. Así lo sugiere un análisis realizado por la ONU de las memorias de sostenibilidad (no confundir con el EINF) de las 380 pymes españolas adheridas al Pacto Mundial. Según este estudio, cerca del 90% promueve la igualdad de género en su organización, lo que las sitúa por delante de las empresas grandes, donde este porcentaje es del 83%. En el ámbito medio ambiental, el 69% se ha comprometido a la reducción de emisiones de CO2.
