El juez archiva, por segunda vez, la causa del Popular por la ampliación de 2012
El magistrado insiste en que no existen indicios de que las cuentas fueron manipuladas y de engaño a los inversores de esta operación
Nuevo archivo de la investigación sobre la ampliación de capital del año 2012 del Banco Popular. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado, por segunda vez, el sobreseimiento de esta causa, al considerar que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”. De este modo, el magistrado instructor exime de cualquier tipo de responsabilidad por estos hechos al expresidente de la entidad Ángel Ron, al que fuera consejero delegado Roberto Higuera, así como a PwC, que recientemente han sido procesados por estafa en relación a la ampliación de capital de 2016.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio carpetazo a este asunto en noviembre del año pasado, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, en base a un informe de los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional, que concluyó que la operación fue una “buena inversión”, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los tres años siguientes.
No obstante, la causa se reabrió el pasado mes de enero siguiendo el mandato de la Sala de lo Penal, que reprochó al instructor el archivo del procedimiento sin haber llamado antes a los autores de dicho análisis pericial para su ratificación y para dar oportunidad a todas las partes presentes en el proceso a interrogarles y resolver sus dudas.
Una vez realizado este trámite, el juez instructor tenía que resolver la petición de nuevas diligencias que habían presentado las acusaciones. Los querellantes solicitaron la ampliación de dicha pericial, así como la comparecencia de relevantes testigos, como el que fuera gobernador del supervisor en aquella época, Luis María Linde; el director del grupo de inspección permanente del Popular, Francisco Monzón; la actual subgobernadora y entonces coordinadora ejecutiva del grupo de inspección del Popular, Margarita Delgado; y Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea.
El juez Pedraz no ha visto la necesidad de mantener la causa abierta para realizar dichos interrogatorios, al entender que “no resultan procedentes”. En su opinión, estas diligencias “exceden notoriamente del marco de la investigación (...), pues de practicarse no aportarían dato relevante alguno a la causa”. “No se tratan de diligencias imprescindibles, ni sirven para evitar o excluir indicios delictivos”, zanja.
Así las cosas, el magistrado se reafirma en que la causa debe ser archivada, pues, según destaca, del mencionado informe de los peritos del Banco de España “no se deduce la existencia de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían, afirmaciones efectuadas en varias ocasiones por los peritos del Banco de España ante las preguntas de las partes personadas”.
Informe pericial clave
La causa relativa a la ampliación de capital de 2012 del Banco Popular —la segunda investigación que ha salpicado a la entidad resuelta en junio de 2017 y a la gestión de Ángel Ron— se inició en junio de 2022, con la admisión a trámite dos querellas presentadas por un grupo de inversores minoritarios y por Cerquia Gestión y Cercupenta. En ese momento, el juez instructor solicitó a los expertos del Banco de España designados como auxilio judicial que elaboraran el informe que ha resultado ser clave para el avance del procedimiento.
Con dicho análisis, el juez Pedraz pretendía aclarar si los datos contables recogidos en en folleto de información de la ampliación de capital ofrecían una imagen fiel de la entidad y si los accionistas que compraron acciones sufrieron perjuicios económicos. El documento fue aportado a la causa en julio de 2023 y destacó que la operación fue la opción que el banco eligió para ejecutar los mandatos de saneamiento financiero del Banco de España y los denominados decretos Guindos –bautizados así por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos–. Estas órdenes exigían incrementar significativamente las coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria.
A ello se sumaron los test de estrés realizados por la auditora Oliver Wyman a la banca española, que reveló que la entidad tenía un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario adverso, un importe que debía ser cubierto antes de junio de 2013 si quería evitar la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su capital.
A raíz de estas conclusiones, Anticorrupción solicitó el archivo de la causa y resaltó que la ampliación de capital investigada se hizo en un “contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes Estado a adoptar medidas que paliaran la situación” y “conforme a la legislación vigente y sometida a los controles pertinentes”.
Procesamientos por la ampliación de 2012
El archivo de esta segundo caso judicial del Banco Popular llega en un momento relevante. El pasado lunes, otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama (titular del Juzgado Central de Instrucción número 4), dictó un auto de procesamiento contra el expresidente del banco y otros 12 exdirectivos, así como la auditora PwC y dos de sus auditores, por delitos de estafa a inversores y falsedad contable por una serie de presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016.
El magistrado considera que los accionistas participaron en dicha operación “engañados” porque los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio” y la firma auditora no indicó nunca ninguna salvedad.
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