Anticorrupción pide el archivo de la investigación por la ampliación de Banco Popular en 2012
La Fiscalía asume las conclusiones de los inspectores del Banco de España, que afirmaron que la operación fue un “éxito”, y descarta que la entidad engañara a los inversores
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que acuerde el archivo provisional de la causa abierta por presuntas irregularidades en la ampliación de capital que el Banco Popular acometió en 2012. El ministerio público ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso CincoDías, en el que indica que “una vez analizada la causa (...) consideramos que no concurren los hechos denunciados”, relativos a la supuesta falsedad del folleto de información sobre la emisión de acciones. Todo ello después de que los inspectores del Banco de España designados como peritos judiciales en este procedimiento certificaran que la operación, por el importe de 2.500 millones de euros, fue un “éxito”.
Las conclusiones de los expertos del órgano supervisor bancario son compartidas por la fiscal Belén Dorremochea, que señala que dicha ampliación de capital fue finalmente “beneficiosa” para los que participaron, ya que se produjeron “desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado”. Por tanto, Anticorrupción descarta que en la operación que tuvo lugar hace 11 años se cometiera un delito y que se engañara a los inversores sobre la situación económica del banco.
Esta causa, la segunda investigación que se abre por la actuación del Banco Popular (resuelto en junio de 2017), se inició en junio de 2022, tras la admisión a trámite de varias querellas de accionistas minoritarios y el grupo inmobiliario Cerquia contra el expresidente del banco Ángel Ron y el que fuera su número dos, Roberto Higuera, así como PwC, la consultora que auditó las cuentas de la entidad, por la presunta manipulación de los datos obrantes en el folleto de información sobre la ampliación de capital.
Informe clave
Entre las primeras diligencias, el juez instructor requirió a los expertos del Banco de España un análisis de dicho documento con el fin de aclarar si los datos contables recogidos en dicho documento ofrecían una imagen fiel de la entidad y si los accionistas que compraron acciones sufrieron perjuicios económicos. La respuesta de los inspectores llegó el pasado julio, en un informe que calificó la ampliación de capital de “buena inversión”, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los tres años siguientes.
El informe pericial recordó que Banco Popular llevó a cabo dicha actuación para ejecutar la orden del Banco de España y los denominados decretos Guindos de saneamiento financiero –bautizados así por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos–, a través de los cuales se requirió incrementar significativamente las coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria. A ello se sumaron los test de estrés, realizados por Oliver Wyman, que revelaron que la entidad resuelta tenía un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario adverso, que deberían ser cubiertos antes de junio de 2013 si se quería evitar la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El escrito de la Fiscalía, con fecha del pasado 25 de septiembre, recoge todas estas conclusiones y subraya que la ampliación de capital investigada “se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes Estado a adoptar medidas que paliaran la situación”. En el caso España, añade Anticorrupción, “consistieron en implementar estrictas medidas en el sector bancario, introducidas a través de diferentes formas, como la de someter a las entidades a una serie de pruebas para determinar cómo podrían reaccionar a escenarios adversos o mediante reales decretos-ley” para lograr que las entidades bancarias incrementara los requerimientos de solvencia.
“Conforme a la legislación vigente”
En este sentido, la fiscal Dorremochea tiene en cuenta que la ampliación de capital responde a la decisión de Banco Popular (que había adquirido el Banco Pastor) de cumplir con los requerimientos con sus propios medios sin recurrir a las ayudas públicas y subraya que “la cual se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes”.
Asimismo, apunta que la operación se efectuó “conforme a la normativa pendiente y presentado la información legalmente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma”, pues en ella se incluyeron datos relativos a “pérdidas de 2.300 millones de euros y reconociéndose unas reclasificaciones a dudoso de 9.436 millones de euros”. Lo que no se indicó fue la reclasificación a dudoso de casi 3.920 millones de euros, que sí lo fueron en 2013, si bien para la Fiscalía esta omisión no es “suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad”.
Según indica el escrito, no se puede acreditar que no incluir esa información en las cuentas del ejercicio de 2012 tuviera la intención de “engañar a los posibles compradores, teniendo en cuenta que en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas”. Por otro lado, un informe de auditoría independiente, elaborado por Deloitte, afirmó que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señaló el Banco de España, señala también la Fiscalía.
Con todo ello, Anticorrupción concluye que la investigación por la ampliación de capital de 2012 tiene que ser cerrada y archivada.
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