Los peritos judiciales del Banco de España insisten ante el juez que la ampliación de 2012 del Popular fue un “éxito”
Los inspectores designados por la Audiencia Nacional para analizar la operación ratifican las conclusiones que motivaron el archivo de la causa
Los inspectores del Banco de España designados por la Audiencia Nacional para analizar la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en 2012 han ratificado en sede judicial que esta operación fue un “éxito” y una “buena inversión” para los que participaron. Los peritos han comparecido este martes ante el juez instructor Santiago Pedraz para explicar las conclusiones de un informe que ha sido clave en el desarrollo de esta causa, en la que están investigados el expresidente de la entidad Ángel Ron, el que fuera consejero delegado Roberto Higuera, así como PwC, la consultora que auditó las cuentas de la entidad. En base a estas conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción pidió el archivo de la causa y así lo acordó el magistrado instructor el pasado mes de noviembre, si bien la investigación tuvo que se reabierta, a mediados de enero, para, precisamente, interrogar a estos expertos del órgano supervisor.
Según han informado fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, los inspectores Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete han reiterado las afirmaciones que plasmaron en dicho análisis de más de 200 páginas, con fecha del 25 de julio de 2023, en el que subrayaron que la ampliación de capital se produjo en plena crisis económica e inmobiliaria. En este sentido, los peritos apuntaron en el informe que la operación fue la opción elegida por Banco Popular para ejecutar la orden del Banco de España y los denominados decretos Guindos –bautizados así por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos– de saneamiento financiero, a través de los cuales se requirió incrementar significativamente las coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria.
Además, los inspectores recordaron que los test de estrés realizados por la auditora Oliver Wyman a la banca española revelaron que la entidad resuelta en junio de 2017 tenía un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario adverso, un importe que debía ser cubierto antes de junio de 2013 si quería evitar la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su capital, lo que implicaría la pérdida total de independencia.
Para que no tuviera lugar dicha intervención y cumplir las exigencias de solvencia, el banco entonces dirigido por Ángel Ron diseñó un plan de de recapitalización, en el que participó el propio consejo de administración, suscribiendo el 20% del total de la ampliación, explicaron los peritos en su informe, que ha sido objeto de revisión este martes en la Audiencia Nacional.
Con todo ello, los expertos del Banco de España concluyeron que, aunque el plan implicaba reconocer pérdidas de unos 2.3000 millones de euros en 2012, la ampliación de capital de 2.500 millones de euros fue una “buena inversión”, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los tres años siguientes. “La ejecución de ampliación de capital fue un éxito, cubriéndose el importe por completo en el plazo establecido, y los objetivos de solvencia y cobertura de riesgos previstos fueron razonablemente conseguidos. Asimismo, la reacción del mercado parece que fue positiva, a juzgar por la buena evolución en bolsa de los años siguientes de la ampliación”, destaca el informe.
De este modo, los inspectores respondieron a la pregunta del juez instructor, que había requerido dicho análisis un año antes tras la admisión a trámite de varias querellas, de si los inversores fueron perjudicados con la ampliación de capital y si el folleto de información de la ampliación de capital contenía datos falsos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó el sobreseimiento de la causa al no ver indicios de que el Popular engañara a los inversores, siguiendo así el criterio de Anticorrupción, que resaltó que la entidad buscó aumentar los recursos financieros con sus propios medios, sin recurrir a las ayudas públicas y “conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes”.
La Sala de lo Penal no cuestionó la decisión de archivo en sí, sino el hecho de dar carpetazo al asunto sin haber interrogado a los autores del informe. Según explicó esta instancia superior, en un auto con fecha del pasado 15 de enero, el juez instructor debió haber citado a declarar a los peritos con el objetivo de que todas las partes personadas pudieran someter las conclusiones del documento a “contradicción”. Así, los magistrados estimaron parcialmente el recurso que presentó el grupo de accionistas minoritarios que presentaron una querella por estos hechos. Ahora, el magistrado Pedraz deberá decidir si ordena la práctica de nuevas diligencias o si vuelve a acordar el archivo del caso.
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