Los peritos del Banco de España alertan de que las cuentas del Popular “no cumplían” con la normativa desde 2011
El informe pericial sobre la ampliación de capital de 2012 cuantificaba entonces en casi 3.000 millones las provisiones pendientes de realizar
El eco de la crisis del Banco Popular todavía resuena. Y puede tener nuevas consecuencias. Este lunes la Audiencia Nacional propuso juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron y a otros 12 exdirectivos porque considera que los estados financieros de 2016 y 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. Una situación contable discutible que se remonta, al menos, hasta los años más duros de la Gran Recesión. “Las cuentas anuales de Banco Popular de 2011 y 2012 no cumplían, en nuestra opinión, con el marco contable del Banco de España”, aseguraban los peritos en su informe para la Audiencia sobre la ampliación de capital de 2012, fechado el pasado 25 de julio.
Las dudas sobre el Popular, así como sobre el conjunto del sector financiero español (principalmente las cajas de ahorros), planeaban desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. El retroceso del mercado de la vivienda, unida a una exposición excesiva al ladrillo, dejaba a la banca en una situación delicada. La incertidumbre se trasladó al seno de las entidades y a la propia labor de supervisión, que iba con pies de plomo. Cualquier paso en falso podía ser letal para las entidades en apuros.
Los peritos judiciales, que son inspectores del Banco de España aunque en ese momento trabajan solo para la Audiencia, utilizan para su documento los informes de seguimiento de aquellos años del supervisor, a los que ha tenido acceso este diario. En ellos se recoge que el Popular acumulaba unas provisiones pendientes de aplicar por 2.851 millones de euros a cierre de 2011. Una cifra notable, ya que suponía un tercio de su patrimonio neto. “Iba realizando parte de los saneamientos cada año, pero es evidente que no de manera suficiente como para compensar los incrementos por los nuevos ajustes que se iban produciendo”, incide el informe pericial.
Esta situación se explica por dos motivos principales. Por un lado, el lastre que arrastraba la entidad desde 2008, primer ejercicio en el que el Banco de España cuantificó estos deterioros en 2.071 millones. Y, por otro, el empeoramiento del contexto y la morosidad hizo que esta cifra no parase de crecer. Sin embargo, el supervisor no requirió formalmente subsanar esta situación hasta 2013, después de la ampliación de capital y los decretos Guindos.
Falta de información
“Una incorrecta clasificación de los riesgos afectaría a la capacidad de los usuarios de la información financiera de valorar correctamente la suficiencia de las coberturas de esos riesgos, lo que podría influir en sus procesos de toma de decisiones de inversión”, criticaban los inspectores del supervisor sobre la información conocida pero no pública ya antes de la ampliación de capital de 2012.
A esto, añade el informe pericial que el Popular contaba con información que debía haber pormenorizado a los inversores. “Banco Popular podría haber dado al mercado muchos más detalles sobre el origen de las dotaciones y la previsible evolución de los resultados. Por ejemplo, no se mencionó que parte de las dotaciones traían causa de revisiones de Banco de España”, sostiene el texto. Pese a ello, los peritos consideran en su documento que dicha ampliación de capital fue un éxito: “La documentación aportada al mercado por Banco Popular con motivo de la ampliación de capital, y la información contenida en ellos, se ajustó a lo requerido por la normativa y cumplía con los requisitos mínimos legales, reflejando, en nuestra opinión, la imagen fiel de la entidad”.
Por tanto, el grupo pudo repartir las provisiones pendientes entre ese ejercicio y el siguiente porque el Banco de España no se las requirió oficialmente hasta marzo de 2013. Es decir, solo a partir de esa fecha era legalmente exigible. “Desde un punto de vista puramente legal, el posponer 1.700 millones de euros de dotaciones a 2013 no era realmente un incumplimiento en la constitución de dichas provisiones”, zanjan los peritos.
Turbulencias financieras
La crisis interna del Popular tiene su origen al inicio de la crisis inmobiliaria y se agravó en aquellos años de turbulencias financieras. Pese a ello, se trató de minimizar y acotar el problema a las cajas de ahorros. Así lo afea ahora el juez Calama, en referencia a la ampliación de 2016, cuando dice que había una información financiera “conscientemente alterada”. Diversas fuentes financieras cuestionan todo el proceso, desde el origen: “No se puede poner dinero bueno sobre dinero malo y eso es lo que se hizo. Se utilizó a los nuevos inversores para tapar el agujero anterior”, critican.
El supervisor, a preguntas de este diario, no hace comentarios. “El tema está en manos del juez y los peritos, en ese momento, trabajan para la autoridad judicial y no para el Banco de España”. Aunque el documento es tajante sobre la ausencia de petición oficial para cerrar el agujero de provisiones. “Nunca se sabrá qué habría sido mejor, pero debía haberlo solicitado antes”, sostienen otras fuentes del sector.
Sobre el auto del juez Calama acerca de la ampliación de 2016, el caso salpica también a PwC, ya que auditó las cuentas y no indicó ninguna salvedad. Queda fuera de las pesquisas el Banco de España. Al menos por el momento, ya que los pequeños accionistas del Popular afectados por la ampliación de capital de 2012 han solicitado a la Audiencia que declaren como testigos el que fuera gobernador del supervisor en aquella época, Luis María Linde; el director del grupo de inspección permanente del Popular, Francisco Monzón; la actual subgobernadora y entonces coordinadora ejecutiva del grupo de inspección del Popular, Margarita Delgado, y Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea, entre otros.
La petición de que declare la subgobernadora y Monzón se debe a que fueron los responsables del visto bueno y la no oposición del Banco de España a la ampliación de capital de 2012 sin reclamar antes las provisiones pendientes. “El Banco de España no tiene objeciones a la ampliación del capital social de hasta 2.500 millones de importe total”, firmaron Delgado y Monzón el 2 de noviembre de 2012.
Por otro lado, se reclama la presencia de Almunia por unas declaraciones que realizó en el Ministerio de Economía años más tarde: “En 2012 y 2013 se nos escapó una entidad financiera, se nos escapó Banco Popular, quizás no nos hubiera pasado con un supervisor único”. Una crítica sobre la falta de información que tenía Bruselas al respecto, según diversas fuentes financieras.
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