Un pequeño gran salvavidas para los océanos
El pacto global impulsado por la ONU fija la creación de áreas marinas protegidas en el 30% de la superficie de altamar. La sobrepesca, la contaminación por plásticos y el cambio climático afectan a la biodiversidad de los ecosistemas
A principios de este mes se alcanzó por fin un pacto global para proteger los océanos, tras 15 años de negociaciones. El objetivo de este tratado internacional es salvaguardar y restaurar la biodiversidad marina en altamar, específicamente, el 30% de la superficie. La contaminación, el plástico y el cambio climático afectan gravemente a estos ecosistemas. Y la minería submarina –una industria emergente– y la sobrepesca son también otras dos amenazas crecientes. Pero ¿cuáles son los próximos pasos?, ¿es suficiente este acuerdo para proteger unas aguas internacionales de difícil regulación? o ¿qué pasa con el 70% restante que está fuera del tratado?
Su relevancia es indiscutible. “Por primera vez se establecen las bases de la conservación y la protección marina, y se fija una superficie y una fecha a cumplir”, comenta Celia Ojeda Martínez, responsable de biodiversidad de Greenpeace. Joám Evans, de la alianza internacional Deep Sea Conservation Coalition, añade que “es una oportunidad para que la comunidad internacional establezca medidas protectoras para la biodiversidad ante la laguna existente en la regulación internacional del derecho del mar”.
Las organizaciones regionales de pesca gestionan en altamar los recursos biológicos y la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), los recursos minerales, pero no estaba claro quién administra o puede utilizar los recursos energéticos más allá de las plataformas continentales de los Estados costeros y ciertos recursos biológicos de naturaleza sedentaria, explica Evans. Es decir, este tratado viene a poner un poco de orden, de coto y de veda.
“Las aguas internacionales [abiertas a todos los Estados y que están a más de las 200 millas desde las costas que controlan los países] eran territorio de nadie. Todo el mundo podía explotarlas y obtener sus recursos. Las normas existentes regulaban ciertos impactos, pero ninguna legislaba la protección de los océanos”, subraya Ojeda. “Es un gran avance porque crea un marco legal para actuar con decisión y crear más reservas marinas, especialmente en áreas que quedan fuera de las aguas controladas por cada nación”, sostiene Álvaro Luna, profesor del grado de Medio Ambiente en la Universidad Europea.
¿Qué implica?
La conferencia intergubernamental de la ONU, a cargo de sacar adelante este pacto, no lo ha tenido fácil. Tras años de discusiones, y superados los escollos, entre ellos la financiación y la gestión de los recursos genéticos, que se usan con fines científicos o comerciales, los países se comprometen a crear áreas marinas protegidas en las que no tiene cabida la actividad humana (minería, pesca industrial y extracción de gas y petróleo). También a la mejora de la cooperación y la gestión del transporte marítimo, la pesca y la explotación de otros recursos.
“Se busca establecer un gran parque nacional en altamar”, ilustra Ojeda. Esto permitirá recuperar la flora y la fauna, que tengan un efecto reserva y exporten vida a las áreas cercanas. “Los peces dentro de la reserva, al ser más grandes y numerosos, saldrán del santuario, lo que es beneficioso para el resto del océano. En el caso de los hábitats, se hacen más fuertes y pueden soportar mejor los impactos, como absorber mayores cantidades de dióxido de carbono o emitir más oxígeno”, detalla.
Pero aún quedan flecos sueltos por cerrar: la adopción y la ratificación por los 200 países –aunque solo se necesita la corroboración de 60– y la implementación (hay que identificar las áreas a proteger y cómo se van a financiar). Las dos primeras son cuestiones más formales y que los expertos esperan que se solventen pronto, pero la tercera es más peliaguda. “El gasto, a cargo de los Estados, ha sido materia de conflicto e hizo que se retrasara la negociación. Pero en el tratado se fijan ya los porcentajes a dar. Los países del G77 y otros, la mayoría de África, América Latina y Centroamérica, pedían ayuda porque ellos no pueden costear esa factura”, cuenta Ojeda.
Lo que se sabe hasta ahora es que las instituciones se financiarán mediante las cuotas de las Partes (de los países); se establecerá un mecanismo para la financiación nueva y adicional; se desarrollará un objetivo inicial de movilización de recursos hasta 2030 para el fondo especial procedente de todas las fuentes y también habrá un fondo fiduciario voluntario y otro especial financiado a través de una cuota fija anual y el reparto de beneficios monetarios, así como contribuciones de la empresa privada, de donantes y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Además, se creará un comité financiero sobre recursos financieros.
Precisamente, para garantizar su ejecución, se establecerá un órgano científico y técnico para evaluar las propuestas y planes de gestión de dichas áreas, un comité de aplicación y cumplimiento para reforzar la cooperación y un mecanismo de resolución de disputas para permitir a los Estados tomar medidas contra los incumplimientos.
