¿Puede convertirse Madrid en Nueva York, una ciudad sin pisos para turistas?
Los gestores y propietarios de este tipo de pisos rechazan los argumentos del alcalde para prohibir las viviendas y argumentan que un tercio del crecimiento de la población española desde 2016 se ha concentrado en la comunidad madrileña
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha lanzado un órdago sin precedentes a los propietarios y gestores de viviendas de uso turístico (VUT) en la capital. El pasado 25 de abril, sin previo aviso según los propios afectados, anunció la congelación de las licencias para pisos turísticos y el endurecimiento de las sanciones a aquellos que no la tengan, con multas que irían desde un mínimo de 30.000 a un máximo de 100.000 euros.
De las 14.686 viviendas de uso turístico que tiene censadas el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Madrid, en torno a 8.000 carecen de licencia. “¿Significa eso que sean ilegales? No. Simplemente se beneficiaron de un procedimiento abreviado aprobado por la propia Comunidad de Madrid para poder operar con una declaración responsable”, recalca Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja, una de los principales afectadas por la medida de Almeida, ya que aglutina a 300 gestores con una cartera de 4.500 viviendas de uso turístico.
En el nuevo escenario legislativo, esos 8.000 pisos dejarán de ejercer la actividad por el elevado importe de las multas que les pueden imponer. “Las sanciones son acumulativas en caso de quebrantamiento de la ley pudiendo llegar a a acumular 190.000 euros en sanciones”, calculó el alcalde de Madrid cuando hizo el anuncio. “Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico”, apuntó durante su comparecencia pública.
Merás también tiene dudas de la viabilidad de las 6.000 viviendas restantes ante los requisitos que se puedan incluir en el nuevo Plan General de Urbanismo, que estará listo en el primer trimestre de 2025. “Madrid puede convertirse en Nueva York, una ciudad sin viviendas para turistas”, señala el portavoz empresarial, que se pregunta dónde pernoctarán los 10,5 millones de viajeros que visitan la ciudad de Madrid. Merás se responde a sí mismo: “En los hoteles, los principales beneficiados de la decisión de Almeida, como en Nueva York”.
En la gran urbe estadounidense se aprobó en septiembre de 2023 una legislación hiperrestrictiva que suponía una prohibición de facto, al impedir el alquiler de pisos turísticos completos si no es por más de 30 días y solo permitir habitaciones por un tiempo inferior, siempre y cuando el propietario esté presente en la casa. Los pisos turísticos han desaparecido y el negocio de los hoteleros, tal y como señala Merás, ha repuntado con fuerza. Así lo reveló a finales de noviembre Robin Rossmann, director general de STR, la filial de análisis de datos de Costar, durante la jornada anual de inversión hotelera organizada por Cushman & Wakefield en España. “Desde que entró en vigor la prohibición, los precios hoteleros de los seis grandes distritos centrales de Nueva York se han disparado entre un 10% y un 20%”, cifró.
Merás considera que las viviendas de uso turístico no son las responsables de la falta de vivienda en alquiler en Madrid, rechaza las acusaciones de que generen molestias y malestar vecinal y argumenta que el crecimiento de la población residente en Madrid ha sido vertiginoso y es el principal responsable de las dificultades para encontrar un lugar dónde vivir. “De los 2,17 millones de habitantes más que tiene España desde 2016, 589.155 (un 27%) ha escogido Madrid. Es como si se hubieran venido a vivir todos los habitantes de Málaga en ese tiempo”, recalcó. El último censo de vivienda, correspondiente al año 2021, establecía que en la ciudad de Madrid hay 1,32 millones de viviendas familiares, de las que 927.975 están en régimen de propiedad y 317.766 en alquiler, por lo que las viviendas turísticas, según los cálculos de la organización empresarial, solo suponen el 5% del total. “¿Va a desaparecer la demanda quitando el 5% del problema?”, clama Merás.
El presidente de Madrid Aloja también rechaza las acusaciones de que las viviendas de uso turístico estén expulsando a la población del centro de Madrid. Y también discrepa sobre la relación causa-efecto que establece el ayuntamiento con la salida de miles de casas al mercado de alquiler por la prohibición de las VUT. “Muchas de ellas son segundas residencias que se alquilan por temporadas. Esas nunca volverán al mercado. Además, muchos propietarios no alquilarán sus viviendas por temor a los problemas tradicionales con los inquilinos, como impagos o destrozos”.
En cualquier caso tiende la mano al Ayuntamiento para poder consensuar los nuevos cambios normativos previstos para el primer trimestre de 2025: “En noviembre de 2023 les dimos nuestro posicionamiento y nos dijeron que los dejáramos trabajar en una regulación que iba a ser equilibrada, aunque ya advirtieron que no iba a contentar a todos. Lo que no esperabamos era una decisión unilateral que puede borrar de un plumazo los 2.215 millones de euros que genera esta actividad cada año”.
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