Airbnb constata una crisis de acceso a la vivienda en España, pero la desliga de los pisos turísticos
La plataforma asegura que solo el 1,3% de las viviendas se destina a alquiler de corta duración. Se compromete a apoyar la creación de un registro único para viviendas turísticas y a colaborar en su implementación.
Airbnb, la plataforma que más pisos turísticos anuncia con siete millones de viviendas, da un paso adelante y se compromete a apoyar la creación de un registro único para viviendas turísticas y a colaborar con las distintas administraciones para su implementación, prevista para mayo de 2026.
En un comunicado subraya que la prioridad de la plataforma será ampliar su colaboración con las autoridades para garantizar que la transición a la nueva normativa de la UE sea satisfactoria para todas las partes implicadas. “Airbnb quiere ser un socio de confianza para las autoridades durante este tiempo y, con ese fin, asume cuatro compromisos: apoyo a un marco efectivo para el intercambio de datos, cumplimiento de las normativas locales, abordar la crisis de la vivienda y construir un turismo sostenible de cara al futuro”.
Entre los argumentos deslizados, el más novedoso es el de la vivienda, asunto hasta al que ahora apenas se había pronunciado. “Airbnb es consciente de que los elevados precios de la vivienda son un problema en muchas partes de la UE y de que ese asunto tiene una enorme importancia para las autoridades y las comunidades locales. Este es un problema complejo con muchas causas subyacentes, y la plataforma quiere asegurarse de que los alquileres a corto plazo no agraven los desafíos actuales. En España, de acuerdo con los datos del INE, sólo el 1,3% del total de viviendas se dedican al alquiler de corta duración. Además de velar por la aplicación efectiva de la nueva normativa de la UE, Airbnb se compromete a seguir investigando para comprender mejor el impacto de los alquileres de corta duración y el papel que Airbnb debería desempeñar para mejorar las cosas”, remarca el comunicado.
El otro punto más llamativo es el del cumplimiento de las normativas locales, ya que la plataforma se compromete a ayudar a las autoridades a aplicar normativas proporcionadas, incluso con soluciones técnicas. “De hecho ya colabora con cientos de administraciones locales de toda la UE y ofrece herramientas como el Centro de Recursos para Municipios (City Portal). En Barcelona e Ibiza, por ejemplo, Airbnb tiene acuerdos desde hace años para ayudarles a los gobiernos locales en sus tareas de inspección para detectar y eliminar aquellos anuncios que, de acuerdo con los servicios de inspección, presenten irregularidades”.
Ayudar a detectar la oferta ilegal no significa que esa vaya a ser la labor principal que va a asumir Airbnb, ya que el nuevo reglamento establece que la obligación es exclusiva del anfitrión, siendo responsables de la exactitud de la información que reportan, para lo que tienen que declarar a las plataformas si la unidad que ofrecen está sujeta a un procedimiento de registro y, en caso afirmativo, proporcionar el mismo. En el caso de las plataformas, Airbnb se compromete a no publicar anuncios sin número de registro para combatir la oferta ilegal y a comprobar antes de su publicación si el anuncio se encuentra en la zona donde es necesario registrarse.
De hecho, la plataforma remite a una sentencia del Supremo, hecha pública en enero de 2022, que señalaba que “la información del anuncio, incluido el correcto número de registro cuando es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia”. Y señalaba que Airbnb, la plataforma denunciada, “es un intermediario neutro de los servicios de la sociedad de la información y no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni un prestador de servicios turísticos”
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