Amenazas
La sobrepesca, la contaminación, el cambio climático –que ha elevado la temperatura del agua y la acidificación–, la presencia de especies invasoras y la destrucción y fragmentación de hábitats por la construcción de infraestructuras costeras son las principales presiones a las que están expuestos los océanos, afirma Óscar Esparza, especialista en áreas marinas protegidas de WWF España. El 51% de las poblaciones de peces evaluadas en el Mediterráneo occidental están sobreexplotadas, al igual que el 44% de las del Atlántico nororiental, datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que cita Esparza. El golfo de Cádiz y el mar de Alborán son los más afectados. Y respecto a las especies más vulnerables, menciona el tiburón y la raya.
La contaminación por plásticos es otra de las preocupaciones: se calcula que cada año se arrojan a los mares españoles 126 toneladas de residuos. Barcelona y Valencia son las más perjudicadas. “Sabemos que hay plástico hasta en los fondos marinos y multitud de especies están interaccionando con él, ingiriéndolo o sufriendo lesiones al quedar enganchados a algunos de estos materiales flotantes”, indica Luna. O el auge de especies invasoras, como el alga asiática Rugulopteryx okamurae, que está colonizando las costas del campo de Gibraltar, parte de Málaga y que amenaza todo el Mediterráneo, apunta Esparza. En total, son más de 140, sostiene Agricultura.
Pese al gran paso de avance, los ecologistas creen que este pacto es una primera piedra, un pequeño salvavidas, pero que hay que seguir construyendo. “En el 70% del océano restante las actividades antrópicas siguen siendo devastadoras. Hay que acabar con la pesca de arrastre, altamente destructiva, y dar una salida digna a las personas que viven de ello; con la contaminación por plásticos y poner una moratoria a la minería submarina”, reclama Ojeda.
El valor de los servicios ecosistémicos que aportan los océanos se estima en unos 1.500 millones de dólares por año, según WWF.
La minería submarina, otro peligro emergente
La minería submarina, una actividad que emerge al calor del auge de la industria digital y renovable, ha hecho saltar las alarmas en la comunidad científica mundial. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) ha otorgado hasta la fecha 31 contratos de exploración de metales en unos 1,5 millones de kilómetros cuadrados de las profundidades del mar, en base a los datos de dicho organismo, lo que ha generado una preocupación mundial por el impacto ambiental que puede tener esta práctica en los océanos, aún en estudio.
En las aguas profundas, específicamente en las llanuras abisales, los montes submarinos y los respiraderos hidrotermales, hay yacimientos minerales ricos en metales (cobalto, cobre, níquel y manganeso), según recogen informes científicos. Y dada la ingente demanda de tecnologías limpias y equipos electrónicos, existe un creciente interés por explotar dichos fondos. En concreto, los del Pacífico oriental, entre México y Hawái, en la denominada zona de fractura Clarion-Clipperton. Y es donde se cree que la ISA adjudicará los primeros contratos con fines comerciales. Inquieta el tamaño y el tiempo de explotación: una sola operación puede abarcar entre 8.000 y 9.000 kilómetros cuadrados durante 12-30 años.
Ante esta emergencia, la comunidad internacional está pidiendo una moratoria o prohibición. En junio y julio de 2022, ocho Estados, incluido España, demandaron establecer una pausa precautoria, y son ya 13 los que se han sumado a esta causa, señala Joám Evans, de la Deep Sea Conservation Coalition. De hecho, el Congreso aprobó en febrero una proposición no de ley, registrada por Unidas Podemos y que salió adelante con una enmienda del PSOE, que solicita el establecimiento de una pausa precautoria y acuerda estudiar su prohibición en aguas españolas. “Es un paso, pero la ministra Teresa Ribera debería salir y decir que España quiere una moratoria; se necesita una declaración oficial”, dice Celia Ojeda, de Greenpeace.
Hasta ahora, solo Francia habla de su prohibición. La Comisión Europea aboga también por su veto hasta que “se subsanen las lagunas científicas, se demuestre que no tiene efectos nocivos y se establezcan disposiciones en la normativa de explotación para la protección eficaz del medio marino”. BMW, Volvo, Samsung y Google se han comprometido a no abastecerse de minerales submarinos y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a no financiar este tipo de proyectos.
“El conocimiento científico evidencia cómo es incompatible con la conservación de los ecosistemas. Su impacto puede ser también catastrófico en la función de los océanos para retener y capturar el carbono y regular el clima”, avisa Evans. La contaminación acústica y lumínica, la concentración y suspensión de sedimentos o el bombeo de aguas residuales son algunos de los daños que alertan los científicos.
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