El Gobierno apura los plazos en la opa de la húngara Ganz Mavag por Talgo mientras busca socio industrial
El examen de la operación entra en su tercer mes sin puente alguno entre los inversores húngaros y el Ejecutivo
El consorcio húngaro que mantiene una oferta pública de adquisición (opa) por el 100% de Talgo a cinco euros por acción, Ganz Mavag, tiene claro que la suya va a ser una carrera de fondo y también cree, según fuentes cercanas, que podrá aguantar. La ofensiva sobre la firma industrial española, pactada con los principales accionistas de Talgo y calificada de amistosa, fue presentada el 7 de marzo; el folleto llegó a manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 2 de abril, y el 22 de ese mes el regulador bursátil comenzó a analizarlo. A partir de ahí, mínimos avances y mucha incertidumbre.
Lo que suceda en las próximas semanas, tras la declarada intención del Gobierno de frustrar la opa húngara o buscar una oferta competidora, depende del dictamen que prepara la Junta de Inversiones Exteriores, dependiente de la secretaría de Estado de Comercio, donde se apuran los plazos para determinar la idoneidad, o no, de la oferta húngara. El Ejecutivo, por su parte, busca por toda Europa la formación de un consorcio comprador alternativo. Los plazos para dar respuesta a Ganz Mavag entran en su fase final antes de que entren en juego posibles prórrogas.
Otra fecha clave en el proceso es la del 25 de marzo, cuando Ganz Mavag presentó la documentación de la opa ante la referida Junta de Inversiones Exteriores. Ese día comenzó a correr un primer plazo abreviado de un mes, que ha sido ya ampliamente superado, para obtener respuesta del Consejo de Ministros a la opa. La operación fue a un segundo plazo ordinario, con dos meses adicionales, lo que ofrece tiempo para analizar la oferta hasta finales de junio. La CNMV, que tenía 20 días hábiles para aceptar o rechazar la formulación de la opa, agotó la semana pasada el margen temporal para dar su opinión, quedando ahora supeditada a que el Gobierno exponga sus argumentos.
En las filas de Ganz Mavag, asesorada en lo financiero por Lazard y en lo legal por Garrigues, se mueven entre la preocupación y la perplejidad por el hecho de no haber podido establecer contacto alguno con el Ejecutivo para explicar los planes respecto a Talgo. “El consorcio envió cartas a los ministerios de Economía, Transportes e Industria, a la oficina económica de La Moncloa y al presidente de Renfe sin siquiera haber recibido acuse de recibo”, explican en el entorno de Ganz Mavag. Los potenciales compradores solo han podido sentarse con los sindicatos con representación en Talgo y tampoco habrían tenido acceso a un cambio de impresiones con CriteriaCaixa, inversor de perfil financiero que daría un paso al frente con una opa competidora si el Gobierno es capaz de encontrar un inversor de perfil industrial.
Tras constatar las nulas ganas de acometer una opa por parte de los fabricantes de trenes CAF, Stadler y Alstom, todos ellos con presencia en España, el Ejecutivo ha tanteado a firmas europeas del sector ferroviario como Skoda y ayer, en publicación de El Confidencial, saltó el nombre del grupo especializado en defensa Escribano como nueva baza de La Moncloa. Desde esta última, presente en Indra (8%) junto al capital público que representa la Sepi (28%), se elude hacer comentarios al respecto.
En Ganz Mavag ha enraizado la idea de que solo un inversor del sector ferroviario con capacidad excedente de planta puede resolver el problema industrial de Talgo: falta capacidad, en sus instalaciones de Las Matas (Madrid) y Rivabellosa (Álava), para ejecutar una cartera de contratos valorada en 4.100 millones. Los actuales accionistas de salida, el fondo Trilantic y las familias Abelló y Oriol, con el 40% del capital a través de la instrumental Pegaso, no están dispuestos a soportar las necesidades de inversión de la compañía.
Con la propuesta de ocho fábricas en Hungría para acelerar la producción de Talgo en trenes de alta velocidad y apoyar su diversificación hacia el material rodante ligero, Ganz Mavag se presenta como una solución que causa fuertes recelos en La Moncloa al menos por cuatro cuestiones: los posibles lazos de los autores de la opa con Rusia, el soporte que presta el Gobierno de ultraderecha de Viktor Orban, una supuesta falta de capacidad técnica y el cartel de estratégicas que ha sido colgado sobre patentes de Talgo, como es la del eje de ancho variable que permite la circulación por distintos tipos de vía.
Precisamente, la Junta de Inversiones Exteriores ha demandado en las últimas semanas información a Ganz Mavag sobre las raíces societarias de cada uno de los inversores agrupados en el consorcio, formado por la firma industrial Magyar Vagón (55%) y el fondo público húngaro Corvinus (45%), al tiempo que ha reclamado detalles sobre los planes de los potenciales nuevos propietarios respecto a las patentes del fabricante español. Representantes del consorcio afirman que se ha atendido cada uno de los requerimientos de información.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asiste a este proceso de momento como espectadora, consciente de que se dirime en el terreno político. Los esfuerzos del capital húngaro se centran, dicen en su entorno, en crear en Bruselas un clima a favor de la integración de Talgo y Magyar Vagón, o en contra de un posible veto del Gobierno a una operación que parte de un Estado miembro de la UE.
España cuenta con un marco reforzado el año pasado para el análisis y control de inversiones extranjeras. El real decreto 571/2023, de 4 de julio, sirve de escudo antiopas para empresas cuya valoración se desplomó por el paso de la pandemia y la posterior invasión rusa de Ucrania, decae a final de año.
Ganz Vagon tiene firmados en Hungría los avales y financiación de la opa, que asciende a 619 millones de euros. También cuenta con la dispensa de la mayor parte de los 18 bancos acreedores de Talgo para llevar a cabo un cambio de control sin que se ejerzan las cláusulas de ejecución anticipada de créditos por más de 200 millones de euros. La acción del fabricante cerró ayer en 4,44 euros, un 12% por debajo de la oferta de adquisición en pie.
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